Análisis de la Ley de Educación Universitaria
La Ley de Educación Universitaria, aprobada en la madrugada del 23 de diciembre de 2010, viola los artículos 109 y 211 de la Constitución, referidos al régimen autonómico en las universidades y a la participación ciudadana en la formulación de leyes, respectivamente. Es una ley cuyos enunciados permiten calificarla de Nacional Socialista, en tanto remite los objetivos de la educación universitaria a la defensa de la nación y la soberanía, y a la construcción del socialismo.
Concentra en el Estado, por intermedio del Ministerio de Educación Universitaria, las atribuciones que, en ejercicio de su fuero autonómico, se reservaban las universidades para la prosecución de sus elevados fines académicos. Consagra la intromisión de agentes ajenos a la comunidad académica en la definición y ejecución de los programas de las instituciones universitarias, desnaturalizándolos y sesgándolas hacia objetivos políticos estrechos, identificados con el Gobierno.
Niega, en su enunciado, las posibilidades de honrar las condiciones fundamentales de libertad, pluralidad, universalidad y respeto por otras opiniones, propio de la búsqueda y divulgación de saberes en las universidades de la Sociedad del Conocimiento, para sesgar los fines de la educación universitaria hacia un pensamiento único, asociado a la legitimación en el poder de la actual élite gobernante. Es una ley que, por ende, destruye el concepto de universidad, con graves implicaciones para el desarrollo nacional, las condiciones de trabajo de profesores, empleados y obreros, y para la formación y el futuro de los estudiantes universitarios.
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