Oportunidades educativas y presupuesto
Estado no es gobierno, ni gobierno es Estado, aunque actúe en su nombre. La suprema expresión del Estado es la Constitución que la sociedad se da a sí misma. La educación es absoluta prioridad de la sociedad venezolana y así se consagra en su Constitución. Pero no cualquier educación, sino que ésta “debe ser integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades para acceder a ella” (Exp. Motiv.). El gobierno está obligado a hacer realidad este mandato y la sociedad así lo debe exigir.
No puede haber igualdad de condiciones ni de oportunidades educativas para los pobres, si de manera totalmente decidida y prioritaria el presupuesto nacional no los favorece para que puedan elegir la escuela de mejor calidad en su entorno. La Constitución establece, y el gobierno lo tiene que cumplir, que el presupuesto nacional financia los estudios de todos los venezolanos hasta culminar el nivel de secundaria. Se exceptúan quienes, como todos los ministros, generales y altos funcionarios, renuncian a ello porque prefieren para sus hijos pagar un centro educativo privado que enviarlos a un centro oficial. Que sepamos, ninguna familia acomodada elige una escuela de barrio pobre. Prefieren pagar escuelas privadas nacionales e internacionales de calidad.
También en los sectores de menores recursos las familias quieren la mejor escuela para sus hijos, pero en la mayoría de los casos no tienen elección, sino entre mala y peor. Sólo si el presupuesto nacional les paga la buena escuela que desean, pueden tener algún grado de elección, aunque no igualable a los antes mencionados con buenos ingresos. Sería inconstitucional que los pobres fueran castigados quitándoles el pago público de sus estudios por el atrevimiento de aspirar y elegir una buena escuela privada social, donde ellos contribuyen con sólo10% de su costo.
Con este razonamiento obvio, desde hace años los gobiernos venezolanos de todos los colores (incluido éste) han firmado convenios para garantizar esa modesta elección. De ahí surgió el Convenio entre Gobierno y la AVEC (Asociación Venezolana de Educación Católica) que comprende centenares de admirables escuelas de Fe y Alegría y de muchas otras instituciones y personas que, por motivación de servicio a los pobres y por vocación, consagran su vida a trabajar en zonas indígenas, rurales o en barrios urbanos. Conviene informar que esta obligación constitucional de contribuir en algo a la libre elección educativa de las familias pobres, ha funcionado muy bien con el actual gobierno; estas escuelas cobran un mínimo a los que puedan pagar y la diferencia la cubre el presupuesto nacional. Además las escuelas buscan ayudas privadas para las continuas mejoras en dotación, infraestructura, ampliación, mantenimiento y actividades complementarias.
No es un favor que el gobierno hace a las escuelas ni a los educadores católicos, sino una inteligente sinergia para juntos tener éxito con buenas escuelas en sectores populares y ahorrar dinero al presupuesto nacional. Los resultados positivos están a la vista.
Para este año el Convenio MED con AVEC incluye a 588 planteles de diversas modalidades y niveles (no los de educación superior) con 507.210 estudiantes y 27.890 docentes, directivos y empleados. Los aportes monetarios de las familias suman 47 millardos y los del gobierno 473 millardos. Son notables otros aportes voluntarios que hacen las familias al mantenimiento y buena marcha de “su” escuela.
Además las instituciones católicas (que participan en el Convenio por trabajar con sectores de menores ingresos) aportan a este servicio educativo varios billones (millones de millones) terrenos, edificios y dotación.
Hasta ahora todo iba bien, pero hemos llegado a marzo y el Ministerio ni ha firmado el Convenio, ni ha dado explicación, ni entregado nada de lo que está aprobado en el Presupuesto. No sabemos las intenciones, pero el hecho es que este medio millón de personas está objetivamente castigado. Parece que no hay otra alternativa razonable y justa que firmar y pagar pronto para evitar el castigo y la discriminación a los pobres. Quitarles esta modesta elección es llevarlos al conflicto y al cierre.
La Constitución establece que la educación debe ser obligatoria y de calidad hasta el fin de la secundaria, es decir 14 años de escolaridad por cada joven. Hoy en el 20% más pobre de la población los niños tienen en promedio 5,8 años de escolaridad, no llegan a sexto grado. A ellos en toda su vida el gobierno les aporta menos de 6 millones de bolívares educativos, mientras que los jóvenes de los sectores más acomodados que culminan la universidad en centros oficiales reciben más de 60 millones del presupuesto público a lo largo de 20 años. Terrible discriminación que las palabras de justicia e igualdad no pueden ocultar: El que menos tiene recibe menos del gobierno.
