Gobierno de EEUU pide sentencia condenatoria contra los Flores
Por Maibort Petit
@maibortpetit
El Gobierno de los Estados Unidos fue enfático el solicitar al juez de la causa, Paul Crotty que niegue la solicitud de un nuevo juicio hecha por los abogados de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, hallados culpables por un jurado de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína desde Caracas a EEUU. El fiscal Preet Bharara pide que se niegue la moción de un nuevo juicio y se proceda con la fijación de la sentencia condenatoria, tal como lo establece en la ley en este tipo de procedimientos.
La fiscalía sostiene que es improcedente la petición de una demanda conjunta post-juicio de los acusados basada en la regla 33.
Advierte el fiscal Bharara que «el Gobierno estableció en el juicio que Campo y Flores trabajaron juntos con otros para despachar cientos de kilogramos de cocaína desde Venezuela para ser importados a los Estados Unidos».
«La evidencia mostró que los acusados cometieron este delito en un esfuerzo por enriquecerse y ayudar a financiar la campaña de diciembre de 2015 de su tía, la primera dama venezolana Cilia Flores, para ocupar un escaño en la Asamblea Nacional de Venezuela», dice el documento de la fiscalía.
«Las palabras y acciones de los acusados reflejaban su firme convicción de que, en virtud de sus conexiones políticas y el poder que ostentaban, podían actuar con impunidad. Quedó claro que el estado de derecho se aplicó a estos dos hombres, y fueron legalmente condenados por un jurado», acota la fiscalía.
El Gobierno no se basó en un testigo «estrella» para demostrar el delito como dicen los abogados ni tampoco es raro el hecho de que no se hubiere incautado evidencia de narcóticos en este caso.
La fiscalía señala que ante la necesidad de describir y discutir la evidencia del juicio en respuesta a los argumentos de insuficiencia presentado por los acusados, así como a otras partes del expediente a la luz de las demandas de los demandados en el Artículo 33, el Gobierno presentó un escrito en Exceso de las limitaciones de página establecidas en las Prácticas Individuales de la Corte.
El fiscal Bharara sostiene que el caso de Campo y Flores es un caso internacional de conspiración de narcóticos en el que los acusados fueron declarados culpables en el juicio.
Los esfuerzos de la Agencia antinarcóticos de EEUU «DEA» generaron un exceso de evidencia altamente incriminatoria que persuadió al jurado de la culpabilidad de los acusados, razón por la cual no pueden impugnar la investigación del Gobierno.
Los acusados fueron sorprendidos in flagranti cometiendo el crimen. Ellos confesaron. Y sus teléfonos estaban llenos de pruebas adicionales de su culpabilidad.
Las mociones de los acusados se centran principalmente en la descalificación del testimonio del testigo confidencial de la DEA, José Santos-Pena («CS-1»). Al respecto, la fiscalía sostiene que «No hay duda que el contrainterrogatorio de CS-1 de los acusados reveló problemas con su credibilidad, pero esa es también una de las razones por las que las acusaciones de los acusados en perjuicio posterior al juicio carecen de mérito», advierte.
Agrega que los acusados poseían las llamadas hechas desde la cárcel federal de California a los Mochis, México, que sirvieron de base para su ataque a CS1 una semanas antes del juicio y ambos tomaron la decisión estratégica de no revelar el contenido de dichas conversaciones al Gobierno hasta después de que comenzaran el contrainterrogatorio del testigo. A pesar de ello, las llamadas sirvieron de evidencia sin objeción por parte de la fiscalía para que el jurado pudiera considerar dicha prueba al evaluar la credibilidad de CS1.
En el momento de ser presentadas en el juicio, la Corte llamó la atención del jurado a la determinación del Gobierno revelada anteriormente en su presencia de que CS-1 había «mentido». La credibilidad de los testigos es un problema para el jurado, y los jurados en este caso estuvieron de acuerdo con los argumentos del Gobierno sobre la fortaleza de la prueba general.
Ante la inevitable contundencia de las pruebas, los acusados ahora piden a la Corte que usurpe la función del jurado basado en su creencia de que un «jurado laico» no puede apreciar la sutileza y el mérito de sus argumentos, dice el documento.
La fiscalía argumenta que las teorías de la defensa no estaban más allá del alcance de la comprensión y naturaleza jurídica del jurado en este distrito, por lo que con la petición de Campo y Flores después del juicio se trata de negar los principios de la fundación que establecen el papel institucional de jurados.
En pocas palabras, la prueba del juicio era suficiente y no hubo injusticia durante estos procedimientos acota el fiscal Bharara.
En consecuencia, la fiscalía pidió al juez Paul Crotty que las mociones de los acusados para que haya un nuevo juicio o una sentencia absolutoria deben ser denegadas en su totalidad.
