El financiamiento de la Educación Superior
Hay cosas sorprendentes en la educación superior venezolana. En 2004 de los 101.284 graduados más de la mitad, exactamente 53.056, lo hicieron en instituciones privadas; es el resultado del incremento sostenido de la educación privada superior en los últimos años y refleja, no una política neoliberal (se ha incrementado mucho durante el actual gobierno), sino graves problemas de financiamiento oficial de la educación superior bajo el esquema de “gratuidad” total. En Venezuela el 43 % (escandalosamente alto) del financiamiento educativo se lo lleva la ecuación superior. Aun así, más de la mitad de los que culminan su carrera la pagaron. El año 2004 había 48 universidades (26 privadas y 22 oficiales) y 119 (68 privados y 51 oficiales) institutos y colegios universitarios, con 508.722 estudiantes en las privadas y 614.341 en las oficiales. Las instituciones privadas de nivel superior le ahorran al presupuesto nacional cerca de 2 billones de bolívares al año, además de una inversión igualmente billonaria en las instalaciones. De cada 5 estudiantes en las privadas, 2 son universitarios y 3, estudiantes de carrera corta no universitaria.
Si se pudiera analizar la condición socioeconómica de los egresados, veríamos que los que pagan su educación superior, no son de más recursos que quienes la reciben “gratuita”, es decir pagada por el presupuesto público.
La educación superior es costosa, especialmente la universitaria. En Venezuela el presupuesto oficial universitario es aproximadamente de 6.000 dólares anuales por estudiante al año y en las privadas se paga una tercera parte. Ambas cifras muy inferiores a la inversión por estudiante universitario en Europa y Estados Unidos.
La UCAB, por ejemplo, es una universidad sin fines de lucro. Pagar bien, dotar bien, cobrar poco, ayudar al que no puede pagar y dar calidad, es un milagro y un reto difícil. Tenemos diversas políticas de ayuda estudiantil que benefician a 3.200 estudiantes; estos en promedio pagan el 58% de la mensualidad. La ayuda que reciben estos estudiantes de menores recursos es de unos 7.000 millones de bolívares. Quisiéramos que el presupuesto oficial cubriera la mitad de ella, pero solo contribuye con 964 millones, mientras que el aporte de la UCAB supera los 6.000 millones, en un modesto presupuesto de 80.000 millones para 18.000 estudiantes de pregrado y de postgrado. Si esos 3.200 estudiantes fueran a universidades de financiamiento oficial, le costarían al presupuesto nacional unos 30.000 millones al año. ¿Quién ayuda a quién?
Hay realidades graves: las universidades autónomas de presupuesto oficial se están descapitalizando peligrosamente y se desestímulo la vocación de investigación y docencia universitaria, tan prioritarias para el desarrollo nacional. Cada vez es más difícil retener a los mejores talentos, pues ganan significativamente menos que fuera de la universidad.
Otra ilusión óptica en los presupuestos universitarios, como bien se refleja en un reciente reportaje en El Universal (23, 07,06 p. 1,18), es que en la nómina de profesores de las universidades de financiamiento oficial incluye a los jubilados y su porcentaje es muy alto. A medida que éste crece, disminuye la disponibilidad presupuestaria para los activos. Por ejemplo en la UCV en 2006 hay 48 % de jubilados, 40% de activos y 12 % de jubilables. Para el año 2008 los jubilados serán el 60%.
Estamos perdiendo la lucha por la calidad, por el financiamiento y por la equidad social en nuestra educación superior. Definitivamente el financiamiento de este nivel educativo tiene que ser compartido entre el presupuesto oficial y otras fuentes complementarias, como el pago directo del beneficiario ( para quien la formación y el título son valiosos bienes privados), la venta de servicios, las contribuciones de las empresas beneficiadas por medio de convenios, etc.
Venezuela necesita una ambiciosa política pública de crédito educativo, que permita a los beneficiarios estudiar ahora y pagar parte después, con sus ingresos de profesional y así contribuir al estudio de otros. Política crediticia subsidiada en buena parte por el presupuesto público y masivo, por ejemplo con 200.000 beneficiarios al año.
Un reto inmenso y políticamente difícil es modificar el sistema de jubilaciones universitarias, de modo que (elimine la posibilidad de jubilarse a los 45 años) nadie pueda hacerlo antes de los 60 ó 65 años; que diferencie bien y separe la nómina de los jubilados y de los activos y eleve significativamente los ingresos del personal, con una base de evaluación y de transparencia.
Políticas como la Misión Sucre y la Universidad Bolivariana apuntan hacia un problema real de exclusión de los más pobres. Pero seguirán fracasando como solución, si el problema no es asumido por todas las instituciones de educación superior – oficiales y privadas- , con un esfuerzo para elevar el nivel en la educación de los más pobres en escuelas y liceos con salidas exitosas, tanto hacia el trabajo, como hacia los institutos de educación superior o la universidad. Es lamentable el engaño con rebaja en la calidad, que luego se paga durante toda la vida con un fracaso y frustración mayor.
Esas son las realidades de las que deberíamos hablar, si es que queremos soluciones y no demagogia, insultos y manipulación ideológica estéril.
