La trampa de las Asambleas Constituyentes en la Revolución Latinoamericana
El proceso de la Revolución Bolivariana en Venezuela ha convertido la idea de la Asamblea Constituyente en una fórmula mágica para la transformación latinoamericana que se pretende usar después de cada elección ganada. Sin embargo, en ciertas condiciones la estratagema de la Asamblea Constituyente puede convertirse en receta de una autoderrota, debido a que confunde las relaciones causales entre la Constitución y el poder real.
1. El romanticismo constitucional y la guerra de clases
La teoría del derecho constitucional es esencialmente el resultado de las revoluciones burguesas de Francia, Alemania y Estados Unidos. Nació bajo el espíritu (Zeitgeist) de la ilustración, que propagó la ilusión de que el poder pudiera ser contenido en la razón. Fue una ilusión contra la realidad, pronto convertido en ideología. Tal como el Code Napoleón plasmaba los intereses de explotación de la nueva clase dominante burguesa, su Magna Carta le daba forma a sus intereses de dominación
Aplicando la lógica de las ciencias militares, podemos entender a la Constitución como un objetivo final de la guerra, pero jamás como el teatro de operaciones de la guerra ni como un instrumento bélico. La Constitución siempre es el resultado de la lucha por el macropoder nacional, no es, ni puede ser, un medio de conquista del poder.
La Constitución es el Palacio de Versailles, donde termina la Primera Guerra Mundial y los vencedores definen el orden de postguerra. Pero, antes de firmar la Magna Carta del orden de postguerra, hay que ganar en los teatros de operaciones de Verdun y del frente oriental.
Es obvio que el constitucionalismo latinoamericano, cual producto de la burguesía atlántica, es eurocéntrico, burgues-colonizador, racista y estadista, y que, como tal, tiene que ser cambiado de raíz. Teóricamente, tal tarea no presenta problema, porque tanto la crítica de la izquierda histórica, por ejemplo, de Karl Marx en el 18. Brumario, como la crítica de la derecha histórica, v.gr., del nacionalsocialista Carl Schmitt, han dejado al desnudo el carácter de clase del constitucionalismo burgués. Reconocer el cambio constitucional como elemento programático de la lucha del futuro es correcto; convertirlo en el campo de batalla política del momento, sin embargo, puede ser un grave error.
2. ¿Es la Asamblea Constituyente el campo de batalla más idóneo para las fuerzas populares y
bolivarianas?
Todo partido o movimiento latinoamericano que gana las elecciones sobre la base de un programa desarrollista y bolivariano, tiene que escoger el centro de gravedad de su política de transformación. El objetivo de escoger este centrum gravitatis es la consolidación y ampliación del poder propio, a costo del poder de las fuerzas oligarquico-imperiales.
La determinación de este centro de gravitación política del nuevo gobierno es una función de los centros de gravitación del enemigo, es decir, de los puntos, donde el enemigo concentra su mayor cantidad de masa. Habiendo entendido correctamente la correlación de fuerzas, su naturaleza y su ubicación en espacio y tiempo, entre el gobierno transformador y la Derecha, el gobierno tiene que determinar, si está obligado: a) a una defensa estratégica o si puede pasar de inmediato a una ofensiva estratégica, y, b) si decide atacar, con qué fuerzas y contra qué centro de gravitación del enemigo. Recordamos que la relación entre defensiva y ofensiva es, por supuesto, dialéctica.
Los puntos de mayor concentración de masa, y por lo tanto, de mayor poder y peligro, de la burguesía derrotada electoralmente, son: sus Fuerzas Armadas; sus medios de comunicación nacionales; sus grandes capitales; la jerarquía eclesiástica; la superestructura jurídica, particularmente las corruptas y reaccionarias Cortes Supremas; la superestructura legislativa y sectores del ejecutivo civil; el control ideológico de determinadas clases sociales; los medios de comunicación internacionales; las corporaciones transnacionales, y los intereses del imperialismo estadounidense y europeo.
La correlación de fuerzas entre el flamante gobierno —no es lo mismo, que haya ganado con el 75% de los votos, con dos tercios, con la mayoría absoluta (51%) o con una mayoría relativa— y estos centros de gravitación del enemigo, determina el campo de batalla y la forma de guerra que tienen que escoger los nuevos gobernantes, si no quieren ser derrotados a mediano plazo.
3. La experiencia de Bolivia
La lucha por una nueva Constitución, iniciada con fuerzas que no tengan una clara superioridad sobre las del enemigo, es decir, con fuerzas que no garantizan su derrota, se convierte en un error político estratégico. En primer lugar, tener una nueva Constitución sin tener una abrumadora superioridad de fuerzas reales, no tiene importancia alguna, como muestra, entre tantos otros ejemplos, la Constitución colombiana de 1991. Ninguna clase dominante o dirigente en el mundo, sea feudal, burguesa o socialista real, actúa conforme a la Constitución cuando esto no convenga a sus intereses. Creer, que la Constitución determina la realpolitik de un gobierno o que se pueda lograr esto en una sociedad de clases, es simplemente ilusorio, aunque sea éticamente deseable.
La actual experiencia de Bolivia es aleccionadora. La Asamblea Constituyente le ha permitido a la oligarquía y al imperialismo construir una fortaleza legal-política-propagandística —a través de los necesarios dos tercios de votos de cada artículo de la nueva Constitución— que es virtualmente inexpugnable por las fuerzas del gobierno. La reacción tiene a su favor la mayoría absoluta de los prefectos (seis de nueve); el Senado; la Iglesia; el gran Capital nacional e internacional y la Corte Suprema de Justicia. En tal situación deciden las armas. Estas también están con la reacción, porque la mayoría de los generales están en contra del proceso de transformación. En estas condiciones, el triunfo del gobierno no es posible. El objetivo gubernamental del conflicto se reduce, en consecuencia, a evitar la derrota y alcanzar un compromiso aceptable.
4. Hay que ganar la guerra real, no la guerra de papel
Una nueva Constitución no impide los golpes de Estado de la contrarrevolución, como vimos el 11 de abril del 2002 en Venezuela y el 11 de octubre del 2006, en Bolivia. Lo que impide los golpes es el poder real y, por eso, todo nuevo gobierno latinoamericano que desconoce la Doctrina Monroe y los intereses de las transnacionales, tiene que concentrar sus escasos recursos en la guerra real, no en la del papel y de los conceptos.
La primera necesidad de estos gobiernos, por ejemplo, el Sandinista en Nicaragua o el de Alianza País en Ecuador, consiste en ampliar su base de poder mediante los pocos mecanismos que están a su disposición. Dos vías son importantes en este sentido: a) invertir rápidamente y generosamente en la deuda social, aunque sea por endeudamiento externo, si no haya excedente fiscal suficiente, y, b) tratar de adelantar elecciones para generarse una base de poder dentro de la superestructura burguesa, de la cual, de todas formas no se puede salir, mientras el cambio se realice dentro del parlamentarismo burgués.
El instrumento ejecutivo idóneo para tal política son los decretos ejecutivos. La implementación de la política neoliberal se hizo en gran medida mediante decretos ejecutivos, previstos ya en la teoría política de John Locke como medio legítimo de gobernación. Este instrumento dificulta el bloqueo parlamentario de la reacción.
Decretos ejecutivos, un generoso deficit spending para las mayorías, a fin de ampliar la base social del gobierno transformador y la neutralización de los intentos golpistas, este sería el escenario para ganar tiempo y llegar rápidamente a nuevas elecciones que puedan proporcionar una sólida superioridad de poder político frente al enemigo de clase.
