González López: Aquí no hay represión sino anticipación al delito
Cinco días han pasado desde que el 1 de septiembre los venezolanos salieron a «tomar» las calles de Caracas en muestra de rechazo y a su vez exigencia al Consejo Nacional Electoral, para que fije una fecha de activación del referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
Lo que en principio se tornó como una manifestación pacífica, horas más tarde terminó siendo una batalla con piedras, botellas y gas lacrimógeno, entre un grupo de jóvenes –que algunos dirigentes de oposición catalogaron de «infiltrados»– y los funcionarios de seguridad del Estado.
Tras la movilización se contabilizaron cerca de 81 detenidos, entre ellos varios dirigentes de Voluntad Popular, de los cuales 23 fueron presentados el pasado lunes ante los tribunales por su presunta participación en los hechos de violencia y disturbios ocurridos en la ciudad Capital.
Sin embargo ese día otro panorama se visualizaba en la autopista Francisco Fajardo, donde el ambiente violento y de represión por parte de los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana se hacía sentir.
Ante este contexto, el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Gustavo González López, aseguró que la detención de numerosos dirigentes de VP no corresponde a hechos de represión si no a la respuesta del Gobierno para frenar un supuesto golpe de Estado, el cual destacó «fue aplazado del 1 al 7 de septiembre».
«Aquí no hay represión, sino anticipación al delito» y dijo que todas las actuaciones del Estado venezolano están amparadas en la Constitución», apuntó.
«Fuerza justificada»
De acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), Marco Antonio Ponce, durante los primeros siete meses de 2016, se registraron la represión durante protestas se incrementó en 485% en comparación con años anteriores.
Y es que con base a las protestas monitoreadas durante los primeros seis meses de 2016 se ha hecho notoria la espiral de conflictos sociales y políticos en los que se encuentra inmerso el país.
Según el OVCS, hasta julio se registraron 3.507 protestas; en promedio se contabilizaron 19 protestas diarias en todo el territorio nacional.
Ante la ola de violencia y represión registrada en los últimos días en Venezuela, los organismos internacionales han reiterado su llamado al Estado venezolano a emplear la fuerza «exclusivamente a fin de cumplir con su obligación de proteger a las personas y a los miembros de las fuerzas de seguridad, y sólo utilizando la fuerza que sea estrictamente necesaria, conforme a los principios internacionalmente reconocidos».
Violación de Derechos
Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el incremento en el número de casos de ejecuciones policiales ocurridas en Venezuela en el contexto de operativos como OLP.
En este sentido, aseveró que es necesario separar el concepto de defensa de la nación del concepto de seguridad ciudadana, toda vez que bajo la justificación de la lucha contra el «terrorismo» y el «paramilitarismo criminal», se ampara la militarización de las labores de seguridad ciudadana y la comisión de cientos de abusos por parte de los agentes de la fuerza pública.
Los ciudadanos ven con preocupación la visión militarista y la implementación de «mano dura» como práctica para «atacar» a distintos actores sociales, y justificar el uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios policiales, primando así muchas veces los intereses del Estado por encima del derecho de los ciudadanos.
