¿Cómo?
Cuando, la semana pasada, escribimos sobre la “Educación en riesgo”, enunciamos las situaciones que está provocando el régimen para constreñir los derechos de los ciudadanos venezolanos alrededor del tema de la educación en todos los niveles, desde el maternal hasta la universidad.
Como consecuencia de nuestro escrito recibimos varias opiniones que avalaban nuestros planteamientos más nos llamó la atención el mensaje de un apreciado amigo, notable miembro de una de nuestras Academias, quien nos urgía a plantear las formas de combatir los pasos que está dando el régimen de desaforados que nos dice gobernar.
Hemos planteado, en ocasiones en que tratamos situaciones similares, que a pesar de que la institucionalidad del país se encuentra en terapia intensiva y que casi todos los miembros de ellas están postrados ante los designios de Miraflores, hace falta insistir en demandar nuestros derechos ante los tribunales correspondientes.
Un magnífico ejemplo lo tenemos en los planteamientos que ahora se presentan mediante la ley habilitante y a fines del año pasado fueron planteados dentro de la reforma constitucional.
Decíamos entonces que la Constitución vigente proscribe la posibilidad de replantear, dentro del mismo período presidencial, cualquier reforma que se haya derrotada. Mal puede el presidente, por un camino alterno, cambiar disposiciones que fueron sometidas y derrotadas en un referendo.
Todas las instituciones que están involucradas en las actividades educativas: colegios, liceos, universidades, asociaciones de padres, asociaciones de colegios y personas naturales afectadas, deben introducir individual y masivamente las querellas que exijan a los tribunales correspondientes, pronunciarse sobre la legalidad de las reformas que se aspira imponer, después de haber sido derrotadas en el evento electoral del pasado dos de diciembre.
Además, cada colegio, liceo o universidad debe también plantear, en querella separada, el derecho que le asiste de aceptar a educandos que tengan el nivel adecuado a sus estatutos y reglamentos y hacer respetar la calidad de la educación que han impartido a través de todos los años de funcionamiento. En este caso se pueden intentar demandas donde los agraviados sean los egresados de cada una de esas instituciones ya que al disminuir la calidad de su colegio, liceo o universidad se está atentando contra la calidad del título que detenta.
Otra alternativa, que ha tenido resultados positivos es la de las manifestaciones masivas contra las regulaciones planteadas. Es relativamente fácil demostrar que las manifestaciones realizadas a raíz del intento de promulgación del Decreto 1011, tuvieron el efecto deseado.
Por último, estamos convencidos de que la rebeldía de las instituciones y de los gremios afectados, tal como ha sido anunciado por las más prestigiosas universidades del país, es perfectamente asimilable a lo planteado en el artículo 350 de la Constitución vigente.
Caminos hay, lo que parece faltar es la voluntad de recorrerlos.
