Democracia y derechos humanos
Un (%=Link(4894620,»editorial reciente»)%) en Venezuela Analítica aborda el tema de los derechos humanos vinculando la defensa de ellos a una procedente decisión entre la justicia y la fuerza, postura que permite mantener un equilibrio conceptual al respecto, pero que no avanza en una mejor definición del asunto que, como es bien sabido, tiene un innegable contenido político.
Como un aporte de limitadas pretensiones a este debate sobre la cuestión, quizás convenga señalar que, en verdad, la defensa y el reconocimiento de los derechos humanos depende en gran medida de la naturaleza de una sociedad políticamente organizada. No reciben el mismo tratamiento las violaciones de los derechos humanos, cualesquiera que éstos sean, en un régimen democrático que en uno autoritario. En el primero las denuncias consiguientes son procesadas y aireadas ante la opinión pública para alcanzar que se imponga la justicia. En el otro sucede todo lo contrario. El régimen procurará restarle importancia a cuantas denuncias se hayan presentado para que así sea la fuerza la que domine en vez de la justicia. Hay pues una diferencia substancial entre democracia y autoritarismo en cuanto a la vigencia de los derechos humanos se refiere. Y esa distinción se hace notoria cuando la materia pasa a ser objeto de controversia pública en la escena internacional.
No es lo mismo presentar un proyecto de resolución sobre el tema en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, por ejemplo, referida en términos condenatorios a un gobierno de extracción democrática que a uno de características autoritarias. Un gobierno autoritario invariablemente desconocerá la capacidad del organismo internacional para aplicar sanciones con el bien conocido argumento de que el respeto a la soberanía es determinante para no aceptar la condena de que se trate. En tanto que en el otro caso, como ocurre con bastante frecuencia, los gobiernos democráticos se muestran dispuestos a investigar los hechos denunciados e imponer el castigo que sea requerido a los culpables, si es que se logra identificar a éstos y se les comprueban los delitos correspondientes.
Por ello, al juzgar la suerte de las iniciativas adoptadas en el seno de las instancias sobre derechos humanos en los organismos internacionales o regionales, no es posible ignorar la naturaleza del gobierno involucrado. Que en las democracias occidentales ocurren situaciones violatorias de los derechos humanos es algo que no se puede negar, aunque ello no suceda de modo deliberado ni sistemático. Pero, bajo los gobiernos autoritarios las violaciones de los derechos humanos son políticas permanentes y perdurables con el agravante de que, mientras en las democracias se juzga a los presuntos culpables conforme al ordenamiento jurídico correspondiente, en aquéllos ocurre todo lo contrario.
Es así que, para que el debido acatamiento y respeto a los derechos humanos se impongan en las sociedades contemporáneas, es menester que a su vez las democracias adquieran vigor y fortaleza, por lo que bienvenidas sean en ese contexto, por ejemplo, reuniones cimeras como la que acaba de celebrarse en Quebec, Canadá, en la cual cabe mencionar entre otros apartes que integran el documento final de la reunión (Declaración de Quebec), la llamada “cláusula democrática” mediante la cual se consagra el compromiso a mantener y robustecer el Estado de Derecho, encomendándose a ese respecto a los gobiernos participantes que instruyan a sus Cancilleres para que en la próxima Asamblea General de la O.E.A. preparen una “Carta Democrática Interamericana” que refuerce los instrumentos de la organización regional para la defensa activa de los principios y mecanismos democráticos. Un tema, por cierto, que reclama mayor atención, vista la extraña postura que sobre el particular adoptó el Presidente de Venezuela, razón sobrada para un comentario adicional en próxima oportunidad.
