Elecciones en Perú

En 1992, gracias a una conspiración fraguada en la sombra por Vladimiro Montesinos y su testaferro en la presidencia, Alberto Fujimori, se instauró en el Perú un régimen autoritario. Según todo parece indicar, el próximo 9 de abril, mediante unas elecciones cuyos injustos y fraudalentos mecanismos ya han sido denunciados por diversos organismos internacionales, la dictadura se prolongará oficialmente hasta el año 2005. ¿Hay algún chance de evitar el fraude? ¿Será posible que Alejandro Toledo, el candidato de Perú Posible que ha irrumpido como un bólido en las encuestas, derrote en las elecciones a Fujimori? ¿Tendrán algún efecto en los comicios las recientes denuncias de la Casa Blanca, la OEA, la Federación Internacional de Derechos Humanos, y el Centro Carter? No lo creo.

Quienes conocen el historial de Montesinos (ex-convicto, traidor, abogado de narcotraficantes, violador de derechos humanos) y los crímenes que ha perpetrado a través del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), saben muy bien que no es tan fácil sacar del gobierno a ese par de rufianes cuya enferma ambición de poder es similar a la de los más siniestros dictadores latinoamericanos del pasado siglo. Me temo que los resultados de esta farsa electoral ya están decididos por el verdadero mando, el omnipotente SIN, y creo que el régimen autoritario no va a desvanecer con una mera contienda electoral sino con el derrumbe de los aparatos de control e intimidación que, bajo el mando del celebérrimo Montesinos, encausan actualmente los destinos del Perú. De lo contrario, Fujimori seguirá ganando elecciones con o sin el apoyo de su pueblo.

La superchería electoral del Perú comenzó en 1996, el día que el congreso de títeres del régimen aprobó la ley de interpretación auténtica de la Constitución que le permite a Fujimori, en una flagrante violación a su propia Carta Magna, gobernar un tercer período. Sus abyectos servidores señalan que las elecciones de 1990 fueron realizadas bajo la vieja Constitución y, según el nuevo texto, el dictador sólo lleva un período gobernando. ¡Vaya razonamiento! En otras palabras, el régimen promulga una ley cuya intención (impedir gobiernos que duren más de diez años) debería hacerla automáticamente retroactiva, pero debido a que hay que seguir la nueva Constitución al pie de la letra, no queda más camino que concederle al actual presidente un privilegio que ningún otro mandatario va a poder saborear. Tres magistrados de la corte, en un gesto de inaceptable rebeldía al régimen, declararon inaplicable esta dudosa ley y fueron echados como perros del Tribunal Constitucional. Asimismo el Foro Democrático reunió un millón de firmas para convocar a un plebiscito y someter esta medida arbitraria a una consulta popular pero la mayoría autómata del congreso frenó inexplicablemente la democrática y constitucional iniciativa.

Sin embargo, estas arterías legales que de un modo u otro intentan camuflar y disfrazar la dictadura no deberían sorprender a nadie pues ya se han convertido en el modus operandi del gobierno. Desde el 5 de abril de 1992, día del autogolpe de Fujimori, Montesinos ha conducido una purga extensiva del aparato judicial que le ha permitido acometer, bajo el amparo de la ley, abusos y crímenes descarados. Entre esta miriada de triquiñuelas legales, la ley de aministía se lleva quizá el trofeo de oro. En el año 95 el congreso promulgó una ley que “concede amnistía general a los militares, policías, y civiles que se encuentren denunciados, investigados, encausados, procesados, o condenados por hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo desde mayo de 1980.”

Esta ley impide que el estado investigue y sancione de manera justa e imparcial las violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en el Perú en los últimos veinte años, es decir, se burla vilmente del principio de igualdad ante la ley y compromete la verdadera noción de estado de derecho. Muchos afirman que la ley se concibió, en parte, como un freno a la investigación de la matanza de Barrios Altos, donde un escuadrón de la muerte asesinó a quince personas en el conocido vecindario limeño. Al parecer, en mayo de 1993 y luego en enero de 1995 varios oficiales disidentes declararon públicamente que los miembros del grupo Colina, un destacamento siniestro relacionado al SIN, eran los autores de la masacre, y aseguraron que los jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Servicio de Inteligencia Nacional (Hermoza Ríos y Montesinos), tenían pleno conocimiento de la matanza. En abril de 1995 un tribunal del fuero común inició una investigación judicial basada en las acusaciones de estos oficiales e inmediatamente los tribunales militares, por razones de convenencia, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia jurisdicción sobre el caso. Sin embargo, antes de que la CSJ evaluara la petición, se promulgó la ley de amnistía y el caso fue, mediante esta nueva legislación, sin necesidad de que la CSJ se lo cediera a los tribunales militares, forzosamente archivado. En un último y futil intento de hacer justicia, la juez encargada de la investigación, la doctora Antonia Saquicuray, declaró que la ley de amnistía no era aplicable al caso de Barrios Altos pero antes de que su resolución fuese ratificada o anulada por una corte superior, el congreso promulgó una nueva ley que reforzaba las disposiciones de la primera y ampliaba su esfera de aplicación. En ella se dispone que la amnistía concedida no es revisable en sede judicial y que es de obligatoria aplicación por los órganos jurisdiccionales.

Algo similar ocurrió con la masacre de la Universidad de La Cantuta donde nueve estudiantes y un académico fueron secuestrados y asesinados por una gavilla de militares en julio de 1992. Un año después del crimen, el periódico peruano, Diario Uno, publicó un documento de un grupo de oficiales disidentes llamado León Dormido donde acusan al grupo Colina de la masacre. En el documento revelan que el escuadrón opera bajo la órdenes de Vladimiro Montesinos y del comandante general del ejercito Hermoza Ríos y aseguran que el grupo ha llevado a cabo varios asesinatos, incluyendo la masacre de Barrios Altos. La acusación fue corroborada unos días después por el general Robles, un reconocido e intachable militar del ejercito peruano que, en un acto sin precedentes en la reciente historia castrense del país, renunció a su cargo de treinta y siete años y denunció a Montesinos y a Hermoza Ríos de haber ordenado los asesinatos. Tres meses después de la acusación, debido a la montaña de evidencias que se arraigaba en los medios opositores y a la creciente presión de la comunidad internacional, el gobierno se vio obligado a capturar a los miembros del escuadrón y, en unos juicios rápidos y nebulosos, los condenó a varios años de prisión. Sin embargo, a pesar de la innegable participación de los altos mandos en el crimen, el comandante general Hermoza Ríos y la cabeza de facto del SIN, Vladimiro Montesinos, siguen en libertad.

Del mismo modo, la dictadura ha convertido a casi todos los medios, mediante el soborno y la intimidación, en instrumentos propagandísticos del régimen. El gobierno permite la circulación de algunos diarios de oposición -como el diario La República y el semanario Caretas- pero sólo con el fin de hacerle creer a la comunidad internacional que en el Perú hay libertad de prensa. El caso de hostigamiento que ha tenido mayor resonancia internacional ha sido el del señor Ivcher, cuyo canal de televisión, Frecuencia Latina, osó a revelar en un programa dominical, el ingreso estratosférico de Vladimiro Montesinos en el año 96. El señor Ivcher pagó caro la gracia. A los pocos meses, el régimen lo privó de su nacionalidad peruana, enjuiciaron a su mujer y a su abogado y, mediante un conjunto de pillerías legales, le arrebataron el Canal 2 y se lo cedieron a unos accionistas minoritarios vinculados a la dictadura.

Ahora bien, ¿qué podemos esperar en las elecciones del próximo 9 de abril? ¿Qué podemos esperar de un régimen controlado por un par de sátrapas dispuestos a hacer cualquier cosa para no ceder el trono? ¿Será posible que se respete en los comicios la voluntad de los peruanos? Ciertamente, el proceso ya ha sido injusto. Como lo señalaron en sus informes el Centro Carter, la Federación Interamericana de Derechos Humanos e inclusive la OEA, se han hecho ya daños irreparables: los candidatos opositores han tenido acceso limitado a los medios televisivos, Fujimori ha utilizado ilícitamente recursos del estado para promoverse, hay graves problemas de infraestructura legal en el aparato electoral, el gobierno ha violado la libertad de prensa (hace poco cerraron una radio que comenzó a transmitir noticias independientes) y, peor aún, a través de una miriada de pasquines sensacionalistas que creó Montesinos para glorificar al régimen y descalificar a la oposición, se han efectuado violentas campañas de desprestigio a los candidatos opositores.

Apenas en las últimas dos semanas se ha acusado al economista Alejandro Toledo de tener una hija ilegítima, y de un supuesto vínculo con un estafador. Pero, ¿será posible que el ejército, la unidad encargada de velar por el desarrollo de los comicios, en cuyo interior todavía quedan, a pesar de la purgas extensivas que efectuó Montesinos, oficiales honestos que desprecian al actual régimen, actúe con independencia y evite el fraude? o ¿será el reciente caso del millón de firmas falsificadas por Perú 2000 para inscribir la candidatura de Fujimori, un celaje de lo que puede ocurrir el próximo domingo? ¿No son la masacre de Barrios Altos, los asesinatos de La Calcuta y el caso Ivcher, pruebas suficientes de que el régimen puede manipular o fabricar los resultados de las elecciones? La razón me dice que la verdad esta más cerca de la dos últimas preguntas pero, de igual modo, espero que ocurra un milagro o que el cholo Toledo y su simpática esposa, Eliane Karp (uno de los fuertes de su exitosa campaña), lleguen, al menos, a la segunda vuelta.