Fiscalía exige que primos Flores paguen multa entre 50 mil y 10 millones de dólares
Por Maibort Petit
@maibortpetit
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó a la Corte que imponga una multa de entre 50 mil a 10 millones dólares a los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, acusados de delitos de narcotráfico. Igualmente, pidió que la sentencia sea como mínimo 30 años de cárcel y una máxima de cadena perpetua.
En el documento, el fiscal Joon H. Kim señala que de acuerdo a los factores que apoyan la sentencia para ambos acusados «las penas no pueden ser menores a los 30 años de encarcelamiento los dos hombres».
Explica que la naturaleza y las circunstancias del delito son extremadamente graves y que la ley debe imponer una sentencia apropiada que refleje la seriedad de la ofensa.
Los acusados trataron de confiar en su poder político e impunidad para importar grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos en un esfuerzo por hacer 20 millones de dólares que serían utilizados en parte para financiar la campaña de Cilia Flores para la Asamblea Nacional venezolana y prolongar el control de su familia de Venezuela, dice el documento.
Citan las declaraciones de Campo quien afirmó repetidamente que el objetivo de la conspiración era obtener 20 millones de dólares para pagar la campaña de su mamá, la primera dama Cilia Flores, con la finalidad de que esta ganara las elecciones de la Asamblea Nacional y así tener varios lugares con poder.
La Fiscalía de EEUU descarta que la declaración de Campo en ese sentido no fue una fanfarronada. «En la reunión del 26 de octubre de 2015 en Caracas, Campo explicó en detalle al informante de la DEA que necesitaba esa cantidad de dinero para el mes de diciembre de 2015». Campo indicó que «cada uno de los estados de Venezuela estaba dividido en parroquias con un líder» que, por ejemplo,»nos hace un compromiso de conseguir cuatro mil votos».
Reseña el informe lo dicho por Campo en ese entonces «cada voto me cuesta cien dólares, por ejemplo».
La fiscalía señala que ese caso demuestra el objetivo políticamente y corrupto de los esfuerzos del narcotráfico de los acusados -particularmente- a la luz de la conducta de la administración actual en Venezuela y de las condiciones allí existentes. «Esa es una consideración agravante significativa asociada con la ofensa de los acusados».
Explica que en la búsqueda de su objetivo de hacer 20 millones de dólares importando grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos, los acusados confiaron en guardaespaldas armados, en sus conexiones corruptas con la policía, y desarrollaron una conexión real con la organización terrorista FARC, solicitaron sobornos de varios millones de dólares para liberar a los narcotraficantes encarcelados Juan Carlos Araujo Durán y Hermágoras Polanco.
Añade la fiscalía que Campo y Flores «como mínimo, toleraron actos de violencia por parte de sus asociados de narcotraficantes, incluido un brutal asesinato».
Si los acusados eran «novatos» -tal como sus abogados los describen- la matanza ocurrida a mediados del verano de 2015 seguramente les habría llevado a abandonar sus negocios de narcotráfico como un medio para mantener el control político de su familia en Venezuela y para enriquecerse. «Pero no lo hicieron. Todo lo contrario, durante agosto de 2015, los acusados negociaron con Pepe y la Organización Sombrero para enviar grandes cantidades de cocaína a los narcotraficantes mexicanos».
Campo también describió una situación anterior en la que los acusados pagaron «una gran suma de dinero» por adelantado para la elección de una Asamblea Constituyente, pero en la medida que pagaron dichos sobornos algunos los habían defraudado. Esta experiencia llevó a Campo a concluir que era mejor «esperar a que se celebrara la elección» antes de pagar sobornos destinados a asegurar la victoria.
El informe de la Fiscalía también destaca que las declaraciones de Campo -donde éste asegura que sus conexiones para facilitar el narcotráfico- era semejante a «tener oro en nuestras manos».
Asimismo dice que Campo y Flores -insatisfechos con su falta de progreso con la Organización Sombrero- se dirigieron rápidamente a El Sentado, y en última instancia a los informantes de la DEA, en su esfuerzo por alcanzar su meta de 20 millones de dólares.
-Fue el objetivo financiero lo que impulsó a los dos acusados a tratar de importar la cantidad de drogas pautadas en las negociaciones.
Si el objeto de la conspiración hubiera involucrado sólo 800 kilogramos de cocaína, sin ninguna de las otras consideraciones agravantes, las Directrices de las Sentencias recomendarían una pena de 235 a 293 meses de prisión al nivel 38. Sin embargo, el delito incluía características adicionales, como armas, amenazas de violencia, intentos de soborno y una corrupción política impresionante, dice el informe del fiscal.
Agrega que el personal experimentado en la Oficina de Libertad Condicional ha evaluado la naturaleza y la gravedad del delito, a la luz de los numerosos casos de tráfico de drogas que ven en el Distrito de Nueva York, y concluyó que las penas de cadena perpetua son apropiadas para el caso de Campo Flores y Flores de Freitas.
La fiscalía cita los artículos de la ley que abogan fuertemente por términos sustanciales de encarcelamiento, destacando que la «historia y características» de los acusados también merecen sentencias sustanciales.
– Los demandados no han mostrado remordimientos y no han aceptado ninguna responsabilidad. Son hombres ricos, titulados y adultos que se vistieron con una espesa capa de impunidad en Venezuela antes de su detención.
Dice que Flores de Freitas dijo al co-acusado Roberto de Jesús Soto García y a otros hombres en Honduras, que se aprovechaba de sus conexiones políticas para hacer dinero. Su descripción es totalmente consistente con los esfuerzos de los acusados por aprovechar su relación con su primo, Carlos Erick Malpica-Flores, para extraer sobornos de los deudores de PDVSA.
Señala el informe que los acusados también mintieron a la Corte durante las mociones antes del juicio «en un esfuerzo por escapar de la justicia», y trataron de inducir a error a la Oficina de Libertad Condicional para hacerles creer que eran sólo ciudadanos modestos, de clase media, trabajadores.
En este sentido la Fiscalía cita el informe previo a la sentencia de la Oficina de Libertad Condicional en la que Campo Flores informó a esa instancia que pertenecía a una familia de clase media, sin embargo, el acusado parecer ser de una familia muy rica en Venezuela con poderosas conexiones políticas, añade la Fiscalía.
En guerra con EEUU
Antes de su detención, los acusados declararon que estaban en «guerra» con Estados Unidos, aparentemente basados en la creencia de que la «oposición» en Venezuela estaba «recibiendo una infusión de mucho dinero» de este país.
Los acusados también se jactaron de los abusos de los derechos humanos de su familia con respecto a esa oposición política. Por ejemplo, en respuesta a una pregunta acerca de la oposición al gobierno venezolano, Flores explicó que «todos ellos han muerto» y en referencia a Leopoldo López dijo que estaba «encerrado» y que era estúpido. Además aseguró que «cualquier candidato contrario al Gobierno que sale y comienza a convertirse en una plaga se acaba . . tres o cuatro ya han sido encerrados».
El informe cita además que el 26 de octubre de 2015, Campo dijo a CS-1 y CS-2 que los acusados estaban motivados a hacer buenas acciones en sus vidas basadas principalmente en la esperanza de que recibirían una bendición espiritual que les permitiría evitar cargas de drogas fallidas y las interdicciones de aplicación de la ley. Campo explicó que podía garantizar con «noventa y nueve por ciento» la certeza de que las cargas de drogas serían despachadas con éxito desde Venezuela.
La fiscalía dijo que Campo Flores trató de apelar a la religión cuando expresó ante los agentes de la oficina de Libertad Condicional que «a título personal, creamos un hospital, construimos una escuela, una casa aquí» con la esperanza de que los acusados sean perdonados por sus crímenes, al menos como un asunto religioso porque «ayudaron como treinta mil personas «.
Se mueven por la codicia
-Estos comentarios confirman que los acusados son egocéntricos, criminales moralmente en quiebra motivados en casi todos los aspectos no por ética, el altruismo o el deber cívico, sino más bien por la codicia. En consecuencia, las características personales de los acusados justifican un castigo adicional en lugar de una indulgencia.
La fiscalía pide una sentencia justa a los crímenes para promover el respeto a la ley. «Se debe ofrecer una sanción justa por el delito y así disuadir adecuadamente y proteger al público» advierte el fiscal al pedir la imposición de una pena de prisión sustancial por cada acusado.
En el documento se destaca que los acusados no han mostrado respeto por la ley en los Estados Unidos ni en Venezuela. Tampoco hay razón para creer que abandonarán su «guerra» con los Estados Unidos después de cumplir con sus sentencias. Además, si los acusados regresan al crimen, Venezuela no extraditará ni siquiera a los más ordinarios de sus ciudadanos, mucho menos a estos hombres, para hacer frente a nuevos cargos.
-La creencia expresada por Flores de Freitas de que la «DEA no está aquí» en Venezuela deja claro su seguridad de poder cometer crímenes con impunidad y su capacidad de contar con suficientes recursos y autoridad para evitar que las personas envíen grandes cantidades de cocaína a los EEUU.
La fiscalía aseguró que hay que evitar que sigan importando drogas a los EEUU. «El programa de radar robusto en la vecina Colombia, deja claro que una de las principales formas en que la cocaína sudamericana es despachada hacia los Estados Unidos es a través de vuelos que salen de Venezuela».
Dice el informe que el apoyo estructural y logístico a estas actividades, proporcionado por funcionarios políticos y sus asociados o parientes, como los acusados, es una de las formas más difíciles de interceptar y de disuadir el tráfico de drogas. «Varios funcionarios venezolanos se enfrentan actualmente a cargos de narcotráfico y otras sanciones en los Estados Unidos basados en este tipo de actividades, pero siguen protegidos por la política fronteriza y de extradición».
El informe destaca que los desafíos de disuadir e incapacitar a criminales que perjudican a los Estados Unidos y a sus intereses a través del tráfico de drogas a gran escala desde fuera de nuestras fronteras son aún mayores con respecto a individuos políticamente conectados y poderosos como Campo Flores y Flores de Freitas. En pocas palabras, es extraordinariamente difícil investigar, arrestar, extraditar y condenar a estos tipos de criminales corruptos, argumenta la Fiscalía.
Citan los casos de Néstor Luis Reverol Torres, Hugo Armando Carvajal-Barrios, Tareck El Aissami, Samark López Bello, entre otros que han sido acusados pero que no han sido tocados por la ley.
En el caso de Flores y Campos es crucial que las sentencias demuestren que en el sistema de justicia de los Estados Unidos se producirán consecuencias sumamente significativas para las personas que se comportan de esta manera y son capturadas.
Un ejemplo la sentencia de Fabio Lobo
El fiscal destaca en esta parte del informe la sentencia dada a Fabio Lobo, hijo del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa. «El 5 de septiembre de 2017, el juez Schofield envió el mensaje correcto a otro narcotraficante corrupto y político, imponiendo una sentencia de 24 años y una multa de 50 mil dólares a Fabio Lobo, hijo del ex presidente de Honduras».
Dice que Lobo fue declarado culpable de participar en una conspiración para importar grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos, basándose en el apoyo logístico y la protección que proporcionó a importantes narcotraficantes hondureños, incluso mientras su padre era presidente del país .
El caso de Lobo -destaca- fue otro caso en el que, como lo han subrayado frecuentemente los acusados, no se incautaron drogas ni armas, sin embargo, después de una audiencia de Fatico, el Juez Schofield concluyó que el rango de las Guías de Lobo era de 360 meses de prisión perpetua, y la Oficina de Libertad Condicional recomendó una sentencia de 25 años.
Dijo que en el caso Lobo el tribunal consultó información de la Comisión de Sentencia y concluyó que los acusados con un «perfil de pauta de penas similares» en todo el país reciben, en promedio, penas de 24,5 años de prisión.
La corte también enfatizó que uno de los factores bajo consideración era la disuasión general, es decir, la necesidad de «disuadir a otros que podrían ser como usted (Fabio Lobo) y que verían cuáles son las consecuencias de acciones como las que Usted ha tomado».
El juez Schofield razonó entonces: El hecho más condenatorio en su trasfondo y en su participación en esto es «que Usted era el hijo del presidente en funciones de Honduras, y usó sus conexiones, su reputación en su red política para intentar corromper aún más y establecer conexiones entre narcotraficantes y funcionarios del gobierno hondureño. Y éstos incluían no sólo funcionarios humildes, como los aduaneros y el personal militar y policial, sino también funcionarios de alto nivel. En resumen, lo que distingue a su caso de tantos es que usted facilitó un fuerte apoyo gubernamental a una gran organización de tráfico de drogas para múltiples elementos del gobierno hondureño, y se enriqueció en el proceso».
La juez continuó: «El punto es que realmente usted abusó de lo que usted era y de los beneficios y ventajas que tenía para promover este crimen. . . . si era de cuatro toneladas [de cocaína], si era media tonelada, el hecho más pesado que pasa por mi mente fue el abuso de su posición y del privilegio que usted disfrutó para cometer el delito».
Aunque cada caso es único y hay algunas diferencias entre la conducta delictiva de los acusados y el delito de Lobo, hay que destacar que Lobo se declaró culpable en lugar de proceder a juicio y no intentó obstruir la justicia como lo hicieron los dos acusados.
Lo que es más importante, entre los casos, es que Campo y Flores, son dos hombres privilegiados apalancados corruptamente en el poder derivado de sus conexiones familiares con los funcionarios políticos de más alto rango de sus respectivos países para apoyar a los narcotraficantes y enriquecerse.
_ Los esfuerzos de los acusados para hacerlo son aún más flagrantes que los de Fabio Lobo, porque los acusados tenían el objetivo adicional de usar el producto de las drogas para prolongar el control político de su familia en Venezuela, mediante la financiación de al menos una campaña política de Cilia Flores. Este tipo de conducta permite que el tráfico de drogas a gran escala florezca en toda la región de las Américas y en México y conduce a los tipos de violencia reflejados en los mensajes de texto de los acusados y lo que el abogado defensor describió al jurado como una práctica del cártel de Sinaloa, desfigurando los cuerpos con ácido para hacer más difícil que las autoridades identifiquen a sus víctimas.
La fiscalía dice que en el caso de Campo y Flores se justifican condenas sustanciales basadas en la necesidad de promover la disuasión general de este tipo -particularmente nocivo- de tráfico de drogas políticamente vinculado a funcionarios y sus asociados que, de otra manera, actuarían con impunidad en sus propios países.
Dice que lo alegado por Campo y Flores en sus presentaciones a las sentencias no merece clemencia.
El Gobierno de los EEUU rechaza el hecho que los acusados se aferren a su afirmación de que no eran «capaces de poseer las cantidades de drogas que están impulsando las Directrices, mientras que la evidencia demuestra lo contrario.
-Campo le dijo a CS-1 que los acusados tenían acceso a un proveedor que podía proporcionar cocaína por «palas» cuando describió su conexión con un funcionario de las FARC y admitió a la DEA que el Gocho tenía las drogas en la mano para el 15 de noviembre el envío».
«Este argumento presentado por la defensa debe ser rápidamente rechazado» dice el fiscal. Asimismo, recuerda que los récords han demostrado que los acusados no eran «aficionados inexpertos» y que la Corte encontró que Campo y Flores no ofrecieron «pruebas» en el juicio que la DEA les indujo a cometer el delito.
Igualmente destacó la fiscalía que los acusados tenían conexiones directas con las FARC «que era la fuente de suministro de cocaína».
El gobierno argumenta -además- que las directrices se basan en las palabras y acciones de los acusados. «Ni la DEA ni sus informantes han inflado artificialmente las cantidades de drogas que los acusados querían importar a los Estados Unidos porque los acusados casi inmediatamente declararon su intención de hacer 20 millones de dólares a través del esfuerzo».
-Antes de su detención, los acusados probablemente se habrían sentido decepcionados, más que manipulados, si los informantes o co-conspiradores les dijeran que su empresa implicaría sólo una mera 800 kilogramos de cocaína. Eso es porque 800 kilogramos no habrían hecho que los acusados ganaran los 20 millones de dólares que buscaban para ayudar a mantener el control político de su familia sobre Venezuela.
La fiscalía agrega que el expediente de sentencia establece que los acusados estaban dispuestos a -y en algunos casos lo hicieron- a utilizar casi cualquier medio necesario para perseguir esa meta, incluyendo sobornos, armas y violencia.
El el informe también se dice que los acusados tienen riquezas en Venezuela, y citan una conversación que tuvo Flores en agosto de 2015 con Pepe a quien dice lo siguiente: «Necesito vender un ferrari que tengo en algún lugar.»
La Fiscalía dice que la posesión de tal vehículo no es indicativa de circunstancias «empobrecidas», particularmente en relación con las condiciones actuales de la economía en Venezuela.
-Y el deseo de Flores de vender el activo (Ferrari) se basó en el interés de los demandados en comprar un avión para usar para enviar grandes cargas de cocaína en lugar de necesidad financiera. Flores explicó a Pepe que él y su primo estaban «esperando para comprar un avión tan pronto como podamos» y le envió a Pepe una fotografía de un Learjet.
En ese sentido, la Fiscalía sostiene que la capacidad de Flores para pagar una multa se demuestra además por el hecho de que viajó en jet privado tres veces durante el crimen, (dos veces a Honduras y una vez a Haití).
En las comunicaciones electrónicas, los acusados indicaron que uno de esos viajes costó 20.000 dólares, «Campo le dijo a Gilson que Flores era el que tiene el dinero».
Campo también -repetidamente- alabó su riqueza.
El 26 de octubre de 2015, por ejemplo, dijo a CS-1 y CS-2 durante una reunión con Flores: «He estado haciendo este trabajo desde que tenía dieciocho años. Debido a Dios y a la Virgen hemos ganado dinero. Y desde que empezamos a ganar dinero, nos hemos vuelto llamativos . . . . nosotros tenemos Ferraris. . . . así que este nivel de comodidad que tengo aquí no va a desaparecer debido a un trato de diez millones de dólares. . . Porque hice diez millones con petróleo».
Durante la misma reunión, Campo dijo a los informantes: «Cuando empezamos a ganar dinero hace muchos años, fuimos cuidadosos y dijimos: ‘Bueno, invertimos en esto, invertimos en esto, e invertimos en eso’..Fue muy fácil para nosotros hacer dinero aquí en el país. . . porque trabajamos con cualquier cosa. Trabajamos con oro, trabajábamos con dulces [es decir, con drogas], trabajábamos con hierro, trabajábamos con cemento, pero [ya no] «.
La riqueza de los acusados »llegó a ser» en virtud de su corrupción y criminalidad, y se les debe exigir que paguen una multa consistente con la evidencia en lugar de sus declaraciones de autoservicio y no corroboradas a la Oficina de Libertad Condicional.
El fiscal rechazó la declaración de los abogados de Flores quienes indicaron que había tratado de obtener documentos financieros para el acusado sin éxito.
Campo describió la fuente de al menos algunas de las riquezas de él y de su primo durante una de las reuniones en Caracas. Dijo que había un «acuerdo» entre los miembros de la familia de los acusados y el funcionario venezolano Diosdado Cabello, que permitió a su familia «controlara el petróleo por completo» en Venezuela.
«Y se llegó a un acuerdo, digamos a puertas cerradas. Me dejas estas tres cosas y puedes controlar el petróleo completamente por ti mismo. Genial, porque si yo les doy esto (el petróleo), que era mi trabajo cuando Comandante Chávez (es decir, el ex presidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías, quien murió en marzo de 2013) estaba a cargo esto solía ser un trabajo compartido por todos. Desgraciadamente, cuando Chávez fallece -entonces- el petróleo quedó bajo nuestro control. ‘Bueno, si te doy esto, tú me das eso‘. Y dijimos: ‘Oh, bueno, los beneficios son básicamente los mismos, tal vez un poco más aquí que allí, o hay más que aquí, pero. . . no vamos a entrar en su parche‘. . . »
Reconociendo la evidencia de la inmensa riqueza material de los acusados, la defensa presentó una moción conjunta in limine para excluir dicha prueba en el juicio. En ese documento, los acusados se refirieron a la evidencia de sus teléfonos «que presentan a los demandados cerca de varios vehículos y propiedades», pero sugirió que su «riqueza» no era «inexplicable» y podría haber sido derivada de «una regalo o herencia o una de múltiples fuentes de ingresos legítimos».
Más adelante en esa presentación, los acusados argumentaron afirmativamente, (contrariamente a sus representaciones más recientes a la Oficina de Libertad Condicional), que «tienen múltiples fuentes de ingresos legítimos». El mismo registro que animó las preocupaciones de los acusados antes del juicio acerca de cómo el jurado vería su riqueza, muestra que sus abogados no pueden cumplir su carga de demostrar que los acusados no pueden pagar una multa.
En consecuencia, el Gobierno sostiene respetuosamente que la Corte debe imponer multas sustanciales en relación con la riqueza de los acusados y la gravedad de su conducta.
