Autonomía universitaria (3)
Derrocado Isaías Medina Angarita, el 18 de octubre de 1945, el rector de la Universidad Central de Venezuela, Dr. Juan Oropesa, nombra una comisión para elaborar un proyecto de estatuto universitario, presidida por el Dr. Rafael Pizani y formada, además, por los doctores Eduardo Calcaño, Raúl García Arocha, Francisco Montbrún y Eugenio Medina, y el Br. Alejandro Osorio, representante estudiantil. Es la primera vez en Venezuela que oficialmente se toma en cuenta al estudiantado en asuntos de la administración y del gobierno universitarios.
La comisión elaboró un proyecto que consagraba la autonomía plena, establecía mecanismos para garantizar la independencia financiera de las universidades y fijaba el aporte anual para estas en la Ley de Presupuesto en una suma no menor del 2 % del presupuesto nacional. La comisión envió el proyecto con una carta en la cual se fijaban inequívocamente los principios fundamentales de la autonomía, señalando que esta era la única manera de garantizar la independencia de las universidades ante los intereses políticos del gobierno de turno, indispensable para que las universidades cumplieran su función en el desarrollo del país. En dicha carta se decía, entre otras cosas, lo siguiente: “Estimamos que uno de los inconvenientes más ciertos con que ha tropezado la formación de una conciencia universitaria en el país –requisito indispensable para que la Universidad pueda desenvolverse como institución pública nacional– es el haberla considerado y tratado, desde fines del siglo XIX, como un simple apéndice burocrático del Ministerio de Educación Nacional”.
El régimen autonomista consagrado en el proyecto no fue acogido por la Junta Revolucionaria de Gobierno, presidida por Rómulo Betancourt, y en la cual participaban además los también universitarios Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, Luis Beltrán Prieto y Edmundo Fernández, todos en el pasado reciente fervorosos defensores de la autonomía universitaria. Se cumplió así, una vez más, la aberrante tradición de que conspicuos partidarios de la autonomía, una vez llegados al gobierno traicionaban el principio autonomista, y de paso se traicionaban a sí mismos.
El 28 de setiembre de 1946 la Junta Revolucionaria de Gobierno dictó el estatuto universitario, en el cual se estableció que el rector, el vicerrector y el secretario de cada universidad serían de la libre designación y remoción del Ejecutivo Federal, y en cuanto al aporte presupuestario, se rechazó también la propuesta del proyecto, y se fijó entre el 1 y el 2 por ciento.
