Fedecámaras: Autoridades y FANB deben garantizar recolección de firmas
Este jueves la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) instó a las autoridades y a las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) a garantizar el derecho constitucional al Referendo Revocatorio presidencial, luego de que varios tribunales estadales decidieron anular el proceso de recolección del 1% de firmas contra el mandatario Nicolás Maduro.
La cúpula empresarial pidió a los poderes públicos constituidos a “mantenerse apegados a la Constitución de la República de Venezuela y a garantizar las salidas constitucionales que demanda el país”.
En tal sentido, sostuvo que el Referendo Revocatorio “es la vía que permitirá aliviar las tensiones que vivimos”, en el país con la inflación más alta del mundo por tercer año consecutivo y con estimaciones dramáticas de caída del Producto Interno Bruto (PIB).
A continuación, el texto íntegro del comunicado del gremio empresarial:
EL REFERÉNDUM REVOCATORIO ES LA SALIDA CONSTITUCIONAL A LA CRISIS DEL PAÍS
La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela -FEDECÁMARAS-, exhorta a los poderes públicos de la nación a mantenerse apegados a la Constitución de la República de Venezuela y a garantizar las salidas constitucionales que demanda el país.
Desde el gremio empresarial ratificamos que la solución a la crisis institucional, social y económica de Venezuela, pasa por resolver la crisis política de nuestro país, de lo contrario seguirá siendo afectada la calidad de vida de todos los venezolanos. Reiteramos que la realización del referéndum revocatorio presidencial en los plazos establecidos por la Constitución venezolana, es la vía que permitirá aliviar las tensiones que vivimos.
Manipular o bloquear los mecanismos democráticos para la expresión popular, son contraproducentes para cualquier país. Si transitamos por esta ruta, no podremos evitar que se profundicen los procesos de anarquía ya presentes en la sociedad venezolana.
Hacemos un llamado a las autoridades competentes y a la FANB, con el único fin de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a participar libremente, en este proceso electoral de recolección de firmas para la activación del referéndum revocatorio, en un ambiente de paz y de respeto, los días 26, 27 y 28 de octubre, según lo establecido por el Consejo Nacional Electoral.
El periodo establecido por el poder electoral corresponde a días y horas laborables, por ello, exhortamos al empresariado en general a organizarse junto a sus trabajadores, y así poder garantizar la participación ciudadana sin que esto afecte la productividad de las empresas.
El país necesita una estabilidad política para poder ejecutar un modelo económico que garantice retomar la senda de progreso, bienestar y desarrollo sostenible, que tanto requiere la población. Venezuela necesita recuperar la confianza en sus instituciones y en los poderes públicos. En Venezuela lo que nos estamos jugando es su democracia y el estado de Derecho. Evitemos aumentar la inestabilidad política y con ella la crisis económica y social. Debemos comenzar a darle respuestas a un pueblo que demanda soluciones inmediatas.
Los poderes públicos, en todos sus niveles, y la FANB, deben ser garantes de las salidas políticas y constitucionales de las necesidades del país. Sus actuaciones deben procurar evitar las confrontaciones y siempre mantenerse apegadas al estado de derecho y a la Constitución. Deben estar al servicio del país y nunca a una parcialidad política. Las instituciones deben reconocer la pluralidad de la sociedad venezolana y el respeto de las mayorías como el máximo principio democrático, alejarse del camino constitucional nos llevará a transitar por la vía de un sistema de dominación de grupos minoritarios que intentan someter a las mayorías.
Mantenemos nuestro llamado al diálogo como única vía para superar los problemas del país. Reiteramos nuestro compromiso de trabajar por Venezuela, dentro de un clima de confianza que permita ejercer de manera plena los derechos políticos, económicos y sociales establecidos en nuestra Carta Magna.
