El problema militar IV
Al día siguiente de la audiencia del general Peñaloza con el presidente Pérez, a la cual lo acompañé, se conoció públicamente la designación del general de división Pedro Rangel Rojas, como nuevo Comandante del Ejército. Ese nombramiento me creó cierta incertidumbre al no ser designado para ocupar ningún cargo. Mi situación se hizo aún más difícil después del discurso del general Peñaloza en el acto de transmisión de mando: su intervención constituyó una severa crítica al sistema político imperante. En el transcurso de esa semana se conocieron los nombres de los nuevos miembros del Alto Mando: vicealmirante Elías Daniels Hernández, Inspector General; general de división Iván Jiménez Sánchez, Jefe del Estado Mayor Conjunto; vicealmirante Ignacio Peña Cimarro Comandante de la Armada; general de división Eutimio Fuguet Borregales, Comandante de la Aviación; general de división Freddy Maya Cardona, Comandante de la Guardia Nacional. Sorprendentemente, el presidente Pérez no tomaba ninguna decisión sobre la designación del nuevo ministro de la Defensa. Sin embargo, la opinión pública comentaba que el próximo ministro sería el general de división Carlos Santiago Ramírez. Un análisis de los nombramientos reforzaba ese comentario. También fue designado el general de división José de la Cruz Pineda, director de Inteligencia Militar. Su cercanía al general de división Manuel Heinz Azpúrua, quien fue designado director de la DISIP, fortaleció significativamente el área de Inteligencia, la cual había sido gravemente debilitada en la gestión del general Herminio Fuenmayor.
El 24 junio, después del desfile en el campo de Carabobo, llegué a mi casa cerca de las 7 p.m. Una media hora más tarde, recibí una llamada del presidente Pérez. Me saludó con amabilidad y me ordenó trasladarme a Miraflores. De inmediato me recibió en su despacho. Después de sentarnos, la conversación se orientó sobre algunos problemas generales de las Fuerzas Armadas. De repente, me comunicó que había decidido nombrarme ministro de la Defensa. Se lo agradecí con sinceridad y afecto. Era, sin duda, un importante reto profesional. La situación de la Institución Armada era muy complicada. También lo eran las circunstancias políticas nacionales. Comprendí de inmediato que el objetivo fundamental de mi acción ministerial tenía que ser la recuperación de la unidad interna de nuestra organización, a través de un diálogo fluido con todas las generaciones militares. Consideré que para lograrlo era necesario enarbolar tres banderas: la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento del apoliticismo militar y el respeto a los méritos profesionales. El ataque en contra del gobierno del presidente Pérez, a través de los medios de comunicación, era inclemente. El aspecto que más producía inquietud en los sectores populares y en las propias Fuerzas Armadas era el alto costo de la vida. La inflación había alcanzado el 80 % al aplicarse el Plan de Ajuste Económico en 1989 y se mantuvo en 30 % en los años subsiguientes.
La política que establecí empezó a tener un positivo impacto en el personal profesional de las Fuerzas Armadas y en la opinión pública. También incentivé entre los cuadros la certeza de que mi despacho se encontraba siempre dispuesto a atender cualquier problema grave y urgente que confrontara algún miembro de la organización sin importar su grado militar. En las audiencias me di cuenta de la complicada situación personal que generaba el proceso inflacionario. Conversé con el presidente Pérez sobre este asunto y él me autorizó para que discutir con el doctor Miguel Rodríguez, ministro de Planificación, un incremento de los sueldos. Lo consideró posible y conveniente. Se iniciaron los estudios que concluyeron en un nuevo incremento salarial. Al mismo tiempo ordené la apertura de la averiguación sumarial correspondiente sobre aquellos contratos que presentaban presuntas irregularidades. También me inhibí de asistir a actos oficiales que no fueran exclusivamente de carácter militar. Lamentablemente, el rumor de la existencia de una conspiración se mantenía y era incentivado de manera permanente por los medios de comunicación. Esta realidad me condujo a reorganizar la dirección de Inteligencia Militar, con la colaboración del general José de la Cruz Pineda, orientándola exclusivamente a controlar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas.
El 20 de enero de 1992 hubo una reunión del Alto Mando Militar con el presidente Pérez, la cual fue solicitada por el general Manuel Heinz Azpúrua, director de la DISIP. En esa reunión se analizaron largamente los constantes rumores sobre una posible sublevación militar. El general Heinz le entregó al presidente Pérez un documento que resumía las informaciones que la DISIP había logrado obtener sobre ese asunto. El presidente Pérez ordenó realizar una investigación más detallada sobre esos rumores e insistió en que deseaba tener una mayor información a su regreso de Davos, pero que no se tomara ninguna medida hasta que él regresara. Me entregó el documento en cuestión. Al día siguiente hubo una reunión de la Junta Superior de las Fuerzas Armadas para analizar dicho informe. En él se resumía un conjunto de indicios, pero no se presentaban pruebas suficientes en contra de ninguno de los oficiales mencionados. Se decidió incrementar el esfuerzo de Inteligencia e informar a los comandantes de Grandes Unidades de todas las Fuerzas. Por mi parte, llamé al ministerio de la Defensa al teniente coronel Hugo Chávez Frías. En algunas de sus declaraciones ha recordado esa conversación conmigo. Su actitud fue muy respetuosa. Me insistió en que todo lo que se decía eran las mismas calumnias de siempre. Sin embargo, fui muy enfático en advertirle que de continuar esos rumores sería reemplazado del comando del Batallón “Briceño”.
De las entrevistas que realicé a los oficiales comprometidos en la conspiración militar del 4 de febrero de 1992 y de algunos de sus escritos, antes de escribir mi libro “Así se rindió Chávez”, publicado por El Nacional en el año 2007, pude concluir que un número importante de ellos había empezado a argumentar distintas razones para no insurreccionarse al acercarse la posible fecha del alzamiento. Uno de ellos fue el mayor Raúl Isaías Baduel. Con sinceridad le informó a los jefes del movimiento que no se alzaría por considerar que la insurrección militar no estaba suficientemente preparada para lograr su objetivo. El alzamiento debía realizarse antes del 15 de febrero de 1992. Hugo Chávez conocía que su batallón iba a ser enviado a la frontera con Colombia. Además, estaba convencido de su posible relevo del comando del batallón Briceño. Uno de los aspectos más delicados que hizo titubear a Hugo Chávez, en el momento de tomar la decisión para el alzamiento, fue la incapacidad que presentó la célula conspirativa de la Aviación, conformada por los tenientes coroneles Luis Reyes Reyes y Wilmar Castro Soteldo, para controlar la Base “Libertador”. Consideraron que no era posible sin tomar en cuenta en dicha conspiración al general Efraín Visconti Osorio. En la noche del 2 de febrero se reunieron Hugo Chávez y Luis Reyes Reyes con el general Visconti. Los escuchó con atención, pero al final del planteamiento realizado por Hugo Chávez, consideró que en un tiempo tan corto era imposible insurreccionar a la Aviación. Se comprometió a hacer lo posible para disminuir su eficiencia operativa. Continuaremos…