Polémica jurídica
“Cuantas veces puedas, convence a tu prójimo de llegar a un arreglo. Hazle ver cómo el supuesto triunfador suele ser el real perdedor, en honorarios, gastos y pérdidas de tiempo. Como pacificador tiene el abogado la suprema ocasión de ser un hombre bueno. Jamás alientes el litigio. Difícil es encontrar gente peor que quienes de eso se ocupan”.
Abraham Lincoln
Presidente Nº 16 de los Estados Unidos
(1861-1865)
LA NUEVA DIRECTIVA DEL TSJ QUEDÓ INTEGRADA ASÍ: Luisa Estella Morales Lamuño, presidenta; Deyanira Nieves Bastidas, en primera vicepresidencia y presidenta de la Sala de Casación Penal; Luis Alfredo Sucre Cuba, en la segunda vicepresidencia y presidente de la Sala Electoral; Evelyn Marrero Ortíz, presidenta de la Sala Político Administrativa; Yris Peña de Andueza, presidenta de la Sala de Casación Civil; y, Omar Mora Díaz, continúa como presidente de la Sala de Casación Social, pero no quizo retratarse con este grupo.
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Para ayer jueves estaban pautadas una serie de audiencias publicas en la Sala Social, pero -INSÓLITO- fueron diferidas, con el argumento de que hay una nueva directiva en el TSJ. Es decir, que esa elección les causó un daño a los trabajadores que tuvieron que movilizarse hasta el TSJ para cumplir con la puntualidad de esas audiencias. Esto nos da para calificar de indolente a estos magistrados. Los trabajadores no tienen la culpa. Esas audiencias deben ser sagradas. Veamos las suspendidas: Jueves 08/02/2007-06-1055- Omar Alfredo Mora Díaz -09:30a.m.-Carlos Enrique Hung Ramos contra C.A. Café Fama de América Suspendida por acuerdo de las partes; 08/02/2007 -06-1060-Alfonso Rafael Valbuena Cordero -10:15a.m.- Julio César Sandoval contra Repostería La Espiga de Oro, C.A.- Diferida para el día 20-03-07; 08/02/2007 -06-1072- Omar Alfredo Mora Díaz -11:00a.m.-Orlando José Barceló Franco contra PDVSA Petróleo, S.A.- Diferida para el día 12-03-07; 08/02/2007 -06-1083- Omar Alfredo Mora Díaz, 11:45a.m.- Emilio Celestino Alfaro Carvajal contra Hotel Tacarigua, C.A. (Hotel Intercontinental Valencia)- Diferida para el día 12-03-07; 08/02/2007 -06-1122- Alfonso Rafael Valbuena Cordero -12:30p.m.- Vicente Antonio José Russo Lecuee contra Transporte de Mercancía y Pasajeros por Tierra y Aire, (TRANSMANDU) C.A.- Diferida para el día 10-04-07; 08/02/2007 -06-1382 -Carmen Elvigia Porras de Roa -01:15p.m.- Juan Colina y otros contra Distribuidora Polar, S.A. (DIPOSA) y otras- Audiencia para dictar sentencia Diferida para el día 10-04-07; 08/02/2007 -06-1214 -Carmen Elvigia Porras de Roa -01:45p.m.- Orlando Enrique Ovalles Gallardo contra South American Enterprises, S.A. y PDVSA Petróleo y Gas, S.A.-Diferida para el día 10-04.
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PIDEN REVISAR DECISIÓN DEL TSJ QUE PERJUDICA A USUARIOS HIPOTECARIOS.- La Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco) introdujo un recurso de revisión ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra una decisión de la Sala Civil de esa misma instancia, la cual obliga a las personas que habían adquirido sus viviendas en dólares en años anteriores a pagarlas con el precio actual de la moneda estadounidense. El presidente de la organización civil Anauco, Roberto León Parilli, indicó que con la decisión de la Sala Civil del TSJ se da un salto atrás, pues se va en contra de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda, aprobada por la Asamblea Nacional, en la cual están incluidos los que compraron apartamentos en dólares. Recordó que cuando se hicieron las negociaciones el dólar estaba controlado por el Banco Central de Venezuela, a través del Sistema de Bandas Cambiarias, el cual fue convertido en 2002 por el llamado Sistema Libre de Flotación del Tipo de Cambio. Cuando los adquirientes de viviendas hicieron sus negocios el dólar estaba oficialmente en 700 bolívares, hoy está en 2 mil 150 bolívares, y a ese precio, tendrían que pagar estos deudores, lo que, según Roberto León Parilli, sería un duro golpe para la economía de estas familias. Recordó que el artículo 23 de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda, publicada el 3 de enero de 2005, fija que los contratos hipotecarios para la adquisición de una vivienda sólo se harán en bolívares, por lo tanto, las contrataciones en moneda extranjera son ilegales. Por ello, se proscriben todas las negociaciones hechas en dólares. “Esto significa que si se hizo una negociación en dólares a 800 bolívares, a ese precio deberá cancelar el deudor hipotecario, y no al precio actual de la moneda extranjera, que se eleva a 2 mil 150 bolívares”, expresó León Parilli. El presidente de Anauco indicó que ante esa circunstancia han introducido un recurso de revisión ante la Sala Constitucional del TSJ contra la sentencia de la Sala de Casación Civil, con ponencia del magistrado Carlos Oberto Vélez, debido a que altera en el fondo, en su sustancia y contenido de la Ley de Protección al Deudor Hipotecario, en lo que respecta a la conversión en bolívares de todos los créditos para la compra de viviendas en moneda extranjera. Según León Parilli, para la Sala de Casación Civil sólo son favorecidos los que tienen contratos protocolizados, la compra propiamente dicha, pero no los contratos con opción a compra. Al respecto, los deudores hipotecarios que han protocolizado sus contratos tienen la opción de pagar en bolívares el valor del dólar para la fecha en la cual firmaron el convenio de venta. Pero los que tienen contrato con opción a compra, tienen que cancelar con el valor actual del dólar: 2 mil 150 bolívares. “La decisión de la Sala de Casación Civil del alto tribunal de la República afecta a más de dos mil familias que tienen contrato con opción a compra”, apuntó.
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A JUICIO TRES GN, UN FUNCIONARIO DE LA PM Y CINCO CIVILES POR EL SECUESTRO DE EMPRESARIO.- Tras los alegatos aportados por el Ministerio Público, el Tribunal 39° en funciones de Control del área metropolitana de Caracas (AMC), ordenó la apertura del juicio oral y público contra tres Guardias Nacionales, un funcionario de la Policía Metropolitana (PM), y cinco civiles por su presunta participación en el secuestro del empresario Anthony Vicente Mazzone, hecho ocurrido el 03 de octubre de 2006, en la urbanización La Floresta. Durante la realización de la audiencia preliminar el fiscal 24 del AMC, Rafael Giménez, ratificó la acusación contra los distinguidos Gerardo José Salas Perales e Jadys Franklin Señior Ortiz; cabo primero Miguel Erasmo Arias Hernández, todos adscritos al Destacamento Nº 56 de la Guardia Nacional (GN), y Luis Rodolfo Flores Villalobos, funcionario del Servicio de Protección Especial de la PM, por la presunta comisión de los delitos de robo de vehículo en grado de coautoría, tipificado en el artículo 5 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotor; robo agravado, secuestro y agavillamiento, artículos 458, 460, 286 establecidos en el Código Penal, respectivamente. Igualmente, el fiscal Giménez, ratificó la acusación por los mismos delitos contra los civiles Elías Rojas Velásquez, Wilmer Alberto Mora García, Carlos Enrique Irázabal, Manuel Manrique Rey y Noel José Armas. Adicionalmente, el representante fiscal ratificó la acusación presentada contra los funcionarios Arias de la GN y Villalobos de la PM, por el uso indebido de arma de fuego, tipificado en el artículo 281 del Código Penal. Asimismo, el tribunal 39º ratificó la privativa de libertad de los hoy acusados, quienes permanecerán recluidos en el internado judicial del Rodeo I y II, hasta que se realice el juicio oral y público.
Cabe recordar que Anthony Vicente Mazzone, propietario de la empresa Agua Mineral Los Alpes, fue secuestrado el 3 de octubre de 2006, cuando se dirigía a su residencia situada entre los sectores de La Floresta y Altamira. Al parecer el industrial fue retenido en una alcabala policial, donde se encontraban los funcionarios activos y los civiles, quienes portaban uniformes de los mencionados organismos de seguridad. Mazzone se pudo comunicar con uno de sus familiares vía telefónica advirtiéndole que estaba siendo secuestrado. De inmediato el familiar hizo la denuncia ante la policía y se logró la liberación del empresario; así como la captura de las personas antes señaladas. Todos los involucrados fueron presentados por el Ministerio Público el 06 de octubre de 2006, y acusados el 17 de noviembre del mismo año.
CONDENADO FUNCIONARIO DE LA ONIDEX EN BARINAS POR CORRUPCIÓN.- A solicitud de Ministerio Público, el Tribunal 5° en funciones de Control del estado Barinas, condenó a un año y seis meses de prisión a un funcionario de la Oficina de Identificación y Extranjería (Onidex) por delito establecido en la Ley Contra la Corrupción, luego de admitir los hechos en la audiencia prelimar. En la audiencia la fiscal 15 con competencia en Salvaguarda del estado Barinas, Luz Yanibe Martínez, ratificó la acusación contra el funcionario Jhonny Fortunato, por la presunta comisión del delito de alteración de libro, previsto y sancionado en el artículo 78 de la Ley Contra la Corrupción. Luego de que el funcionario admitió los hechos en el transcurso de este acto, la juez 5° de Control, Ana María Labriola, dictó sentencia condenatoria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 330 en concordancia con el 376 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Vale recordar que el pasado 16 de noviembre de 2006, el funcionario de la Onidex fue aprehendido de manera flagrante en un módulo de cedulación que estaba dispuesto en el terminal de pasajeros de la referida entidad federal, cuando intentaba sustituir los datos de otra persona sobre una cédula original. Luego de la detención fue presentado ante el Tribunal 5° de Control, el pasado 19 de noviembre del mismo año e imputado por presunta comisión del delito antes mencionado.
