El patrimonio degradado
Notable revuelo ha causado una providencia del Instituto del Patrimonio Cultural, publicada en la Gaceta Oficial del 29/09/09, que declara “bienes de interés cultural” a 1.216 elementos en el solo municipio Libertador del Distrito Capital, un elenco que incluye avenidas, autopistas y distribuidores de tránsito, casas, edificios e iglesias y hasta urbanizaciones completas (en declaraciones posteriores el Presidente del IPC ha hablado de 80 mil bienes de interés cultural a nivel nacional, lo que da una media de alrededor de 330 por habitante). Por la evidente incompetencia en la materia de quien escribe, aquí no se entrará en el análisis de las implicaciones jurídicas de semejante providencia, que evidentemente comporta cuando menos nuevas cargas en el momento en que se quiera disponer del bien; en cambio sí se discutirá su pertinencia en términos arquitectónicos y urbanísticos.
Lo primero que desde esa perspectiva se debe decir de tal registro es que ni siquiera permite la habitual metáfora de la “lista de mercado”, que por heterogénea que sea tiene siempre una coherencia de fondo, sino más bien la del “saco de gatos”, donde la aparente homogeneidad no impide el alboroto ni los mutuos y sangrientos arañazos: en él se incluyen edificaciones de valor arquitectónico discutible para las que ni siquiera puede aducirse el mérito de la antigüedad o la tradición, como la recién terminada iglesia maronita de Los Caobos, o el poco menos que inexistente “parque” Maracaibo en Las Palmas; además, casas y edificios prescindibles y presumiblemente muy alterados respecto al proyecto original, se equiparan a otros de notable valor y bien conservados, como la que fuera residencia de Carlos Raúl Villanueva en La Florida o el edificio sede del diario El Universal en la avenida Urdaneta. Con esta falta de rigor lo que ocurre es que se termina negando el valor del patrimonio, puesto que si todo es patrimonio, el carácter distintivo de lo patrimonial se anula de suerte que entonces nada es patrimonio: de hecho, visto lo que se ha incluido en ese listado, él podría ampliarse a todo el parque inmobiliario del municipio.
A lo anterior debe agregarse que, al catalogar como bienes de interés cultural a los ele-mentos constitutivos de ese infinito listado, es obligatorio considerar que, entonces, ellos son además bienes de interés público, por lo que las cargas que derivan de esa calificación deberían cuando menos ser soportadas también por la colectividad y no exclusivamente por los propieta-rios: de hecho así ocurre en los países que mejor han tutelado su patrimonio, estableciendo estí-mulos, subsidios y exenciones que han resultado decisivos para la preservación de dichos bienes. En Venezuela eso no ocurre, y por ello la casa de Manuel Mujica Millán en Campo Alegre, declarada Monumento Histórico Nacional, está convertida en una ruina mientras que las au-toridades de la UCV deben hacer malabarismos para frenar el deterioro de la Ciudad Universitaria, Patrimonio de la Humanidad.
Todo lo anterior obliga a plantearse algunas preguntas, y la primera es si tiene el IPC, cuya competencia por cierto es nacional, capacidad no ya para orientar a los propietarios en materia de la conservación de esos bienes, sino simplemente para supervisar un registro tan vasto en el solo Distrito Capital. Muchas de esas edificaciones, seguramente la mayoría, han sufrido además alteraciones a veces muy importantes en relación al proyecto original: ¿se aspira a su restitución, impidiendo al propietario disponer de ella hasta tanto no lo haga? Si fuere así, ¿cómo se verifica ese estado original y quién lo certifica? En todo caso creemos que lo sensato sería hacer una selección más rigurosa y formular estrategias de rescate y planes especiales, competencia por cierto de los gobiernos locales, que además de garantizar la efectiva restauración y preservación de las obras de auténtico valor, permitan la recuperación de su entorno urbano, condición indispensable tanto para su pleno disfrute como para garantizar una conservación sostenible. El listado incluye, por ejemplo, el “Centro Histórico de Caracas”, pero no lo delimita ni temporal ni espacialmente, generando la consiguiente incertidumbre sobre un ámbito en el cual, se lo defina como se lo defina, lo que prevalece es la heterogeneidad.
Debemos suponer la buena fe de quienes elaboraron el listado, pero cuando se piensa en la posición asumida por el IPC en el caso del mercado de Chacao las evidencias de la intencionalidad política, a menos que se suponga también la estupidez, resultan abrumadoras. Por último, es forzoso preguntarse también si habrán reflexionado tan celosos guardianes del patrimonio acerca de su compatibilización con la dinámica urbana de la ciudad. A estas pías almas, obsesionadas por meter en el saco patrimonial cuanto objeto encuentran, hay que recordarles las palabras del maestro Giulio Carlo Argan: “conocemos tiempos en los que de mármoles antiguos se hacía cal y en los cuales, sin embargo, se creaban obras maestras; y otros en los que se hacía un arte pobre y se conservaban celosamente los mármoles antiguos”.
