Ley de educación universitaria 2011
La Universidad de Los Andes y demás casas de estudio posterior al madrugonazo el 23 de diciembre de 2010, y su respectivo veto, han iniciado un arduo debate de la Universidad y de los Proyectos del Ley de Educación Universitaria. Creemos en primer término dejar muy claro que la Ley de Universidades de 1970 está vigente, y que la misma sin lugar a equívocos admite debates, discusiones y reformas consustanciadas con otra época, con la nueva Constitución y con las propias demandas nacionales y de orden mundial en el aspecto humanístico, científico y tecnológico. En ese mismo orden de ideas no hay la menor duda que la Ley de Educación Universitaria aprobada por la extinta Asamblea Nacional no supera, innova ni mucho menos profundiza los aspectos medulares, técnicos y académicos de la Ley de 1970, todo lo contrario, constituye un retroceso en sus enunciados, articulado y fines a distorsionar el hecho educativo, académico y autonómico de la Universidad.
Creemos que la nueva Ley de Educación Universitaria 2011, aparte de salir de las aulas universitarias y producto de un necesario debate y consulta entre sus naturales a nivel nacional, no puede jamás ni nunca contradecir el espíritu, rango, potestad, mandato y reservas legales, académicas, institucionales y demás, contemplados de forma rigurosa en el artículo 109 de la CN en relación a la Universidad y su autonomía. De manera que no perdamos la cordura y el sentido de que cualquier instrumento jurídico o marco normativo debe respetar a la Constitución por sobre todo, y en el caso de una Ley de Educación Universitaria debe contener la esencia, el más genuino espíritu universitario, autonómico, académico al servicio de la nación y no de un gobierno.
Hoy nuestras universidades deben repensarse y revisarse, siempre para mejorar y avanzar pero esa demanda de mejora, de cambio y de reforma jamás podría darse con un texto y espíritu como el contenido en la Ley de Educación Universitaria 2010 y vetada con acierto por el Ejecutivo. Por consiguiente los universitarios tenemos que debatir alrededor de aspectos claves como el modelo de Universidad, la autonomía, la docencia, investigación y extensión, la estructura e incorporación de los demás miembros de la comunidad universitaria de forma organizada, planificada sin caer en asambleísmos, populismo y tumultos. Las universidades son y seguirán siendo la institución y activo más creíble y loable del país por ello los universitarios estamos obligados al debate y a producir nuestra propia legislación o normativa.
La Ley de Educación Universitaria 2011 no puede ser un instrumento político, una herramienta ideológica y distorsionadora de la educación superior, como principal recurso de un país para crecer, progresar y desarrollarse material e inmaterialmente. Un claro ejemplo de innovación, profundización de la esencia de la Universidad, de los procesos académicos, humanísticos, científicos y tecnológicos están recogidos en la Ley de Educación Superior de Ecuador que contiene 211 artículos, y que fuese aprobada con 107 observaciones que el Presidente Rafael Correa le hiciera en octubre de 2010.
Realmente hay leer y releer la Ley de Educación Superior del Ecuador reafirmamos que estamos en presencia de un instrumento jurídico de avanzada, que asume el siglo XXI edificado sobre los derechos humanos, la interculturalidad, el conocimiento, la producción científica, la promoción, transferencia e innovaciones tecnológicas, la globalización, los saberes expertos, la investigación de punta, la calidad orientada a la consecución de la excelencia de los procesos científico técnicos incluyendo la educación en su aspecto más amplio. Basta leer el artículo 12 de la Ley citada al precisar que “El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global”.
Estamos convencidos de la capacidad y calidad de nuestras Universidad Públicas Autónomas, de sus aciertos, de sus necesidad y por supuesto de la imperante necesidad de una Nueva Ley de Educación Universitaria o Superior en Venezuela nacida de nuestras entrañas y no impuesta, un instrumento jurídico que sea para avanzar, profundizar el hecho educativo y universitario, y no un instrumento que nos haga retroceder en muchos órdenes paradójicamente en un país que dilapidada la renta petrolera no tendrá otro recurso para mejorar que por vía de la Educación Superior y particularmente por el papel que las Universidad han de seguir cumpliendo siempre en beneficio de la nación venezolana.
