17 de julio de 1998
El 17 de julio se cumplieron 11 años de la firma del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (el “ER”). Es una celebración de la cultura globalizada de los derechos humanos, por la cual las víctimas y sobrevivientes de las peores atrocidades cometidas por seres humanos contra sus semejantes conmemoran el inicio del cese de la impunidad.
Hasta ahora el ER sido firmado por 139 países y ratificado por 109, siendo Chile el más reciente en hacerlo. Tales miembros han aceptado voluntariamente el compromiso de aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (“CPI”) de forma plena y han debido reformar su legislación interna. Venezuela no ha reformado legislación a pesar de haber sido uno de los impulsores iniciales más vigorosos. Afortunadamente, se ha aceptado su jurisdicción y todos los venezolanos nos encontramos bajo su tutela.
Los crímenes internacionales de genocidio, de lesa humanidad y de guerra se han tipificado para brindar a los países un modelo que debería servir para hacer lo propio en las leyes nacionales. Esa es la idea. La CPI no es un tribunal de alzada, tampoco una corte subsidiaria. Se trata de una instancia internacional que complementa la legislación interna de cada país. Su competencia se activa en caso de que un Estado no pueda o no quiera castigar tales crímenes (efecto “gatillo”).
La CPI viene conociendo, hasta ahora, de cuatro casos. A saber: (i) República Centroafricana, (ii) Darfur, en Sudán (iii) República Democrática del Congo y (iv) Uganda. En tales casos se han librado diferentes órdenes de detención contra los responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra tales como: violación, tortura, ultrajes a la dignidad personal, en particular tratamiento humillante y degradante, saqueos a poblados o lugares, persecución, asesinato y ataques contra población civil, traslado forzoso, destrucción de propiedad y actos inhumanos, entre otros.
El caso de Darfur se destaca por tratarse de un Presidente en ejercicio en Sudán, Omar Hassan Ahmad al-Bashir, contra quien la CPI dictó orden de detención, acogiendo la solicitud del Fiscal Moreno Ocampo. Como respuesta, Al Bashir. A quien se le imputan responsabilidades de mas de 300.000 muertes y varios millones de desplazados por efectos de la violencia que se atribuye a Al Bashir. Los cargos fiscales de la acusación aceptados por la CPI son crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluyendo la violación generalizada, el asesinato y la tortura cometidos como parte de un plan de gobierno.
Lo más preocupante es constatar como se hace uso del poder para cometer tales atrocidades. Por ejemplo, en Darfur «los criminales debieron movilizar y coordinar todo el aparato estatal, desde los servicios de seguridad hasta las burocracias de información pública y el sistema judicial», como ha dicho el Fiscal ante la CPI, Dr. Luis Moreno Ocampo.
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado: “La ley es clara. El presidente al Bashir debe comparecer ante la Corte para defenderse. Si se niega a hacerlo, las autoridades sudanesas deben asegurarse de que es detenido y entregado inmediatamente ante la CPI”. Según Irene Khan: “El anuncio de la orden de detención es importante tanto para Darfur como para el resto del mundo: indica que las personas sospechosas de violar los derechos humanos serán juzgadas, no importa lo poderosas que sean”. (Ver: (%=Link(«http://www.es.amnesty.org/paises/sudan/noticias-relacionadas/articulo/amnistia-internacional-pide-que-se-detenga-al-presidente-al-bashir/»,»http://www.es.amnesty.org/paises/sudan/noticias-relacionadas/articulo/amnistia-internacional-pide-que-se-detenga-al-presidente-al-bashir/»)%))
Los juicios de Nüremberg, Tokio, Rwanda, la Ex Yugoslavia, Sudáfrica, Timor del Este, Kampuchea son Cortes Ad-Hoc precedentes fundamentales de lo esfuerzos por acabar con la impunidad. Quedan huellas indelebles por la impunidad en casos como Ucrania, Colombia y el Tibet, entre muchos otros, por llevar a juicio.
Falta mucho por hacer para combatir los peores crímenes contra la humanidad. Lo más importante es que los Estados cooperen para erradicar la impunidad, que se desarrolle la jurisdicción universal, se implante el derecho penal internacional en cada país y que se sancione severamente cada crimen internacional, sin miramientos a privilegios políticos, militares, parlamentarios, económicos o diplomáticos de los responsables. El Estado se ha construido para servir a los seres humanos, no para masacrarlos, perseguirlos o torturarlos.
La Coalición de ONG’s por la Corte Penal Internacional ((%=Link(«http://www.iccnow.org/?lang=es»,»http://www.iccnow.org/?lang=es»)%)), conjuntamente con Amnistía Internacional, Genocide Watch y otras ONG’s han venido esforzándose de forma ininterrumpida, por hacer que los Estados NO firmantes se adhieran y porque los firmantes la ratifiquen. Lo más importante, además, es el desarrollo interno. Venezuela reclama un nuevo instrumento legal que desarrolle el ER, tutele el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario. La humanidad espera por nosotros.
