Control inconstitucional
Durante los últimos cuatro o cinco años, las autoridades del Ministerio de Educación, han dictado decretos inconstitucionales en los que se limita la posibilidad de que los centros de educación privada de la nación, cobren a sus educandos y en definitiva a sus padres, el precio adecuado por la educación que están recibiendo.
Vivimos los tiempos en que los colegios, unilateralmente, cobraban las cuotas mensuales que ellos tomaban como justas. Cuando la inflación comenzaba a hacer que los precios subieran por los ascensores mientras los salarios lo hacían penosamente por las escaleras, la sociedad encontró que la interacción de los interesados, a través de las sociedades de padres y representantes, eran los mecanismos adecuados para que se llegara a cantidades adecuadas de incremento de las cuotas necesarias para compensar los gastos que se ocasionan en los centros de educación privada como consecuencia de las necesidades de los alumnos.
Ahora, en esta sociedad descuadernada, el régimen se ha subrogado, de manera abusiva y con insanas intenciones, una función que no le corresponde sino por defecto. Las autoridades han dictado decretos y leyes espurios que hacen inviable la educación privada y le aplican un tortor económico que intenta asfixiar a todas las instituciones que se dedican a impartir una mejor instrucción y educación a nuestros niños y jóvenes.
Durante los últimos cinco años la inflación de Venezuela ha sobrepasado año a año, el 30% en cada período de 365 días. Si componemos cualquier cantidad a la tasa de incremento de 30% por año, al cabo de cinco años la cantidad ha crecido por encima de trescientos setenta por ciento, es decir, casi se ha cuadruplicado.
Si hacemos el mismo ejercicio con un incremento de veinte por ciento, al cabo de cinco años la cantidad ha crecido hasta algo muy cerca del doscientos cincuenta por ciento.
Si asumimos que las cuotas mensuales se han incrementado a doscientos cincuenta por ciento y los costos de los colegios se han cuadruplicado, llegamos a la simple conclusión de que los institutos que se dedican a educar a nuestros hijos y nietos acumulan en un lustro un déficit de más del ciento cincuenta por ciento de las cuotas que cobraban en aquellos ya idos tiempos.
Quienes han sido los más afectados, son la masa laboral de profesores y maestros a quienes los colegios les tienen que mantener salarios que no pueden seguir el ritmo de la inflación, apenas son objeto de los aumentos compulsivos que el mismo régimen decreta y por lo tanto se ignoran tanto la eficiencia como la calidad del trabajador.
Pero lo medular no es lo cuantitativo. Lo medular es lo conceptual.
¿Como puede aceptar una sociedad, que quienes detentan el poder puedan limitar lo que una sociedad está dispuesta a pagar por mantener la calidad de la educación de sus hijos? ¿ Como puede aceptar una sociedad que un régimen comunista sea quien decida cuales son las cantidades que cuesta y vale la instrucción de sus jóvenes del futuro?
Lo trágico es que la sociedad no solo ha aceptado que se le releve en sus funciones. Lo trágico no es que los colegios hayan aceptado estas regulaciones como si fueran naturales. Lo trágico no es que los colegios estén perdiendo dinero. Lo trágico no es que los maestros reciben año a año incrementos salariales inferiores a la tasa de inflación que define el propio gobierno.
Lo trágico es QUE NO PASA NADA. Lo trágico es que los colegios aceptan las regulaciones con humildad postrada. Lo trágico es que la justicia no dice nada. Lo trágico es que INDEPABIS es cómplice de esta barbarie. Lo trágico es que los gremios educativos tampoco dicen nada. Vamos mal e iremos peor.
Agredir la educación es casi peor que dejar podrir alimentos o dejar vencer medicamentos. Es una de las varias actividades inicuas que adelantan los destructores de Venezuela.
