Los buhoneros como problema
El Alcalde de Libertador se preocupa por los buhoneros, esboza una política, dice que no dará marcha atrás, menciona mafias, invoca el apoyo de la ciudadanía. Uno no puede sino aplaudir sus esfuerzos y sus intenciones y hasta alabar su determinación.
Pero es inevitable percatarse de los aspectos que están fuera de su discurso y que terminarán derrotándolo: el tema de la buhonería, o “comercio informal” como debe bautizarse desde una visión políticamente correcta, es mucho más complejo de lo que puede deducirse del discurso del Alcalde.
La necesidad de vivir de la buhonería no ha desaparecido con la “revolución”; se ha acentuado porque, tal como ha sido la historia de este país petrolero-dependiente desde hace muchos años, el comercio es la actividad más remunerativa, menos expuesta a los altibajos de las políticas gubernamentales; y la que mejor capitaliza el gasto público oportunista típico del populismo venezolano. Y además de todo, el Caudillo y sus seguidores estimularon y alentaron la buhonería.
Y ocurre que el auge de la buhonería es la muestra más exacta del fracaso económico de la “revolución”. Ha aumentado de tal modo su importancia como actividad económica con el auge de las importaciones de los últimos años, que ha devorado el espacio público central, y ejerce una presión casi insostenible en la dinámica de la ciudad.
Y lo que sorprende es que el Alcalde Bernal espera hacer frente a esa presión con una inesperada muestra de apoyo al “capitalismo salvaje”, porque construir centros comerciales urbanos para buhoneros equivale, como he dicho en otras oportunidades, a subsidiar el comercio “salvaje”: busque usted apoyo de la mafia para convertirse en buhonero y a la larga le darán derecho a un local en un centro comercial mal construido, mal equipado, posiblemente mal gerenciado, destinado a ser un antro en pocos años, pero eso sí, en el centro de una ciudad, barato y a su alcance. El puesto que usted ocupaba en la calle será llenado por otro buhonero que espera también ser subsidiado y así sucesivamente. Y la presión continuará, con lo cual Bernal pasará a ser el chico malo de la partida.
Un problema como éste escapa a los límites del poder de un alcalde. Sin una política de Estado respecto al comercio informal, destinada a desestimular la buhonería en pro de actividades productivas o de sistemas de comercialización alternativos en las periferias de las ciudades, accesibles por transporte público, la política de las alcaldías tiene necesariamente que ser represiva, está vinculada en último término a restringir y en muchos casos a impedir la ocupación del espacio público central.
Diríamos más: si se tomara realmente en cuenta la escasez de espacio público en Caracas tendría que concluirse en que la buhonería es una amenaza para la ciudadanía en general y cualquier concesión que se le otorgue tendría que estar respaldada por una ganancia de espacio público. Dicho de otra manera: sólo debe permitirse la buhonería en zonas donde se haya ganado espacio público y sea posible ubicarla como actividad complementaria del libre fluir del tráfico peatonal.
Pero ese no ha sido el caso. Aparte de los centros comerciales al instante, lo que se ha hecho por ejemplo en Sabana Grande es concentrar la buhonería en una ranchería improvisada en un terreno “disponible” (¿?). Del “Concurso de Ideas” que se organizó muy poco va quedando y a los ganadores ya se les dijo que esperen, por ahora. Nada parece indicar que se esté proponiendo un plan integral, un Proyecto Urbano. Y lo que se anuncia para el centro de la ciudad es lo mismo: expropiar a altísimos costos, por allí mismo, y crear otros ghettos “comerciales” subsidiados por el Estado. Nada más salvajemente capitalista.
Hemos insistido en que no hay posible “solución” del problema de la buhonería en una ciudad como Caracas sin una agresiva política de mejoramiento de los espacios ciudadanos, para lo cual la participación financiera del Estado Central se revela imprescindible.
Por eso resulta patético oír a Bernal diciendo que espera que el Poder Central “le eche una mano”, cuando es precisamente el Poder Central el que debería estar promoviendo un modo de actuar en Caracas del cual Bernal sería uno de los instrumentos ejecutores. La ausencia de la Alcaldía Mayor como coordinadora es aún más notoria, y el compañero de Petare tendrá muy pronto que decir algo. Ya veremos qué propone, aparte de control policial.
Ahora bien, en descargo parcial de Bernal, hay que decir que no ha habido nunca una política sostenida de acción sobre Caracas para convertirla en mejor ciudad, para afrontar sus graves problemas como política de Estado. La institución más idónea para adelantarla como instrumento administrativo, que es el Centro Simón Bolívar, fue muy mal manejada. Ya desde los años de Betancourt se decía que estaba en bancarrota y sin embargo se la reflotaba porque su estructura jurídica resultaba útil. Y a pesar de todo pudo ser instrumento de algunas intervenciones positivas, eso sí, sin la transparencia que cualquier democracia seria hubiese exigido. Y cuando en 1998 llegó al Poder esta revolución salvadora la han manejado con tan escandalosa ineptitud que ya sólo eso sería suficiente para el descrédito del régimen, incapaz de impulsar en Caracas proyectos de mejoramiento integral, estables, con respaldo a largo plazo. Estas muestras, sin embargo, no conmocionan a los ideólogos que aplacan sus malas conciencias con generalidades “revolucionarias” que son cada vez más inexactas.
Y llegamos a un asunto esencial: la dirección política venezolana no ha entendido sus responsabilidades en cuanto al mejoramiento de la calidad de la vida urbana en nuestro país y particularmente en la capital. Ha evadido la discusión sobre las líneas de acción a seguir. Hay un vacío que debe llenarse con una política urbana verdaderamente moderna y de beneficio general. No el amasijo de contradicciones que ha sido este régimen. Ni el silencio de los años anteriores.
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A quién pertenece el espacio público ¿al ciudadano o al comercio improvisado?