Ortega Díaz: Ministerio Público registra 26 muertes en protestas
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó este martes que el Ministerio Público (MP) ha registrado 26 muertes durante las protestas en abril en todo el territorio nacional.
Desde una rueda de prensa en la sede de la Fiscalía, en la que no respondió preguntas, Ortega Díaz afirmó que han perecido cuatro adolescentes y 22 adultos. Agregó que en El Valle ocho personas murieron electrocutadas. Indicó que próximamente publicarán un listado de fallecidos y detenidos en el portal de la institución.
Igualmente expresó que investigan las lesiones a 437 personas, 182 delitos comunes y 247 violaciones a derechos fundamentales.
Según Ortega, los hecho de violencia se han registrado en la mayoría de los estados, «salvo en seis».
La fiscal señaló que 1.289 personas han sido aprehendidas, 65 han sido privadas de libertad y 217 serán presentadas ante tribunales en las próximas horas.
«El MP ha velado por la integridad de la personas privadas de libertad», enfatizó, al tiempo que recordó que están obligados a garantizar el debido proceso.
También informó que al Ministerio Público se le ha dificultado la imputación de delitos por la «carencia absoluta» de información para hacerlo, pues afirmó que algunas detenciones del CICPC y la GNB se han hecho sin sustento. “Si la persona no cometió delito no puede ser sancionada”, añadió.
Insistió en la importancia de las actas policiales para que no haya impunidad. “El país necesita seguridad jurídica”, recalcó.
Claves de la declaración de la fiscal
1.- El MP ha usado a sus técnicos para conocer las causas de la muerte de todos los fallecidos.
2.- El MP ha requerido libertad plena o medidas cautelares sustitutivas de libertad para los detenidos en protestas.
3.- Las actas policiales de detenidos en protestas no narran los hechos en los que se produjo la detención. Esto impide imputar delitos.
4.- Tribunales han solicitado la presentación de fiadores aunque no se puede establecer delitos por errores en las actas policiales.
5.- Incluso en los Estados de Excepción se debe garantizar el Debido Proceso.
6.- El país necesita seguridad jurídica.
