Seguro Social, lecciones latinoamericanas

(%=Image(2040196,»L»)%)Oakland, California (AIPE)- Ahora que la Administración Bush se propone privatizar parcialmente su Seguridad Social, debería atender la gran lección de la reforma previsional en América Latina. Se resume así: mientras más se difunda la propiedad y mayores sean las opciones individuales, mucho mejor.

Es un error plantear la reforma como una manera de “salvar la Seguridad Social”, pues no se trata de un problema sólo financiero. Si se pretende que mucha gente opte por el sistema privado, que las cuentas de capitalización individual tengan altas tasas de retorno y que el ahorro se dispare, es indispensable entender la reforma como una transferencia de poder al ciudadano.

A pesar de su relativo éxito, la reforma previsional latinoamericana ha adolecido, según el país, de cinco defectos: la perpetuación del viejo sistema; la creación de un sistema mixto en el que la cuenta personal es un suplemento del sistema estatal; la recaudación por parte del Estado de las contribuciones al sistema privado; el cobro de impuestos a las cuentas privadas y la imposición de condiciones a los administradores de pensiones.

Cuando se mantiene el viejo sistema, el Estado compite deslealmente con el nuevo. Cuando se establece una fórmula mixta, los pobres subvencionan a los ricos y, como la factura de la pensión estatal la pagan las empresas pequeñas y los trabajadores por cuenta propia, los burócratas abortan un capital significativo. Cuando se convierte en recaudador de las contribuciones, el Estado nubla la diferencia entre ambos sistemas. Cuando cobra impuestos a las cuentas privadas, el Estado ahuyenta la participación. Y cuando limita las inversiones de los fondos privados, el Estado crea un oligopolio que transfiere a la gente altos costos administrativos.

En aquellos países -como Argentina, Colombia y Uruguay- cuyas reformas adolecieron de varios de estos defectos, la reforma funcionó menos bien. En aquellos –como Chile y El Salvador- en los que el Estado interfirió menos, funcionó mejor. A mitad de camino, los que están más cerca del primer grupo –como Bolivia- tuvieron más éxito que los otros, como el Perú antes de corregir varios errores iniciales. En todos los casos, hay que decirlo, la privatización parcial obtuvo mejores resultados que el sistema estatal.

Colombia es ejemplo del primer defecto. Los nuevos trabajadores que optan por cuentas privadas, a quienes se les cobra un impuesto, pueden regresar al antiguo sistema, que el gobierno publicita. ¿Sorprende que el antiguo sistema tenga el doble de trabajadores que el nuevo?
Argentina es ejemplo del segundo defecto. El principio de reparto universal sigue operando aun cuando se permite a los trabajadores optar por cuentas privadas, de modo que los empleadores siguen pagando al Estado un impuesto de 16 por ciento de cada salario y los trabajadores no asalariados pagan un impuesto de 27 por ciento. Esto equivale a excluir a mucha gente del sistema (sólo un total de 8 millones, la mitad de los que podrían ser, participan en el sistema formal, sea el estatal o el mixto).

En Argentina, México y Bolivia, el Estado recauda las contribuciones al sistema privado –el tercer defecto. Esto explica en parte por qué en Bolivia muchos están fuera del sistema formal.

El Perú -ejemplo del cuarto defecto- cobró en los primeros años un impuesto a las cuentas individuales, hasta que en 1995 el gobierno debió dar marcha atrás porque sólo habían optado por cuentas privadas la mitad de los trabajadores que se esperaba.

El quinto defecto está presente en todos lados: los administradores de pensiones operan bajo camisa de fuerza. La peor imposición es la obligación de comprar bonos del Estado. Los ahorristas argentinos sufrieron las consecuencias cuando el Estado suspendió el pago de la deuda en 2001. Los mexicanos fueron obligados durante años a aceptar una rentabilidad más baja que la de los chilenos o los salvadoreños porque 64 por ciento de los fondos tenían que ser invertidos en bonos del Estado.

Mediante restricciones que impiden a ciertas empresas competir en ese mercado, imponen rentabilidad mínima, prohíben ofrecer más de un tipo de fondo y limitan la inversión en el exterior, los gobiernos de América Latina han elevado los costos administrativos a entre 20 y 30 por ciento del monto de los activos de la gente, provocando furia. Como estas reglas hacen que el resultado de los distintos fondos sea muy similar, los pocos competidores han dedicado excesivo tiempo y dinero a campañas de mercadeo que han elevado sus costos. Chile relajó algunas reglas y los costos administrativos cayeron.

El poder de la propiedad es tal, que aun allí donde el éxito ha sido sólo parcial ningún gobierno ha revertido la reforma. Cualquiera que pretendiese hacerlo tendría que vérselas con 13 millones de mexicanos que poseen 35 mil millones de dólares en cuentas privadas o 3,3 millones de peruanos que poseen 6 mil millones de dólares.

Pero, al crear un sistema que obliga a la gente a ahorrar a la fuerza y coloca barreras a la competencia, los beneficios han sido menos gloriosos de lo que hubieran podido ser –razón por la cual varios han reformado en algún momento sus propias reformas.

Esta es la lección que Estados Unidos debe atender para su propia reforma: colocar límites a la propiedad y al libre ejercicio de opciones significa que tarde o temprano se deben cambiar las reglas otra vez. Mientras más profunda es la reforma, muchísimo mayor es el éxito.

(*): Periodista y escritor peruano, académico asociado del Independent Institute, publicó recientemente Rumbo a la libertad (Editorial Planeta).