10 de diciembre y la pobreza
Ayer se cumplieron 61 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese fue el logro jurídico más importante del mundo en el siglo XX, luego de haberse constatado la realización de los peores crímenes que seres humanos podían cometer contra sus semejantes haciendo uso de los recursos del Estado, tales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y de guerra, en los cuales la propiedad fue el blanco de arteros ataques, como forma de destrucción de vidas humanas y sus pertenencias.
Los democidios basados en el odio, la colectivización de la propiedad y la lucha de clases causaron más muertes que los otros móviles políticos, raciales, religiosos o étnicos del siglo pasado. Tal como lo han dicho líderes Europeos en la Declaración de Praga, a los 20 años de la caída del Muro de Berlín (ver: http://www.aiven.org/profiles/blogs/declaracion-de-praga-20-an os )
En 1948 Venezuela se adscribió a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la ONU, además de diversos Pactos y Convenciones mundiales y regionales en los cuales se aceptó que la propiedad es un derecho fundamental de todas las personas. Tales instrumentos consagraron que «TODOS Y TODAS TENEMOS TODOS LOS DERECHOS». El cual, aplicado a la propiedad se debe afirmar que «TODOS Y TODAS TENEMOS DERECHO A LA PROPIEDAD».
El constituyente de 1999 incorporó la Declaración y Plan de Acción de Viena de 1993, consecuencia de la caída del Muro de Berlín, en el texto constitucional. En tal sentido, ahora es norma de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios del Estado. La doctrina constitucional del TSJ equipara los derechos humanos consagrados en Tratados con los fundamentales que prevé la Constitución, los cuales son imperativos de forma inmediata y directa frente a normas regresivas.
Para Amnistía Internacional la pobreza es «la mayor crisis de derechos humanos del mundo». La pobreza se incrementa, entre otras causas, por el intento deliberado de destruir la propiedad privada: el Estado confisca a los “ricos” (quienes son empleadores) y deja sin trabajo ni oportunidades a los pobres porque el Estado se adueña de todo, mediante el mito de la llamada “Propiedad Social”, es decir del Estado. Para el Estado todo, dentro del Estado todo, fuera del Estado nada, es la lógica de esta visión de la política antieconómica conducida por una burocracia ávida de poder y privilegios. La supremacía del Estado sobre los derechos humanos ha traído mayor desolación, pobreza y muerte.
La calidad de vida de la gran mayoría se ve deteriorada por la inflación y el desempleo que empobrecen a todos y devastan cualquier ingreso que tengan los ciudadanos.
La pobreza es injusta. Para combatir la pobreza los empresarios pueden hacer mucho, si lo permite el Estado y la burocracia que lo maneja: basta con asumir el compromiso de responsabilidad social empresarial previsto en el Pacto Mundial empresarial, cumplir con los 10 Principios y con el Desafío del Milenio impulsados por la ONU. Allí está parte de la clave. Insistir en el modelo soviético, cubano y de cualquier otro signo fracasado solo traerá mayor pobreza y la imposibilidad de acceder a la riqueza y el bienestar colectivos.
En Venezuela se debe desarrollar la legislación que tutela la propiedad conforme a los principios y reglas del Estado Constitucional Democrático y Social, de Derecho y de Justicia que prohíbe la confiscación de la propiedad, lo que es una exigencia de los basamentos de la justicia social, de la Constitución de 1999 y de todos los Tratados Internacionales vigentes. Solo creando riqueza, protegiendo la propiedad y generando empleos puede haber más bienestar y oportunidades para todos.
