Sin estado de derecho
Sin lugar a dudas desde hace 18 años con la llegada al poder Hugo Chávez se ha instaurado en Venezuela un régimen castro-comunista que ha derivado en una dictadura totalitaria militarista, disfrazada en una seudo democracia a través de elecciones siempre fraudulentas, lo que nos ha llevado para que en este país no exista un estado de derecho, ya que hay una ausencia total de independencia de poderes, La Carta Magna de la República además de los tres poderes tradicionales le agregó el llamado Poder Electoral y el Poder Moral, este conformado por TSJ, La Fiscalía y La Defensoría del Pueblo que tendrían que actuar con completa autonomía, pero que en la realidad todos están subordinas al Poder Ejecutivo, por eso cuando en octubre del 2016 varios Tribunales Penales a través de ilegales sentencias ordenaron que se paralizara todo lo referente al referendo revocatorio presidencial y que en forma sumisa el Consejo Nacional Electoral (CNE) aceptara esa inconstitucionales sentencias y debido a que los tribunales penales no tienen ninguna clase de competencia en materia electoral, por lo tanto tenía el CNE la firme obligación de haber rechazado esa imposición por inconstitucional, ya que al aceptarlas se quebraba el orden constitucional, por lo tanto dejaba de existir en definitiva el estado de derecho, al asumir los directivos del CNE en forma pasiva esta intromisión anti constitucional se hacen cómplice activos de una grave violación a la Constitución y por lo tanto reos de delitos constitucionales, ya que han permitido la intromisión de Tribunales Penales sin competencia electoral en materia electoral que son de competencia constitucional del llamado Poder Electoral, y por ser una materia tan delicada de hecho deja entonces de existir el estado de derecho al romperse el hilo constitucional.
Pero no es solamente este acto el que rompe el estado de derecho, es la actuación de TSJ que no es un poder, sino que forma parte del llamado Poder Moral que descaradamente siguiendo instrucciones arremete contra un Poder Autónomo producto de la voluntad de una gran mayoría de la población en elecciones constitucionales, como es la Asamblea Nacional y la cuál tiene entre sus facultades nombrar a los miembros de ese TSJ, al dictar en apenas un año CUARENTA (40) SENTENCIAS invalidando inconstitucionalmente cuarenta actos de la Asamblea Nacional, hasta atreverse a declarar en rebeldía a un Poder Constitucional como es la Asamblea Nacional, se viola la Constitución y por ello se rompe el estado de derecho, cuando un cuerpo de seguridad hace preso y confina en sus dependencias a un Diputado de la Asamblea Nacional haciendo caso omiso al fuero constitucional que por ley posee este Diputado, situación que se agrava cuando tanto el TSJ como La Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Poder Ejecutivo callan y permiten esta improcedente situación porque se está desconociendo la independencia de un poder establecida en la Constitución y se desconoce la voluntad popular que mayoritariamente llevaron a esos Diputados a esos cargos para conformar ese Poder Legislativo, por lo tanto se ha roto el hilo constitucional y por ende NO EXISTE ESTADO DE DERECHO.
Se altera el orden constitucional cuando El Poder Ejecutivo desconoce públicamente al Poder Legislativo y violando lo establecido expresamente en la Constitución decide presentar su memoria y cuenta del año transcurrido ante el TSJ y que este organismo así lo acepte a sabiendas que se está quebrantando una norma constitucional, no hay estado de derecho cuando en un país donde existen presos políticos, donde se persiga a la gente por ser opositores al régimen, donde se coarte descaradamente la libertad de expresión, donde existan miles de jóvenes opositores sometidos al acto infamante de presentación judicial, donde existan casi dos millones de personas en el exilio unos como perseguidos políticos y otros en busca de un futuro que el régimen les niega, familias enteras en busca de seguridad y mejor vida que no pueden obtener en su patria, no hay estado de derecho cuando se tortura a los oponentes al régimen, cuando hay miles de denuncias sobre malversación de fondos públicos y corrupción administrativa y las autoridades se niegan a investigar, no se puede hablar de la existencia de un estado de derecho en un país donde el hambre obliga a miles de personas a buscar en las bolsas de basura sobras que comer, donde los niños se mueren de hambre y por falta de medicinas, ese es el cuadro dantesco que se está, viviendo en esta Venezuela.
Como entonces puede tener explicación que mientras los Obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana con los Cardenales Urosa Sabino y Baltasar Porras y los Monseñores Padrón, Luckert y Moronta entre otros mantengan una actitud recta y plena de constante reclamo al régimen por el total estado de abandono a la ciudadanía, clamando por la libertad de los presos políticos, la libertad de expresión por el establecimiento de verdaderas políticas económicas, de seguridad y de atención social y no meros actos de operativos espasmódicos que no son sino vulgares saludos a la bandera, El Nuncio Apostólico (Embajador de la Santa Sede) Monseñor Aldo Giordano haya asistido al TSJ a presenciar el acto de violación a la Constitución en la tal presentación de la memoria y cuenta de Nicolás Maduro en ese recinto y que se haya destacado por ser uno de los que más aplaudió, el señor Nuncio se entiende que debe estar bastante informado de la situación existente en Venezuela y de lo que están viviendo los venezolanos y que este es un régimen dictatorial, castro-comunista violador constante de la Constitución, su actitud contrasta totalmente con la asumida por el Clero Venezolano de Nuestra Santa Madre Iglesia Católica, queda entonces la duda si está actuando en forma personal o por instrucciones de la Santa Sede ya que él es el representante del Papa Francisco.
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CUANDO LA DICTADURA Y LA REPRESIÓN SE HACEN LEY, LA REBELIÓN ES UN SAGRADO DERECHO