Tarazona: Conatel bloquea canales pero deja abiertas emisoras del ELN
Para el director de la Fundación Redes y presidente del Colegio de Profesores de Venezuela en el Táchira, Javier Tarazona, el gobierno censura canales internacionales pero muestra «complacencia» con las emisoras de la guerrilla colombiana.
«El régimen busca aislar más a los venezolanos del mundo quitándonos acceso a canales de TV colombiana, pero además muestra una evidente complacencia con las emisoras que administran grupos guerrilleros colombianos, cuyas señales penetran el espacio radioeléctrico venezolano para adoctrinar a la población venezolana”, expresó mediante una nota de prensa.
Este pronunciamiento se produjo tras la salida de la parrilla de cableras por suscripción de los canales colombianos Caracol y RCN por orden de Conatel.
«Sorprende la complicidad con la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN), al permitir la penetración del espectro radioeléctrico de los estados fronterizos Táchira, Barinas y Apure, en Venezuela, a través de las emisoras Antorcha Estéreo 96.7 FM, Antorcha 90.1 FM y La Voz de la Libertad 95.5 FM”, dijo.
Recordó que las señales de tales frecuencias se escuchan a lo largo de la frontera, también en la zona sur del Táchira, incluso en la ciudad de San Cristóbal, y aseguró que son al menos tres las emisoras que invaden el espectro radioeléctrico, las cuales divulgan mensajes de adoctrinamiento para menores de edad, así como su abierta intención de reclutar niños y jóvenes.
Señaló que esta acción le hace suponer que el gobierno venezolano considera a la guerrilla como un frente de defensa de la revolución, agregando a esto el control del territorio limítrofe que han ganado en los últimos días.
El docente exigió a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) el bloqueo inmediato de las transmisiones de “Antorcha Estéreo” como de “La Voz de La Libertad”, recordando que sus esfuerzos por frenar la penetración radiofónica del ELN en el Táchira se mantienen desde el año 2012; se han realizado denuncias ante diversos organismos entre los que destaca el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo sin obtener respuesta alguna hasta el momento.
