¿Acuerdo de Convivencia Democrática?
El Acuerdo de Convivencia Democrática (ACD) propuesto por los mediadores -Ernesto Samper, Leonel Fernández y Omar Torrijos, con el apoyo del representante del Vaticano- incluye un conjunto demasiado amplio de temas que no deberían aparecer en un documento, cuyo propósito fundamental debería consistir en resolver la crisis institucional y política que sacude al país.
El ACD parte por hacerle un reconocimiento al llamado al diálogo y el entendimiento formulado por el Tribunal Supremo de Justicia, cuando el TSJ es precisamente uno de los factores centrales del encrespamiento que vive la nación. Craso error. En su afán por abordar el colapso globalmente, el documento plantea crear una Plenaria Conjunta entre el oficialismo y la oposición, con el fin de que enfrente, entre muchos otros, los graves problemas socioeconómicos existentes. El principal: el desabastecimiento de alimentos y medicinas. La escasez en estos rubros es el resultado de las políticas de expropiación, confiscación y cerco a la propiedad privada, y los ataques continuos a los laboratorios que operaban en Venezuela. ¿Cómo desatar ese nudo si el gobierno insiste en las medidas de control y hostigamiento a la iniciativa particular, y subraya que se mantendrá fiel al modelo socialista? La oposición pasaría a ser corresponsable del descalabro, sin tener ningún poder para modificar el cuadro crítico.
El ACD refleja fundamentalmente los intereses del Gobierno porque pareciera que es con los representantes del oficialismo con quienes han pasado más horas conversando y negociando los mediadores. Se nota que a Nicolás Maduro le preocupa que la Asamblea Nacional no le apruebe los acuerdos de financiamiento internacional, la Ley de Endeudamiento de la República y la Ley de Presupuesto Nacional. Estos compromisos financieros requieren el aval del Parlamento. Esto lo sabe el Gobierno, a pesar de que finja desconocerlo amparándose en el TSJ. Para la política doméstica los subterfugios altaneros de Maduro valen, pero en el plano internacional la legalidad es otra. La República tiene que responsabilizarse de los empréstitos internacionales y el órgano que debe asumirlos es el que encarna la soberanía popular. De allí que en el ACD se insista en “revisar por parte de la Asamblea los acuerdos de financiamiento suscritos por el Gobierno Nacional con miras a lograr su aprobación para promover el desarrollo de la economía nacional… Una vez restablecida la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, se podría considerar la posibilidad de un acto jurídico por el que la Asamblea Nacional se compromete a honrar los compromisos financieros de la República” (punto cuatro). Maduro está consciente de que en el plano internacional la imagen de su gobierno es cada más ilegítima y que requiere del Parlamento para mejorarla, no porque aspire a perfeccionar la democracia, sino porque necesita dinero para capear el temporal.
Esta debilidad del régimen, claramente reflejada en el documento, debería aprovecharla la oposición para dialogar y negociar con el Gobierno en términos más favorables y, sobre todo, más específicos y perentorios. El tiempo para los mediadores pareciera no contar. El país se desintegra, la Republica se extingue y la democracia desparece, pero ellos van al ritmo de la retaguardia. El cronograma electoral y la libertad de los presos políticos, dos asuntos de capital importancia, quedan en el limbo, sometidos a los vaivenes de unas comisiones fantasmales encargadas de concretarlas. Por supuesto que de acuerdo con esa dinámica jamás habrá comicios y a los presos les saldrán canas verdes.
La propuesta de los expresidentes es vaporosa, tiene rasgos gatopardianos, pretende abordar la crisis a partir de una visión de conjunto con el inconfesable fin de obtener sólo lo que el gobierno quiere. Sin embargo, muestra una debilidad inocultable: el régimen necesita que el Parlamento funcione y le dé la legitimidad que el Poder Legislativo les confiere a todas las democracias, por maniatadas y secuestradas que estas se encuentren. Por esta razón, la proposición no debe ser desechada sin presentarles al Gobierno, a los mediadores y al país una contraoferta centrada en la crisis institucional, política y de salud, que reafirme el papel fundamental de la Asamblea Nacional y le saque provecho a la necesidad que tiene el Gobierno de su normal funcionamiento. La meta tendría que ubicarse en la definición del calendario electoral para 2017 y 2018.
Si somos capaces de llevar a Maduro y su gente a las elecciones de gobernadores y alcaldes en 2017, podremos lograr que haya comicios presidenciales en 2018. De lo contrario, habrá que prepararse para lo peor.
@trinomarquezc
