Estado de Derecho y Estado del Derecho
Puede decirse que en un país se vive en situación de –estado de derecho– cuando el Estado se rige por un conjunto de normas, de mayor o menor jerarquía, que se han fijado a partir de la constitución misma del Estado. No hay Estado de Derecho cuando un país está sometido al capricho de una tiranía que no se rige por leyes ni otras normas prefijadas sino por la voluntad del tirano. En Venezuela, país que tradicionalmente se ha venido considerando como baluarte de la democracia en América Latina, se ha hecho ver que impera el Estado de Derecho –cosa ésta que se llega a poner en duda hoy en día. Y ese imperio del Estado de Derecho cuya vigencia se alega, se basa en el hecho de que la Nación venezolana, convertida en Estado, se rige por una Constitución, obra de un poder constituyente que no se discute, que contiene una serie de normas fundamentales, a las cuales están supeditadas las demás normas, desde las contenidas en las leyes orgánicas –las que tienen rango constitucional–, en las ordinarias, pasando por las normas expresadas en ordenanzas municipales, reglamentos de leyes, hasta llegar a las individualizadas, contenidas en resoluciones.
Pero el hecho de que en nuestro país se pretenda que vivimos en un Estado de Derecho –repito: cosa ésta que se llega a poner en duda hoy en día–, no significa que, entre nosotros esté bien el –estado del derecho–. En efecto, en Venezuela, desde hace mucho tiempo –y en los años recientes más que nunca– está en muy mal estado el derecho. El acatamiento a las normas, por el hecho mismo de que imponen conductas y actuaciones que deben ser respetadas necesariamente es algo que sólo se hace en contadas ocasiones. Y hay instancias de desacato en el propio Estado, a través de sus poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial., cuyos órganos abusan de poder, usurpan funciones, desconocen la vigencia de las normas. Hay desacato entre un número demasiado elevado de quienes forman el conjunto de residentes, nacionales y extranjeros, de nuestro país, quienes cumplen la ley sólo cuando sienten muy de cerca el poder coactivo del Estado –y a veces ni siquiera así, en alarmante acercamiento a condiciones de anomia y anarquía. Es conducta muy común entres quienes viven en Venezuela infringir las normas de derecho, desde las más elementales como pueden ser las de tránsito terrestre, hasta las que establecen deberes frente al Estado como el de prestar servicio militar, pagar los impuestos, o deberes hacia la familia como los son reconocer a los hijos, ocuparse de criarlos y educarlos y darle a la mujer el trato que merece como ser humano.
De hecho, somos los mismos abogados quienes estamos en la obligación, más que nadie, de hacer que se respete el derecho, los primeros en haber contribuido, algunos por indiferencia o por irresponsabilidad y otros por falta de ética, a que el derecho, esa ciencia normativa de la conducta en sociedad, haya recibido los más duros golpes que se pueda dar a una institución.
En la práctica de la profesión de abogado, en nuestros días, es cosa común que se busque el subterfugio, la picardía, el soborno, el cohecho para obtener un resultado favorable para el cliente, en los casos en que ello fuere conveniente para el abogado, ya que no son pocos los casos de abogados que buscan resultados desfavorables, si en ello obtienen provecho. Los jueces, abogados también, no siempre se esfuerzan en aplicar con justicia el derecho, sino que muchos de ellos deciden a veces por motivaciones ajenas al derecho, como pueden ser algunas de índole política y otras de provecho personal. Y ahora ha surgido otra modalidad: la de algunos jueces que se erigen en defensores de la moralidad y condenan, o absuelven, no en función del derecho, no en función de lo alegado y probado en autos sino porque consideran que hay que castigar a quienes no se ajusten a sus patrones éticos.
Los funcionarios públicos, salvo honrosas excepciones, son los primeros en dar duros golpes al maltrecho derecho, con abuso de poder, resoluciones sin basamento jurídico, desconocimiento de los deberes más elementales de quienes ejercen funciones públicas.
En momentos en que a Venezuela se le abre una oportunidad de rectificar rumbos, de hacer ajustes que nos conduzcan hacia el desarrollo democrático y la modernidad, de cumplir con una Agenda factible para el futuro, de tomar conciencia, de lograr que cada quien asuma la responsabilidad que le corresponda en la construcción de un país serio, es imprescindible que todos sepamos que existe algo que se llama el derecho y que está en muy mal estado. Hay que mejorar esa lamentable situación y eso no se logra sino cuando existe el convencimiento de que las normas es necesario acatarlas por el hecho mismo de que son normas y que no es aceptable que no se acaten pensando en que se puede burlar la sanción.
