De Chacao a La Francia
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El régimen, en este caso a través del Instituto del Patrimonio Cultural, parece haber puesto especial interés en que la Alcaldía de Chacao no pueda construir una obra de primordial utilidad para la comunidad como es el Centro Cívico municipal. La excusa: el espacio previsto para ese fin está ocupado por un rancho más o menos en ruinas en el cual permanece una docena de los antiguos expendedores del tradicional mercado libre de Chacao que, por incomprensibles razones, se niegan a mudarse a la moderna sede, inmediatamente vecina, donde se ha trasladado la absoluta mayoría de sus colegas. Se argumenta que, mientras ese extravagante puñado de vendedores de verduras se mantenga allí, la ruina no puede ser demolida por albergar una “tradición oral” registrada por el IPC como Bien de Interés Cultural.
El edificio La Francia, en la esquina de Las Monjas, debería merecer con creces un trato similar: es como se sabe, desde hace al menos medio siglo, el centro de referencia de la joyería caraqueña, muy particularmente de la artesanía del oro, al punto que ha trascendido fronteras y se ha convertido en destino turístico frecuente. Pero en este caso ese valor no parece merecer reconocimiento porque, a diferencia de la destartalada estructura del viejo mercado, intocable incluso para posibilitar la ejecución de una obra de evidente interés comunitario, se ordena su expropiación y consiguiente desalojo sin mediar los procedimientos de rigor, sin tener claro el objetivo de tal decisión y sin importar el destino de quienes allí laboran.
Estos dos casos, que pudieran parecer insignificantes en una visión amplia de las políticas urbanas, ilustran de ejemplarmente los criterios que prevalecen en esta Venezuela de la decadencia para decidir sobre la ciudad. En el primero se está frente a una clara maniobra de sabotaje contra una Alcaldía no grata al régimen, inescrupulosamente amparada por profesionales que se prestan a justificarla. Al tratarse de una política carente de valores éticos fundamentales, poco importa que a quien en definitiva se perjudique sea a los ciudadanos. En el segundo destaca un Alcalde sumiso al poder central e irresponsable frente al mandato de quienes lo eligieron, respaldado por la mudez cómplice de los profesionales del IPC y los que en su despacho responden por las políticas urbanas.
