En defensa de Antonio José Garbi González (I)
Como preso político, Antonio Garbi “se encuentra privado de libertad por hechos que no cometió”, aunque suene trillado es una verdad incuestionable resultante del análisis del Expediente Nro. GP01-P-2014-009142 del Tribunal Tercero de Control del Estado Carabobo; por tanto, es víctima de la aplicación de principios del “derecho penal enemigo” ya superados y de la omisión del Principio de Culpabilidad según las actuaciones de cada quien, circunstancias estas últimas que dieron lugar al “enjuiciamiento a manera de chivo expiatorio de un individuo no responsable penalmente”: ANTONIO JOSÉ GARBI GONZALEZ. Advierto, sobre este y otros casos similares daré una opinión meramente personal, nada profesional, menos objetiva, pues es motivada por un sentimiento de solidaridad, respeto y estima personal.
José Antonio, joven estudiante y empresario, desciende de hombres nobles y valerosos, una familia de “personas luchadoras por conquistar las libertades de este país”, su Tatarabuelo, General José Garbi Mariani, fue acribillado al no rendirse en la Batalla de Tovar, el 6 de Agosto de 1899, ante los soldados de Cipriano Castro que venía invadiendo Venezuela en contra del gobierno de Ignacio Andrade; el Bisabuelo, Don Amadeo Garbi, es el autor de la letra del Himno del Estado Apure; su abuelo General José (Pepito) Garbi Sánchez, fue fundador de la Guardia Nacional en esa entidad llanera, estuvo preso en las mazmorras del Castillo de Puerto Cabello por haberse alzado en armas en contra de Juan Vicente Gómez, hay un libro de su autoría “Alzamientos, Cárceles y Experiencias”, y el papá, Antonio José Garbi Fernández, fundador de la Asociación de Ganaderos de Apure, está secuestrado desde el 28 de Marzo de 2007, un fuerte indicio de una ojeriza que se prolongó en su hijo.
En las manifestaciones denominadas “Guarimbas”, en el Sector Mañongo de Valencia, el 12 marzo de 2014, Antonio Garbi habría dado muerte de un disparo a un oficial de la Guardia Nacional, así lo determinó el Ministerio Público, calificándolo de homicida y generando un proceso judicial lleno de incoherencias e ilegalidades. Ese es el hecho, veamos ahora algunas incoherencias: en junio de 2015, Rodríguez Torres, el mismo que ahora pide rectitud al gobierno, anunció que tenían identificados a los autores materiales, pero no es sino justo un año después, el 3 de junio de 2015, que un grupo de más de 30 funcionarios del CICPC detiene a Antonio José en casa de su mamá, Carmen González, estaba allí de reposo a causa de un accidente laboral, porque durante ese año además de sus estudios se ocupó en sacar adelante una empresa fundada por él. Contaba para ese entonces 24 años.
Esos operativos de aprehensión con numerosos funcionarios sólo sirven para algo, para ponerle la etiqueta de delincuente, en este caso, de homicida, a un inocente: Antonio José Garbi Fernández. El Ministerio Público, el de la infame Luisa Ortega Díaz de Ferrer, se equivocó al acusarlo, prácticamente lo exculparon, sabían que en su caso procedía el sobreseimiento de la causa, pero no, más pudo la orden de arriba, corrigieron el error y lo volvieron a acusar. Dos acusaciones por una, “sin valorar la verdad y la justicia”. La Audiencia Preliminar, celebrada tardíamente, sirvió para confirmar las sospechas de que no existían elementos de convicción que lo relacionarán con el hecho, a sabiendas de ello, el Juez Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, Toredit Alfredo Rojas Acevedo y los fiscales 86° Nacional, Víctor González; 10° regional, Héctor Pimentel, y su auxiliar, Eliezer Miguel Guacuto, le ratificaron la privativa de libertad a un NO CULPABLE.
Ese resultado se correspondía con la acción desarrollada por un Sistema Judicial sin autonomía y estructuralmente corrupto, pues se trataba de una medida ejemplarizante para todos “los guarimberos”, una perniciosa advertencia que el Magistrado Juan Luis Ibarra Verenzuela se encargó de develar el 13 de Octubre de 2016, radicando el caso en el Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, originalmente pidieron radicarlo en Caracas, pero él maliciosamente se lo llevó para su zona de confort, de donde salió, vía exprés, al TSJ, por sus buenos oficios en la llamada “Guillotina Judicial de Venezuela”, más que un Palacio de Justicia, un antro de delincuentes expertos en “linchamientos judiciales”. La finalidad de esa radicación fue afianzar la etiqueta de homicida impuesta a Antonio José, violándole la presunción de inocencia y su derecho a legítima defensa.
El Foro Penal, especialmente el Dr. Luis Armando Betancourt, demuestra fehacientemente que todos los elementos de convicción “en nada presentan fundamento en contra de ANTONIO GARBI”, por ejemplo, las entrevistas sirvieron “para determinar que los hechos ocurrieron pero NO PARA IDENTIFICAR AL AUTOR O AUTORES DE LOS HECHOS”, de esto nos ocuparemos en una próxima entrega. Un dato curioso, hasta el Magistrado Ibarra Verenzuela afirma que ese 12 marzo de 2014 hubo “fuego cruzado” en Mañongo, así, literalmente, “FUEGO CRUZADO”, sin precisarse quiénes eran los dos bandos que se caían a plomo, bajo ese dictamen y desde la óptica militar de un alto oficial cuya opinión pedí al respecto, fue “un suicidio” bajar de una tanqueta a efectivos militares provistos sólo de escopetas con perdigones en ese lugar, “la munición letal se enfrenta con munición letal” aclaró y tras leer la descripción de los hechos, fue contundente, “El que comandó esa operación es un incapaz, falto de preparación y entrenamiento. Es un LAZIO”.
Por la pésima combinatoria de constituyentes sintácticos apreciada en la descripción de los hechos, como reflejo del pobre razonamiento lógico de los fiscales acusadores, es posible afirmar que forman parte del grupo que la misma Luis Ortega Díaz Ferrer denunció recientemente “por acusar a inocentes sin pruebas”.
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