Defensa de los Flores exige a la corte de EEUU que se elimine evidencias
Por Maibort Petit
@maibortpetit
Los abogados defensores de Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama de Venezuela Cilia Flores, solicitaron al juez Paul Crotty que elimine las pruebas presentadas por el gobierno de los Estados Unidos para acusar a sus clientes, en especial, pidieron la supresión de los interrogatorios hechos por la DEA en el avión, las imágenes del kilo de cocaína manipulado por Campos Flores y todas las grabaciones hechas por los informantes confidenciales.
En un documento de 33 páginas, el equipo de 6 abogados de los sobrinos de la pareja presidencial aseguran que el testimonio de los testigos del gobierno de Estados Unidos, interrogados en la audiencia de supresión de evidencias, dejó claro que la investigación del caso se llevó a cabo -casi en su totalidad- por los informantes «que mostraron un nivel sin precedentes de engaño y una conducta ilegal durante la operación.»
Los abogados sostienen que las entrevistas posteriores a la detención en este caso «se realizaron de manera descuidada, después de un final precipitado e investigación fallida».
Agregaron que no hay registros de las entrevistas posteriores a la detención y que el único agente que hablaba español en el vuelo de Haití a Nueva York, reconoció sus limitaciones de sus registros escritos a mano y de su memoria.
La defensa asegura que la supresión de la evidencia es necesaria dadas las graves violaciones constitucionales que se presentan en esta investigación. «La Corte debe otorgar la supresión de mociones pedidas por los acusados «.
Insisten que la supresión de dichas evidencias es necesaria, porque el gobierno no ha podido demostrar que las declaraciones realizadas a bordo del avión fueron hechas de manera voluntaria.
Señalan que el gobierno no ha demostrado satisfactoriamente que las declaraciones posteriores a la detención se hicieron»libre de intimidación, coacción o engaño».
–Debido a las declaraciones hechas por los acusados -posteriores a la detención- no eran el «producto de una elección libre y sin restricciones el debido proceso exige que se supriman dichas declaraciones».

Igualmente, los abogados de Campos Flores y Flores de Freitas insistieron que los demandados son hombres jóvenes, tenían 29 y 30 años de edad en el momento de su detención, que no tenían antecedentes penales y no tenían experiencia previa con el sistema legal de los Estados Unidos.
– Después de haber sido engañado deliberadamente por los Estados Unidos para que fueran a Haití, los acusados se encontraban lejos de sus casa y no estaban familiarizados con el sistema legal en el que se encontraban. Los acusados no son operadores sofisticados o con experiencia, y las circunstancias de su detención los hizo más propensos a sentirse aterrorizados y humillados por las autoridades.
La DEA participó en la detención
Los defensores de los Flores reiteran que a pesar que la policía de Haití sabía que los acusados no eran peligrosos, sin embargo, la detención -prevista con estrecha coordinación de la DEA, incluyeron a 8 o más funcionarios haitianos fuertemente armados, con máscaras y uniformes militares. «Como consecuencia de este espectáculo de fuerza totalmente innecesario, las circunstancias de las detenciones fueron incuestionablemente y -excesivamente -estresantes- y emocionalmente dolorosas para los demandados».
Los abogados reiteraron que las autoridades de Haití actuaron con arreglo a una petición de, y en estrecha coordinación con la DEA. Igualmente sostienen que los agentes que los apresaron, estaban fuertemente armados y no tenían marcas en la parte delantera de sus uniformes que indicaban que eran de la policía.
Señalaron además que no hay prueba que los policías les hubiesen dicho a los demandados la razón de su detención en español.
En relación a este aspecto, el oficial de la policía de Haití que testificó en la audiencia de supresión de pruebas repitió en varias oportunidades que su superior, quien habla perfectamente español,. fue el encargado de informar a los dos acusados la causa del arresto y los procedimientos que se iban a seguir.
La defensa vuelve a repetir que los acusados temían que estaban siendo secuestrados y que morían de miedo cuando -durante su detención- fueron separados inmediatamente, llevados a unas instalaciones policiales, donde permanecieron retenidos, durante horas, sin comida ni agua ni comunicación significativa con respecto a su situación.
Más adelante subrayan que las circunstancias traumáticas de arresto y detención de los demandados los pusieron en un estado extremadamente emocional, lo que contribuyó significativamente al entorno altamente coercitivo que persistió a lo largo de su posterior interrogatorio, que lo obligó hacer una renuncia voluntaria de su derecho a no declarar en contra de sí mismos.
La foto del avión
El memorando de la defensa dice que el gobierno introdujo una foto tomada ostensiblemente en el aeropuerto con algunos agentes que acompañan a los acusados en frente de un avión. A pesar de que los oficiales de la foto tienen marcas diciendo «policía» en el frente de sus uniformes y cascos, no se parecen a los agentes que detuvieron a los acusados.
Los demandados fueron interrogados mientras estaban esposados en un pequeño avión privado. Durante el interrogatorio, los acusados fueron aislados de la familia, los amigos y los abogados. Reseñan que el testimonio del agente estableció que los acusados no fueron ni siquiera informados por qué estaban siendo transportados a los Estados Unidos hasta la interrogación ya había comenzado.
A pesar de pedir la oportunidad de hacer una llamada telefónica a Venezuela, tras su detención por las autoridades de Haití, no se permitió a los demandados ni ponerse en contacto con los funcionarios consulares ni ponerse en contacto con sus familias, dice el informe. Sin embargo, en el testimonio de los agentes de la DEA en la audiencia de supresión se informó que se les ofreció hacer una llamada y que Campos Flores se comunicó con su familia en Caracas.
La defensa sostiene que la DEA quería que los demandados estuvieran aisladas para evitar que alertaran a las autoridades de Venezuela, quienes podría entonces intentar interferir con la expulsión del gobierno de Haití y entregarlos en custodia a la DEA.
La DEA tenía todos los incentivos para evitar que los demandados tuvieran cualquier contacto con sus familias o funcionarios consulares, acotan.
Este aislamiento hizo mucho más fácil para los agentes del gobierno tratar de obligar a la cooperación de los demandados, afirman los abogados. Más adelante sostienen que aunque los agentes de la DEA negaron que era su intención, los 5 testimonios en este sentido, simplemente no hace creíble dicha afirmación.
Señalan que los informantes no son creíbles, ya que CS1 usó cocaína y servicio de prostitutas.
Pidieron al tribunal declinar la invitación del gobierno para encontrar que los dispositivos de los informantes se desactivaron al azar cuando «CS-1 fue capaz de llegar a la opinión de que el acusado carecía de experiencia y las conversaciones clave que demuestran la falta de capacidad y experiencia se produjeron cuando el informante tenían sus dispositivos desactivados».
En la audiencia de supresión el testigo CS-1 (alias el Mexicano) dijo que él desactivaba el dispositivo cuando pensaba que la reunión había concluido. Ese mismo argumento lo sostuvo CS-3 en sus testimonio frente al juez.
Los defensores pretenden que el juez Crotty elimine todas las grabaciones ya que las mismas están hecha en constatada mala fe de los informantes.
Los abogados aseguran que en reunión previa a la audiencia, el gobierno ofreció una serie de justificaciones para explicar la destrucción de las pruebas de la primera reunión que ahora han demostrado ser falsa por parte del CW-1.
El Gobierno también ofreció una serie de explicaciones sobre las actividades de CS-1 y CS-2 que han sido ahora fatalmente socavados por su perjurio y la actividad delictiva durante el curso de la investigación.
Por ejemplo, el Gobierno argumentó que ningún aparato de control podría llevar a efecto CW-1 antes de la primera reunión debido a la poca antelación y a la distancia.
En la audiencia, sin embargo, el agente Sandalio González admitió que: (1) CW-1 ya tenía suficientes equipos de grabación para registrar la reunión, ya que tenía un teléfono celular que había utilizado anteriormente para grabar una otras operaciones y (2) la única justificación real de la incapacidad de CW-1 de llevar un equipo adicional o un agente para controlar la reunión fue que era sábado.
El Gobierno también argumentó que la capacidad de CW-1 para grabar la reunión inicial se vio obstaculizada por el hecho de que no había habido tiempo suficiente para entrenarlo y que estaba en una silla de ruedas. No obstante, sostiene la defensa: «Las fuentes confidenciales profesionales empleadas por la DEA están generalmente formados para utilizar los dispositivos de grabación y por lo general, con el tiempo, les es cómodo utilizarlos para grabar reuniones con objetivos de investigación».
«CW-1, por el contrario, no recibió tal formación, y tenía poca experiencia en ese punto con las reuniones grabadas de forma consensuada. El hecho de que estaba en silla de ruedas agravaba los riesgos asociados con la fabricación de tales grabaciones», asegura los abogados de los primos Flores.
El memorando dice que el testimonio en la audiencia demostró que esta justificación -usada por el gobierno- también era falsa. «El agente especial Corcoran declaró que la formación de un informante de utilizar un aparato de control de la DEA podría tomar menos de diez minutos y nunca había tomado más de una hora».
En cuanto a CS-1 y CS-2, en su sesión inicial de información, el gobierno justifica las diferencias en las grabaciones y la reunión que no fue registrada con la sugerencia de que las grabaciones que faltan pueden ser el resultado de las «limitaciones de almacenamiento» y la idea de que «los dispositivos no siempre funcionan según lo previsto por la DEA», acotan los defensores.
Señalan que durante la audiencia, sin embargo, no hubo evidencia de que las limitaciones de almacenamiento llevaron a cualquier punto de corte de las grabaciones o que haya habido un mal funcionamiento, «la explicación real era simplemente que los informantes habían tomado decisiones deliberadas para no grabar la totalidad de sus interacciones con los demandados».
Por las razones ya discutidas, dicen, las justificaciones de los informantes para hacerlo deben ser rechazadas.
Concluyen asegurando que el Tribunal de Justicia debe:
(1) suprimir las declaraciones posteriores a la detención hechas por los acusados;
(2) suprimir las grabaciones realizadas por los informantes confidenciales; y
(3) eliminar las imágenes del supuesto ladrillo de «cocaína» y toda referencia a ella.
