¿Vía libre al golpismo?
Los antecedentes remotos del gobierno que preside el Comandante (%=Link(«http://analitica.com/bitblioteca/hchavez/»,»Hugo Chávez Frías»)%) ((%=Link(«/bitblioteca/venezuela/4f.asp»,»4 de febrero»)%) y 27 de noviembre, 1992), explican con toda claridad la posición oficial venezolana adoptada en el caso de la crisis institucional que se ha presentado en Ecuador y que ha tenido un primer efecto con el derrocamiento del presidente Jamil Mahuad y su reemplazo por el vicepresidente Gustavo Noboa después de que las Fuerzas Armadas reaccionaron para, en plazo brevísimo, anular la acción golpista que se había concretado previamente con la formación de una junta de gobierno cívico-militar al margen de la constitucionalidad, la cual, entre otros, contó con la presencia de un representante de las politizadas comunidades indígenas ecuatorianas.
“Venezuela lamenta pero no condena ni condenará los sucesos en Ecuador”, declaró el primer magistrado, atribuyendo lo ocurrido a una “decisión soberana del pueblo ecuatoriano”. No otro comportamiento cabía esperar de este gobierno que, pese a su indiscutible legitimidad, apoyada en los resultados electorales del 6 de diciembre de 1998, se nutre políticamente de los dos intentos de golpe de estado de 1992, en el primero de los cuales fue figura protagónica el hoy presidente de la República.
Sin embargo, la comunidad regional agrupada en la Organización de los Estados Americanos, al examinar en su Consejo Permanente la situación en el país hermano, se pronunció, a diferencia de nuestro país, por “condenar el intento de golpe de estado que atentó contra el orden democrático legítimamente constituido en Ecuador” (resolución 763 del 21/01/2000) y reiteró a través de la resolución 764 (26/01/2000) “su rechazo a cualquier acción para quebrantar el orden democrático y constitucional del Ecuador o de cualquier Estado Miembro de la Organización”, precisando, además, una condena firme de “los hechos que pusieron en peligro el orden democrático legítimamente constituido en el Ecuador y que condujeron al alejamiento del cargo del Presidente constitucionalmente elegido”.
Para la (%=Link(«http://www.oas.org/lowdefaults.asp»,»OEA»)%), pues, no hubo tal “decisión soberana del pueblo ecuatoriano” como afirmó el mandatario venezolano, como tampoco para la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la cual a través de sus respectivos Consejos Presidencial y de Cancilleres, hizo público “su más firme y enérgico respaldo al sistema democrático y al estado de derecho”. Por su parte, los cancilleres que integran la troika del Grupo de Río (Colombia, Chile y México), expresaron su repudio a la aventura golpista destinada a vulnerar en Ecuador el orden constitucional y la institucionalidad democrática.
Quiere decir lo anterior que la posición venezolana, al no condenar el golpe de estado que tuvo como escenario a la nación hermana, marca distancia no solamente con los instrumentos políticos adoptados por la organización hemisférica para la defensa de la democracia (Resolución 1080 de Santiago de Chile y Protocolo de Washington) sino que igualmente se aleja de los principios consagrados en la Carta respecto a la democracia representativa. O sea que Venezuela, dando un giro total a su política exterior, de ahora en adelante, en vez de promover y, valga el recordatorio: “sustentar el orden democrático como único e irrenunciable medio de asegurar los derechos y la dignidad de los ciudadanos, y favorecer pacíficamente su extensión a todos los pueblos de la Tierra”, como acertadamente lo señalaba la admirable Constitución de 1961, dará vía libre al golpismo con la excusa de que las acciones de fuerza, arbitrariamente calificadas de soberanas de los pueblos, pues no siempre lo son en la realidad, justifican el derrocamiento de los gobiernos democráticos. Con razón, en distintas capitales del hemisferio y también en otras latitudes, comienza a generarse inquietud y preocupación con relación a lo que habría que calificar como una nueva política venezolana en relación a los regímenes de facto.
