Reconstitución urgente de Venezuela
No nos resignamos a ser testigos de la destrucción institucional y moral de la República. Se reduce la grandeza de una nación que fue ejemplo extraordinario para propios y extraños. Está agotado el lamento del diagnóstico, hecho con abundancia en estos tiempos. No hay secretos. Nada funciona bien y todo indica que, mientras este régimen se mantenga, las cosas irán para peor. Una suerte de resignación pesimista se apodera del ciudadano común. Abandonado a su propia suerte, sin intérpretes adecuados, con temor a reaccionar por su cuenta, pero con una rabia interior que agiganta la indignación con que enfrenta la vida diaria. La mayoría espera que otros resuelvan por ellos, pero “en un eterno esperar”, como diría Andrés Eloy Blanco, se les está yendo la vida.
Quienes ni nos rendimos, ni nos queremos agotar en un electoralismo insuficiente, aunque no lo abandonaremos, repasamos a diario las opciones del país. La primera y principal, si todo se mantiene como hasta ahora, es que no pase nada. Eso es lo peor que podría suceder, la consolidación progresiva del neorégimen, en medio de una rutina improductiva con retórica de esperanza opositora por el supuesto crecimiento que obtendremos en sucesivas elecciones. Mientras tanto, cuesta abajo en la rodada.
La segunda posibilidad se manifiesta tímidamente en el día a día. Se trata de protestas sectoriales, de manifestaciones que expresan descontento por situaciones concretas vinculadas a los servicios públicos y al grave problema de la inseguridad de las personas y de los bienes. El régimen les quita importancia, los medios las reflejan parcial y tímidamente, pero siempre queda clara la responsabilidad gubernamental y la incompetencia para cumplir con sus deberes. Podrían crecer y poco a poco, coordinarse acciones en respuesta a problemas diversos y sin conexión, pero que aumenten la movilización popular consecuencia de la rabia también creciente. Podríamos estar colocados a las puertas de una confrontación grave, de consecuencias impredecibles por la violencia creciente entre las partes.
Esto nos lleva a la tercera. Sin ley ni orden, sin autoridad respetable ni diálogo posible en las condiciones actuales, entre el gobierno y la oposición, ni siquiera con sectores representativos de la nación y al borde de una guerra civil, no declarada formalmente pero existente, podría
darse una intervención militar de signo desconocido hasta ahora, destinada a ponerle punto final al caos, a este despelote innegables, o al avance de la ideologización comunista que se adelanta. La historia está llena de ejemplos. Golpes y contra-golpes de estado no son ajenos ni a nosotros, ni al resto de Latinoamérica. El cacareado comando “cívico-militar” de la revolución podría terminar siendo una caricatura de lo que debe ser un verdadero Alto Mando Militar.
Sin diálogo honesto, sin respeto al ordenamiento jurídico establecido y sin nada que indique que las cosas pueden cambiar para bien en el corto y mediano plano, se abre el camino constituyente como posibilidad cierta para la reconstitución de un país destruido institucionalmente. Alternativa posible, civilizada y necesaria en esta coyuntura: Sabemos que no será fácil. Lo cómodo sería convertirnos en “corchos” para flotar en todas las aguas, incluidas las que corren junto a los fraudes y violaciones legales de los organismos electorales al servicio del régimen. Pero si la firmeza es clara y no vacilamos, la Constitución actual de la República señala el camino a seguir. Establece en el Artículo 347 que el pueblo es el depositario del poder constituyente originario, pudiendo convocar por propia iniciativa, directamente, a una Asamblea Constituyente a fin de transformar el Estado, crear un nuevo orden jurídico y, si fuese necesario, aprobar una nueva Constitución.
En el Artículo 348 se establece que el proceso puede iniciarse a partir del 15% de los electores inscritos en el REP. Y en el 349 se dice que ni el Presidente de la República, ni ningún otro poder podrán objetar la nueva Constitución, ni impedir las decisiones de la Asamblea. Como si todo esto fuera poco, el artículo siguiente, el 350, no es que nos da el derecho, nos obliga a desconocer “cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas, o menoscabe los derechos humanos”. Suficiente para actuar, en mi opinión. En la convocatoria pueden establecerse las condiciones para la elección y disminuir al máximo, las posibilidades de fraude por parte de las autoridades. La calle impondrá las reglas. Hacerlas respetar es nuestra obligación.
