Demolición de derechos humanos en Venezuela
Cada día se ahonda más la confiscación de derechos humanos fundamentales y la aplicación de medidas contradictorias a la moral y, el respeto hacia la población de Venezuela, un país que se dice democrático en el que existen presos políticos condenados injustamente a largos años de prisión por crímenes que no cometieron, y en el que quedan encubiertos aquellos cometidos por el régimen.
Es emblemático el caso del ex Secretario de Seguridad de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, Comisario Iván Simonovis, condenado injusta e inmoralmente a 30 años de prisión por los sucesos del 11 de Abril de 2002, después de habérsele seguido tanto a él como a 10 compañeros de la Policía Metropolitana de Caracas un juicio plagado de vicios y el más largo de la historia judicial de Venezuela. Cabe recordar que los condenados por este juicio, eses día solo cumplieron con su deber al tratar de impedir que la marcha de protesta pacífica de una población que disentía del proyecto político que Hugo Chávez trataba de imponer en Venezuela, llegara hasta el Palacio Presidencial de Miraflores ya que no contaba con la autorización requerida. Esa marcha fue luego masacrada por afectos al gobierno.
Simonovis lleva casi 9 años preso en un calabozo mínimo, oscuro y solo se le permitía una pobrísima exposición al sol, condiciones que le produjeron patologías de diversa índole que han mermado su salud a tal punto que hasta un ejercicio menor podría ocasionarles graves fracturas. La solicitud de una medida humanitaria a su favor motivada a la causa mencionada, le fue denegada aduciendo que su estado no es terminal. Se ordenó su traslado a otra cárcel situada en el estado Aragua en la cual recibirá 2 horas diarias de exposición al sol y se permitirá la entrada de un médico fisiatra que indique el tratamiento adecuado para su rehabilitación.
Esa cárcel no tiene médicos, por lo tanto es la familia de Simonovis quien tiene que buscar el médico y pagarlo, y los abogados avisar al tribunal para que a su vez la orden llegue a la cárcel a la que fue trasladado el prisionero político, ubicada en el estado Aragua distante a Caracas, ciudad en la que vive su familia, a la cual le será aún más difícil trasladarse a visitarlo. De esta forma la “juez” le traspasa la recuperación de Simonovis a su familia, aun cuando fue la “justicia” revolucionaria la causante de los males que padece. La negativa a concederle la medida humanitaria solicitada es considerada por Iván Simonovis el equivalente a una condena a muerte y por la gente con principios como una muestra más de la sofisticada crueldad del corrupto Poder Judicial venezolano (Fuente: El Universal, 23/02/13. Erika Guillén)
Otro caso emblemático
La juez María de Lourdes Afiuni está privada de su libertad desde diciembre 2009 por el mero hecho de haber cumplido con lo que manda la ley, en el caso del banquero Eligio Cedeño a quien le dio la libertad condicional que le correspondía.
El 21 de febrero, la Guardia Nacional que custodia la residencia de Afiuni, quien tiene su casa por cárcel, tocó a la puerta a las 8:30 a.m. para trasladarla directamente, sin notificación previa al Palacio de Justicia. No fue sino hasta la 1.p.m. que la juez entraría en la Sala de Audiencias para imponerle sobre su decisión “Negarle la revisión de medidas cautelares” solicitada por su abogado defensor. También la juez que se hizo esperar por tan largas horas le repitió a Afiuni que sigue bajo arresto domiciliario, presentación ante el tribunal cada 15 días y prohibición de hablar con los medios de comunicación. A lo que no se refirió la juez es al significado que la tortura psicológica y la agresión emocional que tal negativa implica para quien es prisionera del régimen y su familia. (El Universal, 21/02/13 Alicia De La Rosa)
Por si lo anterior no fuera suficiente durante la noche de ese nefasto día, la juez Afiuni tuvo un cólico renal, que requería traslado urgente a un hospital. Su hermano solicitaba la intervención de un médico forense y un fiscal para lograr el necesario traslado. Los médicos forenses y los fiscales confirmaron el diagnóstico y la necesidad de la intervención de un médico nefrólogo. Sin embargo no fue sino hasta las 8:30 p.m del día Viernes 22/02/13 que el Tribunal ordenó el traslado al hospital.
A las 10:30 p.m. una mujer médico forense llegó al hospital y se negó a permitir la hospitalización de la Dra. Afiuni a pesar de la intensidad de los dolores y sangramiento que padecía. Cabe cuestionar que clase de juramento hipocrático fue el que hizo esa mujer que siendo médico, y sabiendo lo que es un cólico renal no haya permitido que se hospitalizara para darle la asistencia necesaria a un ser humano que está padeciendo dolor terrible. ¿Será que cree que a ella o a una persona cercana a ella no le podría suceder lo mismo? La maldad de esta médico no tiene límites.
¿Qué clase de gente es la que procede con tanta infamia? ¿Qué le está sucediendo a un pueblo que parece haber perdido la conciencia al permitir tanto sufrimiento?
Los venezolanos no parecen haberse dado cuenta del mal que está condenado a muerte a Venezuela.
