La Universidad agónica

Sea cual fuese la valoración que se haga de proceso actual, revolucionario, reaccionario, comunista, dictadura postmoderna, cambio político, autoritario, para la cual la inmensa mayoría de las veces se carece de fundamentos teóricos, de demostraciones empíricas, bajo una alta dosis de subjetividad y en las más diversas objetivaciones, incluida la histeria, hay un hecho cierto: la totalidad de las instituciones, civiles, políticas, sindicales, eclesiásticas, etc., vive su propia crisis que, en algunos casos, alcanza caracteres de gravedad. La Iglesia católica, al decir de un agudo teólogo historiador, padece tal catástrofe que durará alrededor de cuatro décadas para borrar sus heridas de hoy. Fedecámaras agoniza en su cólera surgida del pánico por ausencia de prebendas que huyen y del miedo del riesgo a la inversión, que jamás corrieron. Los medios toman partido abierto en franca negación a la más elemental moral pública y la ética, invitadas de piedra en el cortejo que acompaña al entierro de la verdad. Sin detenernos a determinar sus causas, vale señalar que esas organizaciones, instituciones, han renunciado a su particularidad y en su renuncia se transforman en actores políticos que se imponen.

Pero, en medio de tal crisis, mucho más por sus propias contradicciones, tanta veces irreconciliables, que por la acción del gobierno, enemigo común para éstos y todos los sectores, conspiración mediante la cual justifican su tragedia, sus fracasos, existe una institución incólume, inamovible, inconmovible, tal como si ellas no existiesen en este país o viviesen en un país irreal. Se trata de las universidades. Las universidades autónomas en primera instancia, a pesar de que su particularidad, e incluso su especificidad se ha había perdido desde hace largo tiempo Veamos.

Desde hace largo tiempo sabemos de la ineficacia de la universidad. De su ineficiencia e incluso de su inutilidad. Sabemos que los factores hegemónicos internos desde hace tiempo juegan a las más inescrupulosa relaciones de poder, hasta llegar a la más grotesca perversidad. Sabemos del despilfarro, en los casos sanos, del manejo corrupto del presupuesto y de las inmensas trácalas que con él se hacen para el ejercicio y permanencia en el poder de grupos,sectas, “personalidades”. Sabemos del nepotismo sin ilustración; del negociado poder de los gremios. Es del dominio público la violación de toda norma, ley de universidades, constitución, acuerdos internacionales, que den a la ética, a los méritos, el lugar privilegiado. Y, en su lugar, sabemos que la potestad de legislar que tiene el CU se usa para amparar delitos y a delincuentes Sabemos que en este momento quienes conformamos la nómina de jubilados, ya es mayor que la de activos, en casi todas las universidades y en proporciones alarmantes. Sabemos del manejo de las “cifras” de estudiantes y su manipulación para inflar presupuesto. Sabemos de repitientes y de muchos, muchos delitos que, tantos, requieren libros y sin sorpresa alguna, se llega a la conclusión de la impunidad es parte del modelo que regula su particular cohabitación.

Sabemos del volumen escandaloso, incomparable de pagos por prestaciones, dividendos, etc., que, en particular este gobierno ha reconocido y cubierto significativamente parte de tan sui generis deuda. Y sabemos que toda esa plata, toda, nunca alcanza y mientras más llega menos alcanza y más se reclama. Y sabemos que de todo esto, de los ingresos propios, y de lo demás nunca se rinde cuenta. Y sabemos que tenemos autoridades que no saben leer, ni escribir, que tiene escribanos y mujiquitas para que les hagan sus discursos. Somos testigos y hasta cómplices de la destrucción del patrimonio universitario, de la ranchificación. Todo esto es de dominio público, privado, nacional e internacional. Todo esto es del absoluto dominio de todos los gobiernos, de la OPSU, y de éste, de Chávez, Rosales y Di Martino. Finalmente sabemos que un grupo de estoicos, de pitagóricos, de poetas, artistas o científicos se la echan al hombro y la salvan. Minoría absoluta.

Durante este gobierno, la universidad, quiero decir mejor, sus autoridades han convertido su función rectora en instrumento subordinado a la política, lo cual sería su función teórica fundamental, si ésta estuviese fundamenta en la ciencia y la ética, por tanto legítima para la orientación del país, sino a la simplificación subjetiva, irracional e inética subordinada a intereses no universitarios. La particularidad de la universidad y la singularidad de cada una de ella, no existen más, como todas las instituciones, asumió una función meramente política, en el peor sentido que esta expresión ha alcanzado. Sabemos que este régimen dio rango constitucional a la autonomía y todos sabemos que la autonomía es un gran negocio del poder interno que le sirve de coraza para garantizarse la impunidad. Y sabemos que en la universidad un voto vale más que un teorema y un poema carece de valor
Pues bien, si esto es así, y así se demuestra, ¿por qué el régimen tolera a estas instituciones tal como están? ¿Por qué el ministro, garante de la aplicación, cumplimiento de la Ley de Universidades, permite complaciente, sus reiteradas violaciones, entre las cuales, la madre de la perversidad, el que las autoridades de las universidades sean cualquiera cosa menos autoridad? ¿Por qué financia el despilfarro, la malversación, el robo, la corrupción? ¿Por qué no exige cuentas? ¿Por qué no audita? ¿Por qué permite elecciones en donde se violan leyes, formas, principios y hacerlo con el mayor descaro, sin ni siquiera la “escrupulosidad” del gato, que esconde sus heces?
A manera de aproximaciones queden los siguientes supuestos. Primero, el gobierno esperaría cumplir una etapa lo suficientemente larga, pero sobre todo, lo suficientemente probatoria de la corrupción, perversidad, de la impunidad, de la inutilidad de este modelo universitario, de modo que la opinión pública vea su intervención como acto de equidad social, de justicia y de moral pública. Obsérvese que a las universidades no les es posible manipular con la meritocracia y la excelencia, como se hizo con PDVSA. Segundo, dejarla autodestruirse. Tal y tan grave la situación universitaria, que de su propio seno brotarían, como autocura, fuerzas lo suficientemente racionales y poderosas como para asumir el reto de exigir su propia destrucción, es decir, su radical transformación a todos los niveles y personas. Tercero, proponer alternativas que, como la Universidad Bolivariana y la revisión a fondo de las experimentales, de alguna manera, sustituyan el papel “protagónico” de las universidades autónomas. Cuarto, justificar un reglamento o una nueva ley que dé sentido estratégico y político nacional a las universidades, permita su evaluación externa, establezca la heterologación salarial según los méritos y su oportuna intervención según los resultados.

Presumo que puede haber otras buenas razones, causas y propósitos y señalo que estos supuestos unas veces funcionan complementariamente, otras, en cambio, presentan serias contradicciones, por ejemplo, sobre si una ley de educación superior para todo el subsistema; una ley orgánica de educación superior y una especial de universidades. Contradicciones irreconciliables en cuanto a la definición de comunidad y cuales sus miembros y, con mucha mayor fuerza problemas relativos a la democracia participativa, protagónica, etc., que permitiría el voto a todos, obreros, estudiantes, empleados, etc., para la elección de autoridades y, necesariamente, la posibilidad de que un obrero, estudiante, empleado, etc., pudiese ser rector, etc.