Polémica jurídica

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“Los 32 magistrados tenemos un juramento que llevar adelante, y es esta transformación, la cual proponemos para corregir sobre la marcha, porque también nos equivocamos incluso en los nombramientos que hemos hecho; nos hemos equivocado y tenemos que reconocerlo. Lo he reconocido ante los medios.”.

GUERRA A MUERTE EN EL TSJ.- Nadie en el foro venezolano se imagina ni tiene idea de la guerra a cuchillos que se libra en el Tribunal Supremo de Justicia por el control absoluto del aparato judicial venezolano. Las dos corrientes enfrentadas, una liderada por el Presidente del Máximo Tribunal de la Republica, Magistrado de la Sala Social, Omar Mora Díaz y, la otra por el Presidente de la DEM, Magistrado de la Sala Constitucional, Luís Velázquez Alvaray; no se dan tregua. Cuando arrancó la gestión, Velázquez Alvaray exhibía una fuerza descomunal. Se hablaba de un apoyo sólido de 21 Magistrados, de los 32 que conforman el TSJ. Con el transcurrir del tiempo, Omar Mora fue trabajando sin aspavientos, sin apariciones en prensa, es decir, bajo perfil, y hoy se puede decir que la correlación de fuerzas cambió a su favor, tanto que Luis Velázquez a duras penas contaría a la hora de un deslinde, con el apoyo de unos doce magistrados, y cuidado si menos. Al Presidente Chávez le han llegado informes concretos sobre los cuestionamientos que se le hacen a Velázquez en la conducción de la inexistente “reforma judicial” que le fue encomendada. Es decir, que la mayoría de sus colegas Magistrados consideran que ha fracasado, además de que tienen serias objeciones sobre la adquisición que hizo este Magistrado, del edificio de la Corporación D’Lorenz, situado en la urbanización Lebrum de Petare, para montar la “Ciudad Judicial”. Es decir, que a LVA lo han dejado que se “cocine en su propia salsa”, para ahora comenzar a “comérselo”. No es de extrañar, que luego del ascenso y caída de los Magistrados LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ y CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA, le toque el turno a LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY. Sin lugar a dudas, L. Velázquez no ha tenido el coraje requerido para afrontar la responsabilidad de transformar el Poder judicial venezolano, que le asignó el propio Presidente Hugo Chávez. Por un lado les entregó un poder omnímodo a Isaías Rodríguez (Fiscal) y a Marisol Plaza (Procuradora) para que manejen el Poder Judicial como les de la gana, al extremo de que con el mayor desparpajo, montaron esa perversa tribu que hoy controla incontables tribunales en el país; y, por la otra, se dedicó a lo pueblerino, es decir, a vengarse de aquellos “juececillos” del interior, especialmente de los de Mérida y Barinas que, cuando aun no tenía el poder que hoy tiene, lo enfrentaron políticamente. En este punto, hay que aclarar que hasta ayer nomás Velázquez Alvaray fue militante del MAS, partido del que fue concejal, diputado regional y Procurador del Estado en Mérida, cuando la 4ta República. Muy triste lo que le ha ocurrido a Luís Velázquez. Él fácilmente ha podido escoger un gran equipo gerencial para que lo acompañara en su gestión y pasar a la historia como el hombre que transformó el tan corrompido Poder Judicial venezolano y sin embargo, hasta ahora, ha preferido ese puesto oscuro, que en el pasado escogieron otros, de los que ya ni nos acordamos. Todo esto que hemos dicho, hoy es pasto seco al que le meten candela los detractores de este “Magistrado”, para que se termine de chamuscar en su propia brasa. Tenemos muchísimo más material para el análisis, pero, por el espacio con el que contamos, creemos que por ahora es suficiente.

UN MINA DE ORO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ARAGUA.- Un funcionario de la DISIP, con rango, luego de tomar una serie de previsiones, y sosteniendo que poseía información de mucha importancia, nos solicitó una reunión secreta, la cual concertamos para las 5:45 de la madrugada de ayer. Efectivamente, el funcionario se presentó. Luego de probarnos que realmente es miembro de la DISIP, entró en materia y, en menos de 20 minutos nos narró este cuento: “A finales de mayo recibimos una información sobre un cargamento de drogas que estaba en manos de un ciudadano de nombre José Baulavarre. Se hizo el seguimiento y el trabajo de inteligencia respectivo y se constató la veracidad del dato. Se nos autorizó a proceder y se nos recomendó apegarnos estrictamente a la Ley. Fue así como contactamos con la Fiscalía y solicitamos la respectiva orden de allanamiento a la residencia del sujeto, ubicada en el sector El Castaño de Maracay, estado Aragua. Lo sorprendente para nosotros fue que desde el Tribunal donde se solicitó la orden de allanamiento, Baulavarre recibió el pitazo. Hubo cierto atraso en la emisión de la orden, por lo que presumimos que fue que le dieron tiempo para que el tipo se “descargara”, tal y como ocurrió. Tan descarado fue eso, que el sujeto nos estaba esperando. Sabíamos que el procedimiento había fracasado, sin embargo procedimos a registrar la vivienda y aunque no encontramos drogas, como ya sabíamos, dimos con un arsenal de armas de guerra y un impresionante paquete de oro, aproximadamente unos cinco kilos, cuya propiedad José Baulavarre no pudo probar. Detuvimos al sujeto y lo pusimos a la orden del Tribunal de Control respectivo a cargo de la jueza Dioshelena Méndez. Para sorpresa nuestra, el sujeto salió en libertad plena gracias a la intermediación del Juez Presidente del Circuito, Juan Luis Ibarra. Las armas las declararon de colección y se las devolvieron. El oro les quedó a los jueces de regalo, según lo ha confesado el mismo Baulavarre y los miembros de la comisión, quedamos como unos bolsas y no tenemos otro camino que contar esto, para que la colectividad y los superiores de estos jueces sepan que en Aragua lo que hay es un poco de choros instalados en el palacio de Justicia.” Frente a esto no tenemos más que solicitar públicamente a la Inspectoría de Tribunales que proceda conforme a la Ley. Es fácil corroborar semejante historia, pues existe un acta policial y unos funcionarios policiales que actuaron en el procedimiento y que están dispuestos, a menos de que sus superiores se lo prohíban, a echar el cuento a quienes se atrevan a investigar, si es que el Magistrado Presidente de la Sala Penal del TSJ, Eladio Aponte, lo permite, pues según lo grita jactanciosamente a cada rato el Juez Juan Luís Ibarra, este es su padrino y protector. No lo creemos, pero quién sabe.

EN GUÁRICO SE HAN IMPUTADO A 70 POLICÍAS POR CASOS DE AJUSTICIAMIENTOS.- Mediante un boletín de prensa, el Ministerio Público sostiene que ha imputado a 70 de los 131 funcionarios de diferentes organismos de seguridad, investigados por presuntos casos de ajusticiamiento ocurridos en el estado Guárico en el lapso del 2000 al 2005. La directora de Protección de los Derechos Fundamentales del Ministerio Público, Alis Boscán de Baptista, destacó en una conferencia de prensa realizada en la sede de la Fiscalía Superior de esa jurisdicción, que las 70 imputaciones representan más de 50% de los funcionarios investigados que han sido identificados como presuntamente incursos en el homicidio de 177 personas. Boscán explicó, con cifras a la mano, que de las 5.520 causas de homicidios bajo la figura de enfrentamientos o ajusticiamientos que se manejan en todo el país, 167 casos corresponden al estado Guárico. De esos 131 funcionarios involucrados, 98 pertenecen a la policía regional y en unos 20 homicidios aparecen señalados integrantes de la Brigada de Intervención y Apoyo (BIA). Del resto de los investigados, 33 corresponden al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), 6 a la Guardia Nacional e igual número de las policías municipales, mientras que sólo 3 son de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). Asimismo, indicó que Guárico ocupa el décimo lugar en casos abiertos por ajusticiamientos y tiene igual escala respecto a funcionarios investigados. La representante del Ministerio Público precisó que para reforzar las investigaciones fueron comisionados los fiscales 20, 34 y 49 nacional, Elsa Hernández, Danilo Jaimes y Haifa Aissami, respectivamente, quienes conjuntamente con los doce fiscales de proceso penal de Guárico, realizarán una serie de diligencias y ordenarán nuevas experticias para llegar a los actos conclusivos. Precisó que en Guárico se maneja hasta la fecha un total de 748 causas abiertas por presuntas violaciones de los derechos fundamentales (homicidios, privaciones ilegítimas de libertad, torturas y otros). Consultada sobre el informe presentado por la Asamblea Nacional (AN) respecto a los excesos policiales en Guárico, aclaró que ese informe es independiente de las investigaciones que realizan los fiscales para establecer las responsabilidades penales que son de tipo individual. Dijo que cualquier información del Poder Legislativo sirve al Ministerio Público para realizar entrevistas y ordenar experticias, de ser necesarias. En todo caso, puntualizó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que los delitos violatorios de los derechos humanos son imprescriptibles, por lo que las investigaciones no se paralizarán hasta la emisión del obligatorio acto conclusivo.