Polémica jurídica
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“La impunidad de los delitos hacen que estos se cometan con más frecuencia al fin llega el día en que el castigo no basta para reprimirlos”
Simón Bolívar
FISCAL DEL CASO SINDONI DESMINTIO A SU JEFE ISAIAS RODRIGUEZ.– A través de un boletín emanado del departamento de prensa de la Fiscalía General de la Republica el pasado jueves 13/04/2006, “El fiscal Isaías Rodríguez, recordó que en el caso Sindoni se le dictó medida privativa de libertad al CORONEL RETIRADO DE LA GUARDIA NACIONAL JUAN CARLOS SAAVEDRA, (mayúsculas nuestras) la cual fue solicitada por el Ministerio Público en virtud de su presunta participación en la autoría intelectual de la muerte del industrial aragüeño Filippo Sindoni.”. El caso es que cuatro días más tarde, es decir el lunes 17, uno de los fiscales del caso Sindoni, concretamente el 6º de Aragua, José Francisco García, desmintió a su jefe cuando dijo: 1) Que Saavedra no había sido detenido como dijo Isaías Rodríguez; y, 2) Que “JUAN CARLOS SAAVEDRA no es Coronel retirado de la Guardia Nacional, sino que llegó al rango de sargento.”
En conclusión, el fiscal General de la República Isaías Rodríguez sigue sin saber donde está realmente parado. Recordemos que ya ante, quién lo había desmentido fue el propio Marcos Chávez, Director del CICPC, cuando también aseguró que el fulano Coronel de la GN no había sido detenido como había asegurado públicamente el Fiscal General. Al respecto tenemos que destacar que en ninguna parte del mundo un Fiscal General a ocupado tanto centimetraje en la prensa nacional como en de Venezuela. El más que en los tribunales, acusa, imputa y en fin litiga por la prensa, sobre todo por Venezolana de Televisión, canal al que le da todas las primicias. Creemos que es un caso único, sobre todo cuando todo sabemos que Isaías Rodríguez no es un Fiscal imparcial, políticamente hablando. Fue fundador del MVR en Aragua, Constituyente por ese partido. Vicepresidente de la Republica, cargo de donde salió a ser Fiscal General en sustitución de Javier Elechiguerra. Como Vicepresidente impuso a su socia Marisol Plaza en la Procuraduría. Eso es currículo.
¿FISCALíA PORQUE NO ENJUICIA A MARISOL PLAZA? El Presidente Chávez me botó, pero lo sigo amando. Eso fue lo que prácticamente dijo la ex Procuradora General de la República, Marisol Plaza, en una entrevista que le hiciera la colega Dorys Villarroel de El Mundo y que apareció publicado el lunes pasado en la página 10 de ese vespertino., bajo el titulo “A Marisol Plaza LE LLEGÓ SU MOMENTO”. Las declaraciones de la destituida funcionaria dan pena ajena, sobre todo porque se sabe en el medio que la botaron por bandida y que eso de que “para nada cambian mis afectos con el presidente Chávez, a quien estimo, aprecio…” es falso, pues si sintiera eso por el Jefe del Estado jamás habría hecho lo que hizo con el caso de los bonos del extinto Bandagro, caso que explica muy bien el abogado Carlos Ramírez López en un artículo que fue publicado el pasado martes 18/04/2006 en la página A-8 del diario El Nacional, bajo el titulo: “MIL MILLONARIO DESASTRE JUDICIAL (I)”. Con su delincuencial actuación, Marisol Plaza Irigoyen afectó el patrimonio publico y sobre todo ha puesto al gobierno revolucionario en ridículo al reconocer una ilegal deuda que tuvo su origen en los gobiernos de la tan cuestionada 4ta Republica. La señora Plaza también abusó de su Presidente, cuando sin permiso de nadie utilizó más de cinco veces el avión de la empresa eléctrica EDELCA, para hacer turismo, cuando ella sabe que Chávez en su campaña cuestionó hasta el cansancio las colita en los aviones propiedad del Estado.
En conclusión, lo que deja ver en esa entrevista la ex Procuradora es que aspira que nuevamente es que “a mi pongan donde “aiga””, como dice el vulgo. Si realmente este fuera un gobierno serio, ya Marisol Plaza estuviera enfrentando un juicio fundamentado en la Ley Contra la Corrupción, pero estoy seguro que eso jamás va a pasar, sobre todo porque su socio de toda la vida, Isaías Rodríguez es quién está al frente de la Fiscalía, institución dueña de la acción penal en Venezuela.
LA GENTE NO TIENE DERECHO A CONOCER A LOS DELINCUENTES QUE LOS AZOTAN. Es cierto que con el viejo y derogado Código de Enjuiciamiento Criminal se cometieron cualquier cantidad de barbaridades, pero por lo menos las comunidades podían conocer el rostro de los delincuentes que las azotaban. Eso con el COPP es imposible, pues priva aquello de que todos somos inocentes, hasta que se nos demuestre lo contrario. En pocas palabras, priva el interés de un individuo en particular, que el colectivo. No es justo que la gente en un barrio o en una urbanización no conozca por la prensa el rostro del sujeto que viola, atraca, asesina, etc. Lo vemos a diario en televisión y en los periódicos a los delincuentes con sus rostros tapados con la franela o camisa que cargan. Nadie los llega a conocer y por eso se mueven como pez en el agua en sus comunidades, sin que nadie sepa la calaña de sujeto que es. Que moral le protege el Estado a un sujeto que es reincidente en múltiples delitos. Pensamos que a esta situación hay que buscarle una solución, pues la gente tiene pleno derecho a conocer a los delincuentes que azotan a la sociedad. Desde que el COPP entró en vigencia, a la ciudadanía se le privó de este derecho. Ya basta de alcahueterías con esas lacras sociales. Hay que destaparles el rostro y que el pueblo entero los conozca, por lo menos para estar alerta cuando este se le acerca. ¿Ustedes que opinan?
¿LOS SALVARÁ MANDRAKE THE MALICIAN? Hoy jueves 20/04/2006 es un día decisivo en el juicio contra los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis y los ocho Policías Metropolitanos por los hechos del 11 de Abril de 2002. Eso debido a que el Tribunal 4º de Juicio a cuyo cargo está la jueza Marjorie Calderón deberá pronunciarse sobre las cinco excepciones opuestas por los abogados que defienden a estos ex funcionarios. Las anomalías denunciadas por los abogados José Luís Tamayo y Carlos Bastidas se fundamentan en defectos de forma y fondo en la acusación presentadas por el Ministerio Publico, órgano que además cometió la aberración jurídica de utilizar la figura de “ampliación” para presentar en la primera audiencia de este proceso, una nueva acusación, en la que se presentan nuevas victimas, supuestamente de los sucesos del 11-A. Si se impone el criterio jurídico y la jueza se apega a lo que establece la norma, hoy, durante el desarrollo de la séptima jornada de la audiencia oral y publica, podría dictar el sobreseimiento de la causa a Vivas, Forero y Simonovis, más a los ocho agentes acusados injustamente por esos hechos. Si por el contrario, se impone el rojo criterio político, que se olviden, porque no los salvará ni Mandrake the Magician.
TSJ RATIFICÓ SANCIÓN DE 25 MIL UNIDADES TRIBUTARIAS CONTRA TELCEL C.A La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ratificó la sanción de 25 mil unidades tributarias en contra de la sociedad mercantil TELCEL, C.A., impuesta por el Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
La ratificación de la sanción se produce al declarar la Político-Administrativa improcedente la suspensión de los efectos solicitada por los apoderados judiciales de la empresa afectada, contra la Providencia Administrativa dictada mediante la cual se sancionó con la impresionante multa. El 24 de noviembre de 2004 el apoderado judicial de TELCEL, C.A., interpuso un recurso contencioso administrativo de anulación «parcial», conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 205 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, contra la Providencia Administrativa N° PADS.453, del 2 de junio de 2004, dictada por el Director General de CONATEL que la sancionó con la mencionada multa.
El caso comenzó con la Providencia Administrativa N° PADS-414 del 22 de marzo de 2004, mediante la cual el Director General de CONATEL, ordenó la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio a los fines de determinar la presunta infracción de las disposiciones contenidas en los numerales 1 y 9 del artículo 166 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, por TELCEL, C.A., referidos a: «1. La instalación, operación y explotación de servicios de telecomunicaciones o la utilización de frecuencias del espectro radioeléctrico que requieran la habilitación administrativa o concesión, sin contar con ésta; y 9. La facturación en exceso de las cantidades realmente adeudadas, realizada en forma dolosa».
Además en esa ocasión se ordenó la aplicación de la medida cautelar provisionalísima de suspensión total e inmediata del cobro del servicio de larga distancia nacional por parte de la empresa de telefonía, de conformidad con el numeral 1 del artículo 183 de la citada Ley. Para fundamentar la suspensión de los efectos de la providencia administrativa impugnada alegaron que la multa impuesta constituye para la empresa telefónica un costo adicional que la perjudica de forma real y directa al disminuir su capacidad para invertir tanto en tecnología como en promociones comerciales, y por ende, se traduce -a su criterio- en un daño irreparable. Sin embargo la Sala Político-Administrativa luego de estudiar todos los alegatos esgrimidos por la empresa de telefonía concluyó que «los simples alegatos invocados por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil recurrente son insuficientes para acordar la medida cautelar, razón por la cual debe necesariamente desestimarse la solicitud de suspensión de efectos del acto recurrido, siendo inoficioso el análisis y pronunciamiento respecto al otro supuesto de procedencia, pues su cumplimiento debe ser concurrente», por lo que se declaró improcedente la medida solicitada.
FOTO LEYENDA:
FISCAL ISAIAS RODRIGUEZ
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MARISOL PLAZA
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MAGISTRADO MARCO DUGARTE
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