¿Bioética, religión, política?
Pocas veces se ha generado en la opinión pública estadounidense un debate y una batalla legal tan intensos y apasionados sobre el estado de salud de una persona y su destino, como en el caso de Terri Schiavo, la joven que en 1990, como probable consecuencia de bulimia, sufrió un ataque cardíaco, que por deficiencia de oxígeno le produjo un severo daño cerebral irreversible y posterior estado de coma. Luego de su colapso, comenzó a ser alimentada a través de una sonda estomacal y poco después fue declarada en (%=Link(«http://escuela.med.puc.cl/publ/Cuadernos/2003/EstadoMinimo.html»,»estado vegetativo persistente»)%) por médicos autorizados. Los pacientes en tal condición padecen un estado de insomnio sin conciencia, con comportamientos reflejos y al azar, sin respuesta a estímulos externos, con excepción, tal vez, de los dolorosos.
El resto de la historia reciente
La alimentación forzada con la sonda gástrica se convirtió en el punto central sobre el cual giraría el caso. Siete años después del colapso de Terri, su esposo introdujo una petición judicial, que fue aceptada y ejecutada en 2001, para descontinuarle ese mecanismo de ayuda vital. Esto desató un furioso debate público, en el cual comenzaron a entremezclarse criterios bioéticos, juridico-legales, políticos, religiosos conservadores, de derechos civiles y de competencias federales, sobre si mantener con vida a la paciente, como era el deseo de sus padres los Schindler y otros parientes, o retirarle la sonda para permitir que muriera.
En octubre de 2003, la última apelación de los Schindler fue rechazada y luego de cinco días le fue removida la sonda a la paciente, por segunda vez. Comenzó a fortalecerse la variable política en la ecuación, con lo cual ésta comenzó a pervertirse, cuando en una sesión de emergencia, la Asamblea Legislativa del estado de Florida aprobó la (%=Link(«http://news.findlaw.com/cnn/docs/schiavo/flsb35e102103.pdf»,»Ley Terri»)%), que facultaba al gobernador Jeb Bush, hermano del Presidente, a intervenir en el caso. Como era de esperar, el Gobernador decidió la inmediata reinserción de la sonda.
En 2004, un (%=Link(«http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=378825″,»juez de Florida»)%) dio un vuelco a la Ley Terri al decir que la misma “privaba a los ciudadanos del estado, en forma sumaria, de su derecho a la privacidad”. El Gobernador apeló ante la Corte Suprema del estado, la cual decidió por unanimidad que los poderes legislativo y ejecutivo de Florida habían intervenido inconstitucionalmente en un asunto judicial, en contra de la separación de poderes consagrada en la Constitución y que la Ley Terri era inconstitucionalmente retroactiva. La familia Schindler apeló inmediatamente a la Corte Suprema de la Nación, la cual rehusó conocer el caso, a principios de 2005. Lo mismo sucedió con otros intentos ante otras Cortes de Apelación. La decisión final se produjo en febrero de 2005, cuando el juez George Greer ordenó que la sonda fuera removida el 18 de marzo. Desde entonces, el juez y su familia debieron ser acompañados por guardaespaldas armados, como consecuencia de las amenazas de grupos religiosos ultraconservadores opuestos también al aborto. Tampoco tuvo efecto la (%=Link(«http://www.archives.gov/federal_register/public_laws/109th_congress/003.txt»,» Ley Pública de Emergencia 109-3″)%) aprobada apresuradamente por la Cámara de Representantes y el Senado y firmada por el presidente Bush al regreso de sus vacaciones, sólo para ser aplicada al caso Schiavo. La controversial ley, conocida coloquialmente como Compromiso del Domingo de Ramos, autorizaría a un juez federal a decidir sobre si permitir o no la alimentación con la sonda, pero fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia.
Menos conocido es el reportaje publicado en (%=Link(«http://www.miami.com»,»The Miami Herald»)%), según el cual el gobernador de Florida habría enviado agentes estatales para secuestrar a Terri Schiavo del hospicio, plan que fue abandonado cuando la policía local manifestó que haría cumplir la orden del juez de que la paciente permaneciera allí. El 30 de marzo de 2005 fue rechazada por el Tribunal Federal de Apelaciones en Atlanta la solicitud de los Schindler de ordenar la reinserción de la sonda. Una moción de urgencia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos también fue rechazada. Legalmente más nada se podía hacer. Al día siguiente murió Terri Schiavo; ni en ese momento cesaron las desavenencias familiares.
¿Derecho a vivir versus derecho a morir?
¿Qué ocurre en Estados Unidos? Contrariamente a lo que sucedía hace una década, hoy en día médicos y bioeticistas afirman tener que enfrentar a familiares de pacientes terminales que insisten en tratamientos para prolongarles la vida, considerados injustificados por los médicos. Ello tal vez sea debido a los extraordinarios avances médicos que sobrealimentan las esperanzas de familiares, quienes por ello también se sentirían autorizados a tomar decisiones médicas.
Los medios noticiosos y muchos políticos estadounidenses vendieron este caso a la opinión pública como si se tratara únicamente del derecho a vivir, exacerbado por católicos conservadores, protestantes evangélicos y oponentes militantes al aborto, cuando se trataba, en esencia, de la aplicación adecuada de la eutanasia que otorga al paciente el derecho a morir con dignidad. Lamentablemente, este lado del caso permaneció opacado por otros enfoques.
Es extraño que esto suceda en una nación adelantada, a pesar de existir legislación en otros países como Holanda y Bélgica sobre la eutanasia y el derecho a morir con dignidad de los pacientes terminales o en estado vegetativo. Y es que también en el estado de Oregón existe una ley de suicidio asistido desde 1997, que permite a los médicos administrar dosis letales de medicamentos a pacientes terminales. Esta ley está siendo cuestionada por la administración Bush. Se recuerda también, que el actual presidente Bush, siendo gobernador de Texas, firmó en 1999 una ley que permite retirar cualquier medio que mantenga innecesariamente la vida a un enfermo incapacitado a pesar de las objeciones de los familiares, siempre y cuando un comité de bioética esté de acuerdo y que el hospital conceda a los familiares diez días para encontrar una institución que admita al paciente. Al manifestar que se debió decidir por continuar las medidas de manutención de la vida de la señora Schiavo, Bush contradijo flagrantemente su actuación anterior. A ello se unió el portavoz del Vaticano, Joaquín Navarro-Valls, quien consideró la muerte de Terri como una violación a la (%=Link(«http://www.mercaba.org/OBISPOS/obis-54.htm»,»naturaleza sagrada de la vida»)%). Con anterioridad, en 2004, el Papa Juan Pablo II había expresado, que suministrar agua y alimentos, aún cuando fuera por medios artificiales, era “moral y obligatorio”.
Las encuestas
Según una encuesta de la cadena de televisión ABC, 63% de los encuestados aprobaba el retiro de la sonda y un abrumador 70% consideraba como una intromisión desmedida la forma cómo el Congreso estadounidense, apoyado por el presidente George W. Bush, actuó en este asunto. Un 82% de los resultados de una encuesta conducida por CBSNews se expresó de la misma manera sobre la actuación del Congreso y del Presidente. En otra encuesta, conducida por la red biomédica (%=Link(«http://www.mp.medscape.com»,»Medscape»)%) en Internet, 70% de un universo de diez mil participantes estuvo igualmente de acuerdo. La encuesta de ABC indicó también, que ocho de cada diez encuestados rechazaría ser mantenido con vida de encontrarse en la misma situación médica, lo que evidentemente ha hecho reflexionar a muchas personas sobre cómo querrían ser tratados en un estado comparable. Esto revela el profundo pragmatismo de los estadounidenses.
Consecuencias
El caso Schiavo no generó mayores precedentes legales, pero podría conducir a nuevas leyes en los Estados Unidos que considerarían medidas más restrictivas para el retiro de una sonda de alimentación forzada sin instrucciones escritas explícitas del paciente, poniendo en riesgo la autonomía y autodeterminación que dan un valor infinito a una vida individual y haciendo olvidar que la gente tiene el derecho de controlar lo que se hace a su propio cuerpo. Esto preocupa a médicos y bioeticistas, quienes observan un posible retroceso en un asunto que ha ganado terreno con dificultad en la sociedad estadounidense. Ciertamente, terminaron las viciadas querellas legales por el control del cuerpo de Terri. Se olvidó que la pregunta fundamental era bioética y que eran insostenibles las controversias políticas y familiares. Para los legisladores se plantea un alerta, pues no existe manera de predecir todas las permutaciones posibles que interactúan en las decisiones sobre la muerte y el morir. Terri descansará en paz. Pero treinta y cinco mil enfermos en condiciones parecidas en los Estados Unidos, y cientos de miles más en el resto del mundo, esperan una solución digna.
