Odebrecht Venezuela: Una trama de corrupción en revolución
Por Maibort Petit
@maibortpetit
La revelación sobre los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht pagó a funcionarios de 12 países para lograr la adjudicación de contratos que salió a la luz con la investigación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos llevó a cabo, puso al descubierto, en el caso venezolano, el talante corrupto que ha caracterizado la gestión de gobierno de los últimos 18 años de revolución chavista.
Mientras las autoridades de varios países latinoamericanos abrieron investigaciones sobre uno de los más escandalosos esquemas de corrupción que haya conocido Latinoamérica, a saber los millonarios sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios de numerosos gobiernos durante años, Venezuela se había mantenido a la zaga en materia de averiguaciones pues nada, o muy pocas, habían sido las acciones de las autoridades para determinar las responsabilidades y, mucho menos, señalar a los presuntos “beneficiarios” de la coimas.
El pasado 22 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que presidentes, exmandatarios, ministros, representantes de partidos políticos y personas claves en varias administraciones de 12 países de la región, recibieron 788 millones de dólares en sobornos por parte de la empresa brasileña a cambio de la adjudicación de contratos millonarios firmados entre 2001 a 2016. El Departamento de Justicia de EEUU le impuso una multa de 3.500 millones de dólares a Odebrecht.
En el caso específico de Venezuela, los datos aportados por el Departamento de Justicia señalan que funcionarios del gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro recibieron sobornos por más de 98 millones de dólares entre los años 2006 y 2015. Cinco de las obras asignadas a Odebrecht por un total de 16 mil millones de dólares se encuentran inconclusas hasta la fecha, pese a haberse iniciado en 2006 bajo la administración del finado Hugo Chávez. En estos once años las autoridades venezolanas no hicieron pronunciamiento alguno sino hasta que el escándalo hubo reventado.
De hecho, fue sólo a partir de los últimos días cuando una serie de acciones convulsas han tenido lugar, tales como la orden de los fiscales del Ministerio Público a cargo de la investigación —Pedro Lupera y Luis Sánchez— quienes solicitaron ante el Tribunal 11° de Control del Área Metropolitana de Caracas, la congelación de las cuentas bancarias, así como la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles de la empresa brasileña Odebrecht, bajo la sospecha de haber cometido irregularidades en las contrataciones de la compañía.
Igualmente, los fiscales 55° nacional y auxiliar, Lupera y Sánchez, ordenaron el allanamiento de la sede de la constructora brasileña en Caracas, procedimiento que estuvo a cargo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y se llevó a cabo el día 14 de febrero. El Tribunal 11° de Control acordó la medida.
Pero a no todos convencen estos procedimientos, el diputado Juan Guaidó, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, entre ellos. Para el parlamentario de Voluntad Popular resultan sospechosas las actuaciones del ministerio Público pues a su juicio un interés político priva detrás de las mismas. “Es obvio la vinculación del gobierno con este terrible caso de corrupción. ¿Qué buscan: investigar o entorpecer?”, advierte.
El órgano parlamentario a cargo de Guaidó también adelanta una investigación sobre el caso.
Las intenciones políticas también fueron advertidas por el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, quien acusó golpe por parte del presidente de la república, Nicolás Maduro, al haber señalado este que un mandatario regional podría estar involucrado en el escándalo de Odebrecht. “Aquí hay un gobernador involucrado en el caso Odebrecht. De repente podría ir preso. Él recibió un poco de dólares, después no diga que es un perseguido político”, soltó el jefe de estado durante una reunión del Consejo Federal de Gobierno.
A estos señalamientos, Capriles le salió al paso y aseguró que la intención de Maduro es desviar la atención de los verdaderos focos de corrupción de este caso. “Si Maduro pretende montarme una acusación por este caso, no lo voy a dejar pasar. Esto es grave y no me expondré como chivo expiatorio del caso Odebrecht en Miranda”, dijo al tiempo que alertó que “cualquier documento que pretendan sacarme es un documento falso y forjado (…) jamás he firmado un contrato con esta empresa”.
Entonces, el mandatario regional enfiló contra su predecesor en el cargo. “Si de verdad quieren investigar a profundidad este tema, más de la mitad del Gabinete de Maduro se verá salpicado por este escándalo. Si quieren saber sobre Odebrecht en Miranda, busquen al señor [Diosdado] Cabello, quien durante su gestión tuvo relación con esta empresa”, sugirió.
La respuesta de Cabello no se hizo esperar, lo hizo a través de su programa televisivo “Con el mazo dando”, en el que arremetió contra Capriles pero no habló de las contrataciones que habría hecho Odebrecht durante su gestión como gobernador de Miranda. Se limitó a contra acusar a su sucesor: “Capriles, te lo voy a decir, yo no soy corrupto como tú (…) Ustedes creen que si ahí hubiera un papelito, una pendejadita, donde apareciera Diosdado Cabello, ¿ya eso no estaría en El Nacional pegado en primera página?”.
Entretanto, las acciones de la Fiscalía 57 Nacional continuaron y “ordenó la detención de Euzenando Prazeres de Azevedo, presidente de la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela, por los escándalos de corrupción de la llamada operación Lava-Jato’”. Al alto ejecutivo brasileño se le imputó por corrupción impropia y concierto de funcionario público con contratista.
De acuerdo a lo informado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las averiguaciones por ellos adelantadas señalan que la constructora Odebrecht habría pagado aproximadamente 39 millones de dólares a un intermediario en Venezuela con el objeto de que este le brindara información sobre contrato y licitaciones. Sobre este asunto el silencio es absoluto y no parecen haber indicios de que la fiscalía dirigirá sus averiguaciones a descubrir la identidad de este supuesto intercesor.
La fiscal a Brasil
La última acción de la fiscalía sobre el caso fue el viaje de la titular del Ministerio Público, Luis Ortega Díaz, para reunirse con el procurador general de la República Federativa de Brasil, Rodrigo Janot. Este encuentro fue reseñado por la funcionaria a través de su cuenta en la red social Twitter @lortegadiaz. El objetivo de la reunión es obtener detalles del caso.
Ortega Díaz fue invitada formalmente por Janot pero de los pormenores del encuentro no se sabe nada hasta el momento. Ver nota original aquí.
En su programa radial, Ortega Díaz informó sobre la solicitud de una orden de aprehensión en contra de una persona presuntamente incursa en irregularidades con la contratista brasileña, pero no se dio a conocer el nombre de esta. En tal sentido, la fiscal informó que se le solicitó a Interpol incorporar a esta persona al código rojo en caso de que se encuentre fuera del país. Igualmente informó que su despacho envió rogatorias a Brasil, Suiza y Estados Unidos, una información que siempre reitera pero de la que poco o ningún resultado informa.
Previamente, Ortega Díaz dijo que se encontraban investigando cuentas bancarias de venezolanos en Suiza y, en tal sentido, pidió al gobierno de ese país una “copia certificada del listado de personas de nacionalidad venezolana que recibieron depósitos de dinero en bancos suizos por parte de la empresa Odebrecht, así como los movimientos bancarios de ciudadanos venezolanos, que aparezcan como beneficiarios de depósitos bancarios realizados por la empresa Odebrecht.”.
La Asamblea Nacional investiga
Aunque el Tribunal Supremo de Justicia la ha convertido en un órgano del Poder Público prácticamente inexistente, la Asamblea Nacional inició una investigación tan pronto el Departamento de Justicia dio a conocer el caso y precisó que Venezuela figuraba entre los doce países involucrados.
El para entonces presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, Freddy Guevara, informó el 22 de diciembre de 2016, que esa instancia parlamentaria iniciaría una investigación para determinar las responsabilidades de aquellos funcionarios que hubieran recibido sobornos por parte de la constructora Odebrecht a cambio de la obtención de contratos para obras públicas de infraestructura.
En esa ocasión Guevara dijo que la constructora brasileña debería revelar los nombres de los funcionarios o exfuncionarios del gobierno beneficiados con las coimas.
El sucesor de Guevara en el cargo, Juan Guaidó, comentó recientemente lo curioso de la averiguación que sobre el caso adelanta el Ministerio Público, toda vez que la misma está “dirigida a una sola persona que hasta los momentos no se conoce el nombre y, presuntamente, no se encuentra en el país”. Ver detalles aquí.
En tal sentido, el ente parlamentario anunció la interpelación a los representantes legales de Odebrecht en Venezuela, a objeto de que expliquen los supuestos sobornos pagados a funcionarios.
«Los citaremos para el próximo miércoles. Queremos saber qué pasó con esos 98 millones de dólares que según Marcelo Odebrecht (expresidente de la compañía) se pagaron en Venezuela en sobornos».
Daños al erario público por $16,6 millardos
El ente parlamentario, según dio a conocer en su momento Freddy Guevara, documentó seis posibles casos de corrupción en las negociaciones del gobierno con Odebrecht.
Tales actos de corrupción habrían ocasionado, según refiere el diputado opositor por la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, una afectación al erario público por el orden de los 16,6 millardos de dólares en sobreprecios, comisiones, pago de sobornos, indebida planificación de obras y malversación de fondos.
“Se trata de la Línea del Metro de Caracas-Guarenas-Guatire, proyectada para 2012, con un patrimonio público presuntamente afectado de 4,9 millardos de dólares; el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, que debió terminarse en 2010, con una afectación de 3,6 millardos de dólares; la Línea 2 del Metro de Los Teques, que debió terminarse en 2015, con un monto afectado de 2,5 millardos de dólares; el tercer puente sobre el río Orinoco, obra que debió culminarse en 2012, con una cantidad afectada de 1,6 millardos de dólares; la Línea 5 del Metro de Caracas, la cual debía estar terminada para el año 2012, con un patrimonio público presuntamente perjudicado de 3,7 millardos de dólares; y una contratación para venta de carne de res congelada, en la cual habría sobreprecio de hasta 60%, afectando 209 millones de dólares”.
Gobiernos contrataron más de $50 millardos
Los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro contabilizan contratos con Odebrecht y con las empresas brasileñas Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao, las cuales son investigadas en ese país por la operación Lava Jato.
Son 42 los contratos entregados a estas empresas desde el año 2000. De este total, Odebrecht se adjudicó 32 proyectos. Así, en 16 años, la constructora brasileña recibió de las administraciones chavistas 40,9 millardos de dólares, es decir, 81,80 % del total adjudicado.
El financiamiento de cinco de las obras, la Línea 2 del Metro de Los Teques; la Línea 5 del Metro de Caracas; el Astillero del Alba, en Sucre; la Siderúrgica Nacional Abreu de Lima, en Bolívar; y el proyecto de saneamiento de la cuenca del río Tuy, proviene del Banco de Desarrollo de Brasil, Bndes, por 2.734 millones de dólares.
Como veremos más adelante, del total de las 42 obras, 14 presentan menos de 30% de su ejecución, de acuerdo al Registro Nacional de Contratistas.
En tres de estas obras a cargo de Odebrecht la situación es alarmante, siendo que el tramo San Antonio-La Rinconada del Metro de Los Teques, tiene 0 por ciento de avance; el proyecto de desarrollo agrario Guamare-Masparro, en Barinas y Portuguesa, registra 0,70 % de avance; y la estación Miranda II y los talleres de la Línea 5 del Metro de Caracas, apenas 5,79 % de ejecución.
Las obras inconclusas de Odebrecht en Venezuela
Venezuela es el país que según la investigación estadounidense, más sobornos recibió por parte de Odebrecht. Pese a ello, las obras del Metro, metrocable, puentes, complejos industriales y la remodelación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía aún son una promesa, pues sus trabajos —casi en su totalidad— están inconclusos a la fecha.
Así tenemos, en primer lugar, el Puente Nigale, vía alterna al Puente sobre el Lago de Maracaibo “Rafael Urdaneta”, cuyas labores de construcción se iniciaron en 2006 con la promesa de ser entregada a final de 2010. La inversión inicial fue de 152 millones de bolívares y se supone que sería el tercer puente colgante más grande de América Latina. Hoy sigue siendo un ofrecimiento después de pusieran su primera piedra el 19 de noviembre de 2006.
El 27 de noviembre de 2005 el difunto Hugo Chávez se refirió a la obra en estos términos: “Yo dije que tenía que ser en Maracaibo, en Zulia, donde se hiciera un puente mollejúo, que va a pasar no por encima sino por debajo; además, con un tren”.
Siete años más tarde, el entonces vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza, manifestó que “aspiramos para el 2017 ver cruzar al primer vehículo por el puente Nigale”, mientras que para 2019 anunció en ese momento la puesta en servicio del ferrocarril que lo atravesaría.
El 29 de enero de 2014 la construcción se paralizó por falta de recursos y el 8 de agosto se oficializó en Gaceta Oficial el pago de más de 1.385 millones de bolívares a Odebrecht para avanzar en la obra.
Pese a esto, ni siquiera en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Transporte de 2015 se le menciona. El gobierno de Nicolás Maduro le asignó 126 mil millones de bolívares.
Otra obra que Odebrecht debió entregar en 2010 es la Línea 5 del Metro de Caracas. Solamente 1,3 Km se han concluido de los 15 Km. que recorre desde la Zona Rental hasta la estación Miranda (Parque del Este). Esta obra en su plan inicial de 1997 comprendía ramales hasta El Cafetal y El Hatillo.
En 2006, Hugo Chávez le asignó 80 millardos de dólares para su construcción, pero con variaciones a su diseño original, pues ahora recorrería las estaciones Bello Monte, Las Mercedes, Chuao y Parque del Este y estaría lista para 2011. Pero para esa fecha solamente un 30 % estaba ejecutado. Luego, el ministro de infraestructura del momento, Haiman El Troudi, dijo que se terminaría en 2014.
El 5 de noviembre de 2015 se inauguró la estación de Bello Monte pero en 2016 ninguna nueva estación abrió sus puertas. En la Memoria y Cuenta del Ministerio de Transporte Terrestre se hace referencia a la aprobación de Bs 6.350.871.365,00, lo cual solamente sirvió para un 11,82 % de avance físico y 66,45 % de avance financiero.
En tercer lugar encontramos el sistema de transporte Caracas-Guarenas-Guatire, que tenía fecha de inauguración para 2012, pero hasta el momento solamente hay un tramo funcional. Su costo es de 2 mil millones de dólares que permitirían la conexión de la capital venezolana con las ciudades satélites de Miranda.
La obra se postergó para 2015 y en 2016 la extendieron para 2019, según se lee en el informe de Memoria y Cuenta del Ministerio de Transporte y Comunicaciones del 2013.
En el Registro Nacional de Contratistas no se hace referencia a fecha de entrega pero si se dice que solo el 26,7 % está lista luego de 10 años de trabajos. Datos obtenidos off the record dijeron que “faltan cuatro puentes y ocho emboques. Falta muchísimo”.
Sin embargo, se le sigue asignando dinero pues la Memoria del Ministerio de Transporte de 2015 específica que se aprobaron recursos por el orden de 13.526.097.614,00 bolívares y hubo un avance financiero de 36,67 %, mientras que el físico fue de apenas 10,90 %.
El aeropuerto internacional de Maiquetía es otro de los embarques de Odebrecht en Venezuela. “La modernización de la principal terminal aérea venezolana comprendía la ampliación del Terminal Nacional, la construcción de la Plataforma Remota Internacional, la rehabilitación de las calles de rodaje, la modernización de la Plataforma de Carga y actualización de sistemas tecnológicos, de control aéreo, seguridad interna, y control de datos y la expansión del Umbral 28. Solo la última se cumplió”.
El metrocable La Dolorita cuya inversión es de 300 millones de dólares es una obra vinculada al Metrocable Mariche. Tiene una longitud de 3,6 km.
Entretanto, el Metrocable de Mariche funciona desde el 10 de diciembre de 2012, aunque para en época de lluvia. Su costo fue de 330 millones de dólares.
Aunque lo anunciaron en 2000, sólo fue hasta 2007 cuando pusieron la primera piedra, tomando sus trabajos cinco años. Transporta usuarios desde Mariche a Palo Verde. Hablamos de la segunda fase del proyecto de Metrocable que se inició con el Metrocable de San Agustín-Parque Central. Está funcionando desde el 20 de enero de 2010.
El Metrocable de Petare Sur y el Metrocable de Antímano se encuentran en construcción, previéndose que un Módulo de Integración entre las estaciones de Metro y MetroCable permitirá las operaciones. Contará con seis ascensores para los usuarios que vayan de la Estación Palo Verde 2 a Palo Verde de manera directa, sin recurrir al Metrobús. Pero de esto no da cuenta el Registro Nacional de Contratistas ni la Memoria del ministerio.
El Cabletren Bolivariano lo prometió el gobierno para 2015, pero de las cinco estaciones que comprende sólo operan tres. Las estaciones 24 de Julio y Warairarepano siguen en construcción. La inversión en esta obra es de 440 millones de dólares.
Este sistema conectará la Línea 1, la Línea 5 y el Sistema de Transporte Masivo Caracas-Guarenas-Guatire.
El 2 de septiembre de 2015 el entonces ministro El Troudi dijo que la obra estaría lista en 2016. Pero los usuarios siguen a la espera.
La Central Hidrológica Tocoma o Planta Hidroeléctrica Manuel Piar, es otra obra pendiente por construcción de Odebrecht. Se supone que la primera turbina debió de haber arrancado en 2012. Desde 2013 no se dice nada de ella cuando Corpoelec refirió que se habían invertido 5.996 millones de dólares y la obra llevaba un avance de 66,26 %.
Venezuela también aguarda por la conclusión del Complejo Agroindustrial José Ignacio Abreu de Lima, cuya construcción lleva más de 7 años. Se sabe que en 2015 dejó de producir soya. Para 2010, la obra tenía 80 % de ejecución.
2016 concluyó sin que la obra de almacenamiento de granos —otra promesa de Odebrecht— estuviera lista y parece que no va a estarlo en mucho tiempo pues en seis años solo se avanzó 8%.
La inversión, según el entonces ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmer Castro Soteldo es de 600 millones de dólares.
Muchas han sido las promesas del Gobierno sobre esta obra que sigue en “veremos”.
Sobre el complejo, el dirigente político Ernesto Paraqueima, denunció el 14 de julio de 2014 que desde 2011 se dan una serie de irregularidades en la obra, tales como pérdidas millonarias de insumos, ocho tractores desaparecidos y 50 pivotes desmantelados con una pérdida calculada en 6 mil millones de dólares.
Según la página del Registro Nacional de Contratistas el proyecto solo ha avanzado 68.09 %y la fecha de culminación pasó a ser el 31 de diciembre de 2017.
El tercer Puente sobre el río Orinoco se supone que debía estar concluido en 2015 y a la fecha reporta un avance de 70,31 %. Su presupuesto inicial fue de unos 2.800 millones de dólares, el sistema vial está pensado para recorrer 122 km entre el puente principal y los viaductos y carreteras anexos.
La línea II del Metro de los Teques está en construcción desde el 2007 y, sin embargo, solamente tiene operativa tres de sus siete estaciones.
Lo que no terminó Odebrecht lo concluirá el Gobierno
Las fallidas obras de la constructora brasileña serán concluidas por el Gobierno nacional, según lo anunció el presidente Nicolás Maduro, quien en un acto de irreverencia e ignorancia supina sobre la materia aseguró que “no es tecnología espacial. Si me dicen que es un cohete lo que hay que poner allí, es difícil, pero eso es cabilla, cemento y trabajo y eso lo sabemos hacer los venezolanos. Vamos a terminar todas las obras que tenía Odebrecht en el país”.
El pasado 5 de febrero Maduro designó un grupo de inspectores presidenciales que se encargarán de fiscalizar todas las obras que están inconclusas. Hizo mención al sistema de Metro Caracas-Guarenas-Guatire como una de estas obras sin terminar a cargo de Odebrecht, una compañía que “parece se disolvió, como la MUD. Odebrecht parece que terminó como la MUD, autodisuelta”. Ver aquí.
Pero para el organismo de vigilancia social Transparencia Venezuela, la reasignación de las obras que dejó pendientes Odebrecht debe llevarse a cabo mediante contrataciones públicas transparentes que atiendan a criterios de capacidad, precios y calidad. Para la ONG es inaceptable que el otorgamiento de estos contratos vaya a realizarse por adjudicación directa.
“Este tipo de adjudicación, que se ampara en recursos legales o en el marco de convenios internacionales entre países, genera altos riesgos de corrupción y la prueba está a la vista con el caso de Odebrecht y los sobornos que admitió haber hecho en 12 países, entre ellos, Venezuela” , advirtió Mercedes De Freitas, directora ejecutiva del capítulo venezolano de Transparencia Internacional.
Para Transparencia Venezuela resulta increíble que el mandatario nacional haya obviado por completo el que funcionarios y exfuncionarios de gobierno hayan recibido sobornos que suman los 98 millones de dólares por parte de la constructora brasileña.
La ONG exigió a Maduro establecer los daños causados por los retrasos y se informe al país cuánto se ha pagado a Odebrecht hasta la fecha, “cuál fue el origen de esos fondos, de cuánto es la deuda de la nación con la banca acreedora, y en particular, con el banco brasileño BNDES, y, muy importante, de dónde saldrán los recursos financieros para culminar este conjunto de importantes proyectos”. Ver aquí.
Los guisos de Cametro
Pero mientras las investigaciones oficiales sobre Odebrecht y sus sobornos parecen caracterizarse por el guabineo, un documento que llegó a nuestras manos revela que el mayor general, Gustavo Enrique González López, a la sazón director del inconstitucional Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, CESSPA —un ente de control que criminaliza la labor de periodistas y medios de comunicación privados e independientes— habría cometido diversos manejos irregulares durante su gestión como presidente de C.A. Metro de Caracas, puesto que ocupó entre 2006 y 2008.
González López, quien fue también director del Sebin, es una figura ligada al diputado Diosdado Cabello, exgobernador de Miranda entre 2004 y 2008.
Al revisar los datos que sobre CA Metro ofrece el Registro Nacional de Contratistas y en el que la empresa está identificada con el número de RIF J305683425, tanto Cabello como González López, poseen un 40 por ciento de las acciones de la empresa, mientras un 20 por ciento están en posesión de Raúl Salmerón. Detalles.
El periodista Manuel Isidro Molina denunció que en tiempos en que González López se desempeñó como presidente de Cametro, estalló en España un escándalo al descubrirse que González López habría cobrado comisiones por 90 millones de dólares a cambio de la adjudicación del contrato para la rehabilitación de la Línea 1 (Pro Patria-Palo Verde) del Metro de Caracas a una empresa española.
Este «guiso de proporciones descomunales» y con nefastas consecuencias para el sistema Metro de Caracas, tuvo lugar al firmarse el 2 de abril de 2008 el punto de cuenta para el referido proyecto de rehabilitación que González López le presentó al ministro de Infraestructura para la época, el teniente-coronel, Isidro Ramos.
González López solicitó al ministro que se procediera a la adjudicación directa de la obra por un monto de 1.860 millones de dólares al Consorcio Servicio Metro, CSM, un grupo de empresas españolas “articuladas desde Caracas por el exgerente de grandes obras del Metro de Caracas, Francisco Ramírez, hombre de confianza de González López. La trama está en desarrollo: se interrumpirían los nexos con el consorcio francés Frameca, el cual tiene más de dos décadas en el diseño y desarrollo del Metro de Caracas, y se entraría a ensayar con empresas que no conocen la tecnología desarrollada ni garantizan mayor valor agregado nacional. En juego están también la Línea 5 (Zona Rental-La Urbina) y el sistema La Urbina-Guarenas-Guatire, que estarán empalmados”. Más detalles.
En 2007 el citado consorcio francés había hecho una estimación de rehabilitación de la línea 1 por 1,3 millones euros que incluía los cuarenta trenes que cumplen servicio en la ruta Pro Patria-Palo Verde y los 15 trenes de siete vagones cada uno de la nueva línea 5 que cubrirá la ruta Plaza Venezuela-La Urbina.
Igualmente, la oferta de Frameca contemplaba los patios de trenes de La Urbina que, a su vez, servirían para conectar con el ramal Caracas-Guarenas que se encuentra en fase de estudio de factibilidad.
Pese a la experiencia con Frameca y lo conveniente de su oferta, en abril de 2008 Gustavo González López pidió la adjudicación directa de la obra en favor del consorcio venezolano-español UTE-CSM y el ministro Isidro Ramos aprueba el contrato N° MC-4094 por 1.860 millones de dólares (algunas reseñas de prensa hablan de 1.851 y otras de 1.845 millones de dólares), sin que mediara una Fianza de Fiel Cumplimiento.
Se comprometieron 100 millones de dólares del Fonden y se reservaron 20 millones de dólares para gastos de publicidad, propaganda y relaciones institucionales para promocionar la obra de la que no existía siquiera un cronograma ni detalles de ingeniería.
La oferta de Frameca la copiaron al calco, pero limitándola sólo a la Línea 1, y se le otorgó el contrato a dedo al consorcio CSM, nacido de la creación de estos personajes para hacerse del contrato por 1.860 millones de dólares. En pocas palabras González López conformó el 25 de septiembre de 2008 el Consorcio Unión Temporal de Empresas-CSM, una empresa a la medida del contrato a firmar con Cametro.
También formaron parte de la trama, la gerente de contrataciones, Silvia de Figueiredo Tovar, y el hermano de crianza de González López, el ingeniero Francisco Ramírez quien ostentaba el cargo de vicepresidente de grandes obras de Cametro, cargo al que renunció para figurar en el consorcio UTE-CSC. Es decir, dejaron de lado la oferta de Frameca que incluía los trenes de la Línea 5 y el patio de trenes de La Urbina por esta oferta inconveniente y a todas luces surgida del deseo de enriquecerse a cosa de los recursos del estado venezolano.
Los responsables de esta trama son el presidente de Cametro para la fecha, Gustavo González López, la abogada Marisela Estrada, vicepresidenta de soporte y consultoría jurídica, y el ingeniero Francisco Ramírez, vicepresidente de grandes obras.
Ramírez renunció para conformar el consorcio fantasma, como hemos señalado, pero siguió monitoreando todos los pagos y transacciones llevadas a cabo en las nuevas líneas del Metro de Caracas, siempre asesorado por Marisela Estrada.
Precisamente, Estada y Ramírez también contrataron a la empresa ILF Beratende Ingenieure cuyo informe de especificaciones técnicas es una copia del elaborado por el propio personal de Cametro y por este “copia y pega” cobraron 3 millones de dólares. Las denuncias formuladas al respecto cayeron en saco roto.
ILF Beratende Ingenieure igualmente asesora la línea Caracas-Guareas-Guatire cuyos retrasos en la ejecución son considerables. Marisela Estrada entra en juego nuevamente, pues colocó como gerente encargado de esta obra al ingeniero Wagni Naime, quien tiene una investigación administrativa abierta en la Universidad Central de Venezuela, UCV, por irregularidades. Estrada es socia de las hermanas del citado ingeniero en el Bufete de Abogados Naime Naime.
Cuando este asunto y toda una serie de irregularidades y denuncias quedaron al descubierto, el finado Hugo Chávez nombró a González López Comandante de la V Brigada de Selva del Ejército, en el estado Bolívar, ese fue su premio. Luego pasó a ser Jefe de las milicias bolivarianas y, después, Maduro lo designó en el Cesspa como ya lo hemos referido.
En 2014, el mandatario lo puso a la cabeza del Ministerio del Interior, cuando su nombre figuró en la lista de los funcionarios venezolanos sancionados por los Estados Unidos por violar los derechos humanos.
Contubernio Odebrecht-Cametro
Si bien la constructora Odebrecht operaba en Venezuela desde antes de que Hugo Chávez llegara al poder, fue a partir de su administración que la empresa brasileña logró hacerse de grandes y jugosos contratos, buena parte de ellos sin participar en procesos de licitación.
Entre los contratos obtenidos por Odebrecht y que forman parte del escándalo surgido a raíz de la investigación del Departamento de Justicia de EEUU, está la C.A. Metro de Caracas. La firma se logró en 2006 y, de acuerdo a los registros, Odebrecht fue contratada con la compañía portuguesa Texeira Duarte que ya operaba en el país.
En el año 2004, al frente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones estaba Diosdado Cabello, quien entregó una obra para la extensión de la línea 4 del Metro de Caracas.
Para diciembre de 2006, Gustavo González López firmó por un monto de 5.598 millones de dólares una serie de contratos entre Cametro y Odebrecht. A la fecha, las obras no se han concluido.
Dentro de los trabajos a ejecutar figuraba la construcción de la Línea 2 entre Los Teques y San Antonio.
Hay que acotar que la C.A Metro de Los Teques forma parte de la C.A Metro de Caracas.
Curiosamente, en un solo día el personal técnico y de ingeniería evaluó, aprobó y otorgó una obra de gran complejidad y costo considerable sin que se tomaran en cuenta las normas que obligaban a convocar un proceso de licitación. El contrato se preparó en apenas 14 días.
El procedimiento fue similar para la contratación de las líneas V y Guarenas-Guatire. Gustavo González López firmó los contratos en diciembre del 2006.
Trabajos como los de la línea 2 del Metro de Los Teques, que comprende siete estaciones de una longitud de 13 kilómetros, requiere al menos un año de estudios básicos preliminares y luego otro año más para de desarrollar el proceso de licitación internacional. Nada de esto ocurrió.
La contratación se hizo por 998 .637.476, 12 millones de dólares el 21 de diciembre de 2006 y la obra comenzó en marzo de 2007. Los últimos cálculos ubican el costo total de la obra en 5.000.000.000 millones de dólares, sin que se sepa a la fecha, cuándo se concluirán los trabajos.
Las cartas están sobre la mesa y sólo hace falta que las institucionalidad venezolana recobre la sindéresis y actúe en consecuencia en este desvergonzado caso de corrupción que pone al descubierto toda una madeja de malos manejos e irregularidades que revelan el verdadero talante de la revolución chavista.
