Violan vulgarmente la Constitución, el Ejecutivo, CNE y TSJ

Edgard J. González26 septiembre, 2016

Art. 72; Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario, un número no menor del 20% de los electores inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. Cuando igual o mayor número de electores que eligieron al funcionario hubieren votado a favor de la revocación, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores igual o superior al veinticinco por ciento de los electores inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la ley.

En el párrafo anterior está el texto del artículo de la Constitución que establece la opción de revocar cualquier cargo o magistratura de elección popular. No hay excepciones para los cargos o magistraturas que sean producto de elección, y no permite interpretaciones el porcentaje que se requiere para solicitar la convocatoria -20%-, ni las cantidades necesarias para que ocurra la revocación -participación del 25% o más, igual o mayor número de votos a favor de la revocación. Eso es lo literal, lo que se desprende de la lectura del texto. Pero hay una parte de la definición de cualquier ley o articulado, que no aparece específicamente indicada en el texto, pero se sobreentiende por ser inherente a la intención de su redacción, a su existencia como norma inscrita en la Carta Magna. Es lo que se llama el ESPÍRITU de la Ley. Lo subyacente al texto, la búsqueda del equilibrio para favorecer a la mayoría cuando está insatisfecha con un pésimo funcionario, la opción para sacarlo del cargo y substituirlo por otro que, a juicio de esa mayoría, pueda y deba hacerlo mejor (y distinto, sobre otro esquema, si es lo necesario). Pero también forma parte -del texto y del espíritu- la condición de CELERIDAD que debe darse al trámite para hacer valer la Ley, la prontitud en la tramitación del ejercicio del DERECHO que le otorga la Constitución a la CIUDADANÍA, se sobreentiende que debe ocurrir lo más pronto posible la instrumentación del Referendo Revocatorio, toda dilación, todo retardo, todo obstáculo, conforma una VIOLACIÓN a escala constitucional, y quienes maniobren para prolongar indebida e ilegalmente el proceso DELINQUEN.

Art. 26: Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

Resumiendo; La opción de REVOCAR la otorga la Carta Magna de la República, tanto en el texto como en el espíritu de todas las leyes, por supuesto no excluye al Revocatorio, no hay cabida a interpretaciones bizarras ni a procedimientos dirigidos a retardar la aplicación de lo que la Constitución establece. Esa “primera fase del 1%” fue añadida, igual que los lapsos para recolectar, validar y revisar la validación, y la tardanza en fijar fecha para el 20%, con la intención de obstaculizar, retardar, impedir, que el referendo Revocatorio cumpla su propósito primordial, revocar al funcionario electo al que la mayoría rechaza. Toda actuación indebida -del CNE, del TSJ o del Ejecutivo- desnaturaliza el contenido y la intención de la LEY, por lo tanto son VIOLACIONES que deberían acarrear sanciones para quienes las cometan. El Oficialismo se esfuerza en impedir que el revocatorio ocurra en el año en que fue formalmente solicitado, y algunos del PSUV incluso tratan de evitar que se realice el próximo año, porque en cualquier escenario y tiempo, el régimen pierde. Los Derechos no pueden ser ignorados o manipulados en función de la conveniencia de quienes detenten el poder -circunstancial y temporal- y en perjuicio de la mayoría de los ciudadanos.

Para colmo, además de malversar el TIEMPO para correr la arruga y reducir los daños (si el Revocatorio ocurre en 2017, Maduro será inevitablemente revocado, pero queda la administración del Estado Nacional en manos de la misma pandilla, algo gatopardiano y grotesco: “Permitir que algunas cosas cambien, para que todo siga igual”), las condiciones que arbitrariamente establece el CNE para recolectar ese 20% pendiente, imponen dificultades que persiguen disminuir la participación efectiva de los electores (lo opuesto a la función medular del CNE, de propiciar la participación del mayor número posible de electores en cualquier proceso). Asignan menos centros (1.355 de 14.515 que hay) y menos máquinas que las requeridas, en los espacios donde la oposición es fuerte (5 captahuellas en un centro con 40.000 electores, 5 para otro con sólo 2.000). Buena parte de las máquinas en espacios con menor densidad poblacional o en barrios peligrosos, donde sus propios habitantes temen ser víctimas de intimidaciones o directas agresiones. El CNE colocó 8.384 máquinas en un proceso del PSUV, asigna 5.392 al Revocatorio nacional. Dan apenas tres días para recoger casi 4 millones de respaldos ciudadanos al Revocatorio contra el inepto Maduro, y como para que no queden dudas de la mala intención del CNE, restringen a 7 horas diarias -de 8 a 12, y de 1 a 4- el horario de atención al proceso, que mantendrá a millones una hora en la cola, esperando mientras los “sacrificados” empleados almuerzan. Ya este abuso fue implementado para la Validación del 1%, sin importar que las colas estuviesen repletas de ciudadanos ansiosos por refrendar su voluntad, a las four o’clock sharp cesaban sus labores. Y las maniobras para retardar tampoco son inéditas, ya las practicaron del 2003 al 2004 *, para impedir la segura paliza al golpista, que en ese intermedio montó el demagógico esquema de las misiones, con la invasión cubana sosteniendo el costoso espejismo, que tuvo vigencia hasta que se acabó la abundancia, bajó el barril y también la seducción del agente castrista indocumentado.

De manera que la Operación MORROCOY del CNE persigue dos cosas: 1º. Dificultar la normal tramitación de cada fase del Revocatorio, para RETARDARLO, y 2º. Impedir la asistencia de una alta proporción de ciudadanos dispuestos a REVOCAR al inepto (por el instinto de supervivencia que nos obliga a evitar los barrios peligrosos que conforman la zona roja de cada Estado), y reducir la Validación de quienes -a pesar de la peligrosidad del entorno- acudan a ejercer su Derecho a Revocar, por la insuficiencia de máquinas asignadas a los Centros donde el sectario CNE sabe que somos Mayoría absoluta (en especial en las grandes urbes, y los espacios con mayor densidad poblacional). El sucialismo del siglo 21 mantiene menguantes respaldos en áreas rurales y urbanas donde los empleos dependen de las Nóminas del Oficialismo, en las cuales hacen su agosto ENCHUFANDO a sus seguidores, o a quienes pueden chantajear con ese ingreso fijo, una Carga negativa para cualquier presupuesto. Como guinda del pastel maniobrero del CNE, pretenden que el 20% sea por estado, para anular el resultado si en uno solo de los estados sus ardides tuviesen éxito y no se alcanzara el 20%, como si la escala nacional pudiese ser fraccionada a capricho de la obvia minoría, en su ilegal beneficio. Con sobrado descaro Diosdado Cabello afirma que el CNE debe dar DOS HORAS en total para realizar el Revocatorio nacional. Con cinismo, Socorro Hernández declara: “el órgano está apegado al «principio de celeridad» establecido en la Constitución. «Nosotros, por ejemplo, nos reunimos en las sesiones una vez a la semana«. ¿Es más “participativo y protagónico” ese cogollo rojo rojito, o la mayoría del pueblo venezolano que quiere revocar al incapaz e indocumentado? ¿Exigimos respeto a la Constitución y a nuestros derechos, o permitimos que la sigan violando a su libre albedrío y arbitrariedad? ¿La comunidad internacional entiende las graves irregularidades que el régimen madurista impone, o necesitan también dibujitos, para fijar su posición en defensa de la Democracia y los DDHH?