¿Seguiremos mirándolo por televisión?

“En la trinchera no hay ateos”

Siempre he sostenido que “con una Justicia seria, independiente y rápida, todo será posible; sin ella, nada lo será”. Hoy afirmo que la nuestra, con sus inexplicables demoras en la justificada detención –porque están alterando las pruebas y se los imputa de delitos no excarcelables- de los responsables del saqueo, contribuye en mucho a afectar la gobernabilidad.

Esta semana el operativo destituyente del kirchnerismo –sumado a un importante sector del peronismo de la Provincia de Buenos Aires, a los “trabajadores de la educación”, a las dos CTA, a los movimientos trotskistas y a organizaciones piqueteras- para recuperar el poder y, por qué negarlo, garantizar la impunidad de su jefa y la banda de gangsters que integran su asociación ilícita, se puso finalmente en marcha. Lamentablemente, los tres gobiernos se rehusan a utilizar la fuerza pública para evitar los desmanes, por miedo a que les tiren un muerto, el recurso habitual de los complotados. Olvidan que esa actitud se transformará en una elevadísima factura que les presentará en octubre su propia base electoral, harta de las complicaciones que los permanentes cortes e impedimentos traen aparejadas, mientras que los beneficiarios de tanta inacción jamás los votarán.

La pregunta obligada es, entonces, qué debemos hacer los ciudadanos de a pie, que mayoritariamente optamos por Macri y Vidal, para evitar que estos subversivos sigan avanzando, como siempre ha sucedido cuando quien ocupaba la Casa Rosada no era peronista. ¿Cómo olvidar que, para robarse YPF, Néstor nos dejó sin luz ni gas, y con ello dilapidó las reservas?, ¿que “desapareció” los fondos de Santa Cruz?, ¿que trató de destruir al campo?, ¿que canceló anticipadamente la deuda con el FMI y nos endeudó con Chávez a tasas enormemente mayores?, ¿que el kirchnerismo fue socio del potenciado narcotráfico?, ¿que su viuda intentó “democratizar” la Justicia y colonizó la Procuración General y la administración pública en general?.

Aún en contra de la voluntad de Cambiemos, ¿no deberíamos salir nosotros a la calle para demostrar que somos más, que queremos la democracia y estamos dispuestos a defenderla a como dé lugar? ¿Por qué no desobedecer a los llamados a las huelgas e ir a trabajar? ¿Por qué no manifestarnos frente al Consejo de la Magistratura para exigirle que controle a los jueces y los obligue a acelerar los procedimientos para terminar con la impunidad de tantos ladrones, que se ha transformado en un verdadero cachetazo a la sociedad? Si fuera verdad que un sector del Gobierno prefiere a Cristina Fernández en libertad para polarizar con ella en octubre, incurriría en una especulación bastarda que, además, puede costarle muy caro.

Mauricio Macri, con errónea vocación por evitar dar malas noticias, se abstuvo de explicar la magnitud de la crisis -que no había sido percibida como tal, pese a ser enormemente más grave que la del 2001- heredada de la verdadera década infame que lo precedió; la última oportunidad para hacerlo la perdió el 1° de marzo de 2016, cuando inauguró por primera vez las sesiones ordinarias del Congreso. Hoy, a quince meses de haber asumido, es obviamente tarde y eso contribuye a facilitar la penetración del discurso subversivo en una sociedad innegablemente golpeada por una economía que, si bien ya muestra signos de crecimiento, no ha llegado aún a aliviar la situación de los más desprotegidos.

Por lo demás, víctima de su férrea creencia en una nueva forma de comunicación y pecando de un exceso de pluralidad en los medios propios, padece el manto de silencio que la prensa en general ha extendido sobre sus logros, muchos de ellos importantes, mientras se centran en las malas noticias, que los inconformes y los preocupados magnifican.

Todos los líderes gremiales, en especial aquéllos que integran el triunvirato que dice conducir a la “columna vertebral del peronismo”, padecen de un mismo mal. Acosados por la izquierda insurreccional que los corre a panzazos, acompañada por el siempre oportunista kircherismo, describen problemas inexistentes (el desempleo y la excesiva importación) y perjudican a quienes dicen representar mientras no ofrecen solución alguna. El cierre de la economía que reclaman (“vivir con lo nuestro”, como pretendía Aldo Ferrer) condenará a los argentinos a seguir pagando más caros los productos que necesitan, que serán de inferior calidad; la limitación legal a los despidos y suspensiones que exigen, y los incrementos de los costos laborales, impedirán la creación de nuevos empleos; los eventuales aumentos de impuestos o la emisión monetaria o el endeudamiento –si no es así, ¿de dónde saldrán los recursos?- para financiar los planes y subsidios generarán mayor inflación, que siempre terminan pagando los asalariados.  

Lo remarcable es que toda la actividad desplegada para expulsar al Gobierno –huelgas salvajes, piquetes de todo tipo, ollas populares, violencia callejera- no hace más que perjudicar a sus presuntos beneficiarios. Al impedir que se eduquen y se perfeccionen, aleja sus posibilidades de reinserción en un mundo que expulsa a trabajadores no calificados para reemplazarlos por robots; al generar tanta inestabilidad institucional, espanta las posibles inversiones; al cerrar las calles al transporte, dificultan enormemente la llegada al trabajo de todos, haciéndoles perder los premios por presentismo.

Los jerarcas docentes (¡hemos cambiado a Sarmiento por Baradel!) están expulsando a los niños de la educación pública, ya que el ausentismo tradicional y los frecuentes paros obligan a los padres a inscribirlos en escuelas parroquiales y privadas, duplicando el gasto familiar y, al no dar clases, complican la vida de las familias más pobres, que no tienen con quien dejar sus hijos y, muchas veces, hace que éstos pasen hambre. Lo peor es que los reclamos salariales son acompañados por la cerrada negativa a que se evalúe la enseñanza. El presupuesto destina el mayor porcentaje de la historia (exceptuando al período de Illia) a sostener la educación, pero el 90% se destina a sueldos. Por cada cargo docente hay cinco maestros y uno de cada cuatro nunca trabaja como tal; sin embargo, la brillante moción de Juan José Llach para que se negocie con los gremios corregir esa horrible distorsión, despedir a los permanentes ausentes y repartir el dinero así ahorrado entre los que sí trabajan (25% de aumento) ni siquiera fue escuchada.

María Eugenia Vidal está haciendo lo correcto al mantenerse firme frente al salvajismo de los líderes docentes que mantienen a millones de chicos fuera de las aulas; la ciudadanía debe condenarlos sin matices y salir a la calle para respaldar a su Gobernadora en esta puja. Pero ella también está obligada a actuar para terminar con la indignidad que constituyen tantos ladrones kirchneristas -empezando por el mismo Daniel Scioli-, que han saqueado a la Provincia y transformado al Conurbano en un páramo de violencia, droga y miseria, pavoneándose en libertad mientras convocan a la destitución de las autoridades electas.

Un párrafo final para el dilema que enfrentará en los próximos días la Corte Suprema cuando deba decidir sobre la libertad de Milagro Salas (que no es una presa política sino una política presa y puede interferir u alterar pruebas en la investigación de los múltiples delitos que se le imputan) que le reclaman los organismos internacionales de derechos humanos, y su sempiterno desprecio por la suerte de los dos mil presos militares y civiles, ancianos a los cuales se les niega la detención domiciliaria pese a su edad y a las enfermedades que padecen y, en muchos casos, soportan prisiones preventivas por décadas. Con la integración de los Dres. Rosatti y Rosenkrantz, ¿seguirá siendo tuerta?