La guerra del Tribunal Supremo de Justicia: 66 jueces para 33 sillones

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, designó este viernes 33 magistrados «legítimos» del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con la idea de que reemplacen a 33 jueces en ejercicio de esa instancia acusada de servir al Gobierno, quienes según la oposición fueron nombrados con graves irregularidades.

La medida -a la que reaccionaron los magistrados en ejercicio en el TSJ pidiendo «medidas de coerción» contra el Parlamento por haber incurrido en «usurpación de funciones»- no crea dos Supremos paralelos, pero sí deja 66 jueces divididos en dos grupos que se disputan la titularidad de solo 33 sillones.

El Parlamento no reconoce a los magistrados que por ahora siguen sentándose en esos sillones por los presuntos defectos del proceso relámpago que llevó en diciembre de 2015 a la designación de los jueces del TSJ, que les ha valido en círculos opositores el apodo de «los exprés» y también ha sido denunciado por la fiscal general Luisa Ortega.

«Se designaron personas que no cumplían con las exigencias previstas en la Constitución y la ley», dijo durante el nombramiento de los nuevos jueces el diputado Carlos Berrizbeitia, sobre otra de las supuestas fallas de las designaciones de 2015, cuya validez impugnó recientemente Ortega con un recurso que no prosperó.

Días después de la aplastante victoria opositora en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, el Parlamento chavista saliente invistió, antes de ceder el control a la nueva mayoría, a 33 magistrados del Supremo, que tomarían después algunas de las decisiones judiciales más polémicas de la historia reciente de Venezuela.

La más decisiva para el curso de los acontecimientos se dictó en marzo de este año, cuando el Supremo -que había declarado «en desacato» al Parlamento- se atribuyó las funciones de la Cámara y levantó la inmunidad de los diputados.

Muchos observadores, tanto dentro como fuera del país, calificaron estas sentencias que anulaban de facto un poder en manos de la oposición de «autogolpe» del presidente Nicolás Maduro.

Los jueces rectificaron y retiraron parcialmente lo que habían dictado, pero su pronunciamiento inicial prendió el 1 de abril la mecha de la ola de protestas antigubernamentales que todavía vive el país, que se han saldado hasta el momento con 100 muertos y más de 4.000 detenidos.

No se sabe si los magistrados nombrados por el Parlamento -llamados los jueces «falsos» en medios oficialistas, y que no cuentan con el aval conjunto, requerido por la ley, de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Fiscalía- intentarán entrar en la sede del Supremo y ocupar los despachos que creen que les corresponden.

Es también una incógnita dónde se reunirán y celebrarán sus sesiones, cómo harán cumplir sus decisiones sin una Policía y unos funcionarios a la orden para ejecutarlas y si se aplicarán contra los «falsos» las acciones que pedían «los exprés».

«¿Es usted consciente del riesgo que asume y el desafío que enfrenta?», se preguntó ayer a los nuevos magistrados en la ceremonia de juramento del Parlamento. Todos respondieron con un «sí» contundente e inequívoco.

«Todo el que se postule en un acto claro fuera de la Constitución de usurpación de funciones tendrán sus consecuencias judiciales. El que se postule para falsas instituciones golpistas irá preso», dijo en junio el presidente Nicolás Maduro, ante los planes entonces incipientes del Parlamento de nombrar nuevos jueces.

Pero a pesar de los interrogantes, la oposición tiene claro el impacto de estas designaciones.

«Venezuela va a tener un TSJ y unas instituciones al servicio del pueblo y no al servicio de ningún gobernante de turno», señaló durante la sesión de designación Berrizbeitia, que se refirió a la iniciativa como un paso «histórico» para la recuperación de la «institucionalidad» en el país.

Con esta y otras medidas, como la presentación de un «acuerdo de gobernabilidad» ante la «inminente» salida del poder de Maduro, la oposición pretende redoblar la presión contra el Gobierno impulsando desde el Parlamento, una agenda de «transición» y «reconstrucción» al margen de las instituciones controladas por el chavismo.

Como carta de legitimidad, la oposición esgrime el «mandato» de los 7,5 millones de votos -a favor de la renovación de los poderes públicos y contra la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) activada por Maduro- que obtuvo en la consulta que organizó sin el reconocimiento del Gobierno el pasado domingo.

Y mientras su ofensiva institucional avanza y recrudece las protestas en la calle, termina la cuenta atrás para la elección de la ANC, prevista para el 30 de julio y de la que debe surgir una asamblea que elabore una nueva Carta Magna para «fortalecer la revolución», según el chavismo, o «consolidar la dictadura», según sus detractores.