Presos necesarios, crímenes inevitables
PRISIONEROS DE GUERRA. Ciudadanos de dentro y fuera del país han solicitado, exigido o implorado por la libertad de los presos políticos con la esperanza de tocar alguna sensibilidad sobreviviente en los corazones de cuero seco de quienes gobiernan. Se ha recurrido a recordar fechas de perdón y los derechos humanos se han invocado. Posiblemente haya sido una estrategia descaminada aunque realizada con la mejor buena fe.
Los presos políticos y los exiliados, civiles, militares y esa franja heroica de la Gente del Petróleo, especialmente los vinculados a las luchas que van desde 2001 a 2007, son necesarísimos para la estabilidad de un régimen que por muchas razones y frentes se tambalea. El comisario Iván Simonovis ha llegado a simbolizar a los presos y, al mismo tiempo, el ensañamiento brutal de los dueños del país. ¿Por qué esta miseria moral que impide un gesto como el que la democracia tuvo con Chávez?
La razón es una sola: esos presos y exiliados son necesarios para mostrar que en abril de 2002, así como en otros momentos, la oposición intentó un «golpe de estado». Los prisioneros y perseguidos son «la prueba» viviente de que lo que ocurrió en 2002 no fue que Chávez renunció y se entregó, ni tampoco que la sociedad civil logró su salida, ni que los militares de entonces -en perfecto apego a la Constitución- se negaron a masacrar a los manifestantes. Los necesitan para mostrar que los golpistas no son los de 1992 y que los asesinos no son los que dispararon en vivo y directo desde Puente Llaguno, sino que son otros: los demócratas. Esos prisioneros y exiliados son indispensables para que quienes mataron en 1992 y en 2002 puedan culpabilizar a los demócratas de lo que los golpistas hicieron a sangre fría en Miraflores y La Casona. De acuerdo a los rojos, los golpeados se habrían convertido en golpistas, los asesinos en héroes, las víctimas en culpables, los déspotas en demócratas y los demócratas en facciosos.
Ese requisito les impide ceder a la demanda de libertad para los presos. Esta lucha por los derechos humanos ha creado tensiones severas en el seno del gobierno. Hubo una maniobra que se expresó en el planteamiento de José V. Rangel, luego acompañado por Luisa Ortega -del mismo grupo de Rangel-, quien requirió la libertad de Simonovis con argumentos humanitarios. La idea de Maduro y su sector fue la de responder a la presión nacional e internacional como si fuese mas bien una respuesta positiva a su propia gente. Eso sin embargo se frenó porque otros sectores, especialmente el encabezado por Cabello y en coincidencia con los cubanos, se opusieron a la propuesta. Habría sido -según estos- la admisión de alguna inocencia del comisario, de los demás prisioneros y exiliados. El exdirector de la Disip, Eliécer Otaiza, fue bestialmente preciso: «Por mí que se pudra Simonovis, que se muera en la cárcel por irresponsable y asesino. Él es el responsable del plan del 11A. Mientras fui director de la Disip les advertí que no conspiraran contra la Patria y si se les ocurría los íbamos a buscar».
LOS HIJOS DE LA REVOLUCIÓN, MATAN. Los presos políticos y los perseguidos son víctimas de la necesidad de sobrevivir que tiene el poder rojo, para lo cual se ha suspendido la vigencia de la Constitución y de las leyes. En esta y otras situaciones la ley es una limitación a los propósitos del bochinche bolivariano. Una de las más evidentes demostraciones es el fraude electoral continuado que exige la violación de todo lo que comportaría un proceso electoral creíble y decente, sean leyes o estatutos. Este narrador ya lo ha referido. Alguna vez un prócer chavista le dijo que «si la ley y la justicia entran en contradicción, la justicia debe prevalecer sobre la ley»; es decir, traducido del idioma chavista, si la ley se opone a lo que yo considero que hay que hacer, al demonio con la ley.
Como es obvio la Constitución no permite la arquitectura de un poder brutal, dictatorial y total, de allí que su violación no solo sea posible o conveniente sino imprescindible. Es lo que permite a su Alto Mando convertir una institución como la militar en una pandilla política y es lo que allana el camino para que no exista sanción de ninguna naturaleza sobre los que violan las leyes, todo recubierto de la retórica según la cual las desviaciones de la ley son el indeseable subproducto de la pobreza, del capitalismo, del imperialismo o del Pacto de Punto Fijo.
Al desintitucionalizarse el país se ha institucionalizado el delito como acto de justicia -quien no robaría para darle de comer a su hijo, dijo el finado-. A lo cual se puede añadir que dentro de esa lógica es válido preguntar quién no empuñaría armas si hay que defender la revolución o quién no distraería unos reales si hay que acumular para la época de vacas flacas. Sobre esta lógica se ha instalado el crimen, el narcotráfico, la corrupción y el Estado mafioso.
El asesinato de Spear y de su esposo es cierto que es uno entre decenas de miles, pero tiene un simbolismo particular porque la actriz es reconocida y fue muy apreciada personal y profesionalmente, además de ocurrir el crimen en un momento de indignación social creciente. Pero esas muertes, al lado de tantas otras, expresan la impunidad frente al delito que nace del irrespeto básico a la ley que un régimen como el actual cultiva con deleite. Por cierto, una buena parte de estos que asesinan eran niños que se convirtieron en adolescentes y jóvenes dentro del bochinche bolivariano. Los asesinos de Mónica y de su esposo tenían 1, 2, 6, y 11 años cuando llegó este régimen. Son parte de los resultados de la sociedad que el régimen creó. Es su evidencia y su fracaso.
PAMPLINAS ADORMECEDORAS. Cada vez que Chávez se encontraba acorralado llamaba al diálogo para desecharlo, una vez que se volvía a fortalecer. No se trata de rechazarlo sino de fijar la agenda y no negociar en el terreno del régimen; de lo contrario es gestualidad complaciente, llena de risitas, que lo que hace es indignar más a la ciudadanía.
Un régimen fundado en la ilegalidad, con un mandatario ilegítimo, no es más que la expresión de una sociedad en la que han desaparecido las normas reguladoras de la vida social. El crimen cotidiano es la otra cara del crimen de las mafias que controlan el Estado. Una sociedad no puede escoger a dedo los delitos que combate: si no combate todos no combate ninguno. Y hoy no se combate ninguno.
