Guevara califica detención del magistrado Zerpa como terrorismo de Estado
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, calificó este domingo la detención del recién nombrado magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ángel Zerpa, como una acción de terrorismo de Estado.
«Este es un acto de terrorismo de estado que busca generar terror en los magistrados constitucionales, en los diputados, en los miembros del Comité de Postilaciones de la Asamblea Nacional, pero sobre todo para atemorizar al pueblo de venezolano», dijo Guevara en rueda de prensa desde el Palacio Legislativo.
El parlamentario recalcó que la Asamblea Nacional, mediante la instancia correspondiente, hizo todo el proceso constitucional para la designación de los 33 magistrados del TSJ.
«Esta Asamblea realizó el procedimiento que tenía que hacer, de cabo a rabo, para designar los magistrados que estuvieran a la altura del cargo», dijo Guevara.
El dirigente opositor del partido Voluntad Popular fue enfático al señalar que quienes detuvieron al magistrado Zerpa deberán ser presentados ante la justicia, y exigió su liberación inmediata.
«El magistrado Ángel Zerpa tiene ser liberado y quienes lo detuvieron tienen que pasar a manos de la justicia, porque fue detenido un magistrado designado constitucionalmente», dijo el parlamentario.
Guevara catalogó como un hecho de suma gravedad y una violación al debido proceso, que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) no le permitió a la Fiscalía constatar el estado en el que se encuentra Zerpa tras su detención este sábado.
El parlamentario aseguró que no existe usurpación de funciones, un delito que le atribuyen a Zerpa tras su designación como magistrado del TSJ.
Adelantó que los recién magistrados designados por el Parlamento anunciarán próximamente las acciones correspondientes, para la restitución del hilo constitucional.
La Asamblea Nacional (AN) informó el sábado en la noche que el Sebin detuvo al magistrado Ángel Zerpa, uno de los 33 nombrados el viernes por la Cámara como jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para sustituir a los que considera “ilegítimos”.