¿Por qué es importante para defensa de los Flores eliminar testimonios de El Sentado?
Por Maibort Petit
@maibortpetit
La defensa de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, solicitó en tres oportunidades al juez Paul Crotty que no permitiera que los testimonios del testigo cooperante, conocido en la operación de la DEA como «El Sentado», fueran considerados por el jurado, ya que los mismos no podían ser verificados y no aportaban el valor probatorio que se requiere en este caso.
Los testimonios y evidencias dejadas por «El Sentado», un narcotraficante hondureño cuyo nombre real era Carlos Amílcar Leva Cabrera, son claves en la investigación que condujo a la captura de los dos hombres, acusados por el gobierno estadounidense de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína a los EEUU.
«El Sentado» es clave en el caso porque fue la primera persona que contactó a la DEA para informar que dos venezolanos estaban interesados en participar en negocios de narcotráfico. «El Sentado» formaba parte de un cártel hondureño que controlaba la zona hondureña de Roatán, un corredor de drogas importante de la zona centroamericana y, que desde el año 2000, se convirtió una de las rutas preferidas por los narcotraficantes, colombiano y venezolanos, para mover sus cargamentos y asegurar su entrada exitosa a los EEUU.
convincente para ponerla de lado, ya que la misma constituye una prueba del encuentro entre los Flores y el testigo
cooperante de la DEA (Foto DEA)
La defensa de los sobrinos de Cilia Flores buscan demostrar que no fueron los dos acusados quienes se comunicaron primero con el testigo cooperante de la DEA, sino que fue Leva Cabrera o los informantes quienes ubicaron a los sobrinos para tentarlos.
Ese aspecto es un punto fundamental en la estrategia que persiguen los abogados para develar la trama que plantearon al inicio del juicio. Según la tesis de la defensa, las fuentes de la DEA habrían identificado a Campo Flores y Flores de Freitas como un «target de alto nivel», por ser éstos familiares directos de la pareja presidencial venezolana.
«Ellos eran peces gordos para las fuentes confidenciales» dijo uno de los defensores de los sobrinos, Randall Jackson.
También dijo que los informantes trataban de «ganar méritos con el gobierno americano para conseguir más dinero y perdón por sus delitos», por lo cual planearon atraer a los «dos jóvenes inocentes y sin experiencia en el mundo del narcotráfico» a un negocio fácil, con la intención que ambos violaran las leyes antinarcóticos y pudieran ser juzgados en los EEUU.
«Cuando los informantes los identificaron, planificaron deliberadamente una agenda que logró embaucarlos, atraerlos a un negocio fácil con el que iban a ganar millones de dólares sin prácticamente hacer nada, ni arriesgar dinero», aseguró David Rody, otro de los defensores durante el primer día del juicio.
John Zach, abogado de Campo fue más allá al decir que sus clientes fueron «estúpidos, muy estúpidos para tomar decisiones estúpidas que los trajo a este juicio».
No obstante, la fiscalía está dispuesta a que los miembros del jurado conozcan todos los elementos que llevaron al gobierno estadounidense a ejecutar la operación, y desde el miércoles empezó a revelar datos relevantes, que incluyen hasta fotos de los mensajes de textos con los que se comunicaba «El Sentado», y un colaborador que actuaba bajo el seudónimo de «Rayo» y los sobrinos presidenciales.
Un tema que molesta a la defensa
En la audiencia de supresión de pruebas, realizada el 8 y 9 de septiembre de 2016, el agente especial Sandalio González dijo que un funcionario venezolano, de nombre Bladimir Flores, se comunicó con CW1 para decirle que iba a enviar a sus dos sobrinos al día siguiente a Honduras, para planificar todo lo referente al envío de droga. Y así ocurrió, ya que Campo Flores y Flores de Freitas se reunieron con «El Sentado» el 4 de octubre en San Pedro Sula, un territorio que era controlado por el testigo cooperante de la DEA, donde éste poseía negocios de construcción y era dueño de centros y equipos deportivos.
La defensa cuestiona que CW1 no grabó el encuentro con los acusados, y sólo envió una fotografía tomada a las afueras de un restaurante rústico de la zona. En la imagen, aparece Campo Flores, Flores de Freitas con CW1 y otros hombres. El agente González dijo que el testigo le había prometido enviarle otras fotos tomada por una mujer no autorizada por la DEA para participar en la operación, pero el hombre nunca las entregó.
El acusado, Franqui Francisco Flores de Freitas regresó a Honduras el 6 de noviembre de 2015 para finiquitar lo que se conoce como «la bajada», que no es otra cosa que el pago por el recibimiento de la mercancía (cocaína) prevista para ser enviada a Honduras el domingo 15 de noviembre de 2015, en horas de la mañana.
Los planes de envíos no se dieron porque los dos hombres fueron arrestados el 10 de noviembre de 2015 en Haití, y 24 días después, el testigo de la DEA fue asesinado en su propio carro en San Pedro Sula. CW1 tenía muchos escoltas, sin embargo el día que fue acribillado no estaba ninguno a su lado.
En la apertura del juicio, la defensa solicitó que se impusieran limitaciones a los testimonios de Carlos Amilcar Leva Cabrera, alias «El Sentado». Michael Mann, uno de los abogados de Flores de Freitas dijo lo siguiente sobre la reunión del 4 de octubre de 2015 entre Leva Cabrera y los acusados:
1) El Agente González ordenó a «El Sentado» que grabara esa primera reunión.
2) «El Sentado» se negó hacerlo, se negó a entregar la grabación, o destruyó la grabación.
3)La DEA le preguntó a «El Sentado» por las fotos del encuentro, pero él simplemente nunca las entregó.
4) En esa reunión fue donde se inició toda la supuesta conspiración, la sesión de planificación inicial cuya importancia es crítica para probar este supuesto crimen pero el gobierno falla en entregar evidencias sobre este punto tan importante.
John Zach dijo que un año después de esa reunión, «el gobierno no tiene una sola pista de lo que ocurrió en aquel encuentro. Ni siquiera prepararon un informe resumiendo lo que allí pudo ocurrir, sino que se quedaron con una sola fotografía. Simplemente no hay evidencia útil en absoluto. Y esta es la historia de todo el caso», acotó el defensor.
El gobierno señala que independientemente de cualquier esfuerzo por obtener una «pista» adicional en cuanto a lo que tuvo lugar en la reunión, se volvió inútil porque si bien las autoridades hicieron gestiones arreglando la rendición y extradición de Leva Cabrera, para tenerlo disponible en el juicio, no fue posible por su muerte en diciembre de 2015.
Ambos defensores alegaron que Leva Cabrera «destruyó» la grabación de la reunión.
Por su parte, el Gobierno argumentó que el reclamo no tienen ninguna base y los demandados no presentaron ninguna evidencia de tal destrucción, a pesar de haber presentado una moción de expoliación. «Si las grabaciones no están presentes, no es porque fueron destruidas sino por nunca se hicieron» advierte la Fiscalía.
Queda claro -dice el gobierno- que la muerte de Leva Cabrera explica por qué no testificará como testigo en este juicio.
