Gentiloni pide retomar examen ley que da nacionalidad a hijos de extranjeros
El primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, dijo que carece de apoyos suficientes para aprobar el proyecto de ley que reconoce la nacionalidad a los hijos de inmigrantes, el «Ius soli», y defendió su necesidad para el futuro.
«La simple verdad es que no tenemos los números para hacer aprobar esta ley (en el Senado). No lo hemos logrado. No había dudas sobre su contenido sino certezas sobre la falta de números», dijo en la rueda de prensa de fin de año, la última de la legislatura.
Preguntado sobre la razón por la que no han tratado de someter este proyecto a votación, consideró que «el mejor modo para archivarla durante años era hacerla fracasar».
Gentiloni llamó a retomar su tramitación en la futura legislatura pues, dijo, «el futuro se juega sobre nuestra capacidad de no excluir o rechazar» a los hijos de inmigrantes nacidos en el país.
«Quien siembra exclusión recoge odio. Hay un interés en términos de seguridad, no solo por avanzar en un principio», defendió.
El proyecto de ley para introducir el «Ius Solis» (derecho de suelo) es una de las normas más polémicas del último año ya que pretendía conceder la nacionalidad a cerca 800.000 niños nacidos en el país de padres extranjeros.
La ley, que fue aprobada en la Cámara de los Diputados (Baja) en 2015, preveía que para que los nacidos en el país obtengan la nacionalidad italiana es necesario que uno de los dos padres tenga un permiso de residencia indefinido.
Además, el proyecto de ley introducía la llamada «ius culturae» (derecho cultural) que da la posibilidad de conseguir la nacionalidad italiana a los niños extranjeros menores de 12 años y que han ido al colegio durante al menos cinco años consecutivos.
Para los niños que han llegado a Italia después de los 12 años, la norma preveía que se hayan acumulado seis años de residencia en el país y la asistencia al menos a un ciclo escolar.
Pero mientras que en la Cámara de los diputados el PD tiene mayoría, en el Senado tiene que contar con los votos de sus aliados en la coalición gubernamental, quienes dejaron claro que no votarían la ley.
