De aquellas minorías parlamentarias
Creídas maduras las condiciones, ahora los españoles abordan la posibilidad de reformar la Constitución de 1978, en la que – por cierto – también sintieron las influencias y diligencias de Manuel García-Pelayo, sembrador de ideas por muchos años en Venezuela. No pretendemos reflexionar en torno a los aspectos susceptibles de actualización, aunque sí valernos del auspicio y la efectiva protección de las minorías parlamentarias para colar sucintamente el caso venezolano.
Consabido, la Asamblea Nacional cuenta con una mayoría de curules que no se compadece con el 48% de los votos, o menos, obtenidos en los comicios del 26-S. Mayoría que la ejerce el gobierno nacional abusivamente en San Francisco, aún cuando existe una sola minoría paradójicamente representativa del 52% del electorado venezolano: por ejemplo, alega el PSUV, no les falta para negociar el voto calificado a propósito de algunos proyectos de leyes orgánicas, pues, heredaron tal carácter para una segunda discusión de acuerdo al artículo 203 constitucional, añadimos, siendo realmente confusa la voluntad del constituyente de 1999.
Es en el trabajo ordinario de las comisiones donde se siente más el abuso, facilitado por las restricciones informativas. Prácticamente resulta imposible el solo planteamiento de una denuncia, el asomo de una iniciativa legislativa o la propia deliberación obviamente política en el seno de las comisiones, partiendo de tres supuestos básicos: el parlamento les pertenece enteramente, el más modesto gesto de disidencia equivale a un descomunal propósito conspirativo y está la llamada «ley anti-talanquera» que puede acarrear la pérdida de la curul por el diputado oficialista que haga causa común con un problema «ajeno», por más que la sensatez lo reclame.
Es fácil constatar, por la vieja prensa y los Diarios de Debates que – por entonces – se imprimían y distribuían, una superior consideración y respeto por las antiguas minorías. Con todas las imperfecciones, los pocos diputados de la izquierda o de la derecha que antes extremaron su juego, incluso, recibieron no sólo un trato decoroso, sino también corroboraron un libre juego parlamentario a la hora de las votaciones, aunque podamos invocar el irreprimible oportunismo de siempre.
No olvidemos que, por un voto, el de José VIcente Rangel, el ex – presidente Pérez se salvó de la cárcel a principios de los ochenta, y a nadie se le ocurrió allanar la inmunidad parlamentaria de quien la preservó – jubilándose – aún cuando hizo una importante y riesgosa cruzada en defensa de los derechos humanos, una o dos décadas antes. Según la convencional distinción, también la derecha contó con garantías para la denuncia y la investigación, como ocurrió con Gonzalo Pérez Hernández o Vladimir Gessen, a modo de ilustración, en los ochenta y noventa del siglo XIX.
Respecto a los que asumieron una decidida postura «anti-sistema», excepto el allanamiento a la inmunidad de cinco parlamentarios muy a principios de los sesenta, es también fácil recordar el reconocimiento institucional, a pesar del comportamiento de los que lideraron La Causa R en febrero de 1992, ahora en funciones directas o indirectas de gobierno. Faltando una historia consistente de movimiento perezjimenista posterior a 1958, traigamos brevemente a la mesa la presencia de sus senadores y diputados en el Congreso de la República tras el sorprendente éxito electoral de 1968.
Podrá decirse que los parlamentarios perezjimenistas como Alfonzo Acero, Pablo Salas Castillo o Edwin Burguera, entre otros, se transaron – además – para que el otrora Consejo Supremo Electoral (CSE) reconociese una tendencia de la Cruzada Cívica Nacionalista (CCN), concediéndoles el partido, o reconociese otros partidos como el inspirado por Luis Felipe LLovera Páez de regresar a Venezuela. Lo cierto es que ocuparon sus curules en la cámara del Senado o de Diputados con respeto pleno de sus investiduras, como hoy no se ha hecho nada equivalente, pues, por las actividades inherentes a la vicepresidencia de la comisión de asuntos penitenciarios o la corajuda denuncia en torno a las circunstancias de repatriación del oro, ha faltado muy poco para el allanamiento de las inmunidades de William Ojeda o Julio Montoya.
Meditemos por un instante, con la vista puesta en la larga y difícil experiencia histórica, sobre el parlamento necesario. Y, aunque las nuevas generaciones desconozcan esas viejas circunstancias, toda minoría tiene absoluto derecho de ejercer la representación popular que se le ha confiado.
Fotografía: Alfonzo Acero, diputado por Cruzada Cívica Nacionalista (CCN). Elite, Caracas, nr. 2372 del 12/03/71.
