Evo Morales y el buen revolucionario

Hace apenas unas semanas se hablaba en algunos medios de una tendencia hacia la moderación en las políticas de Evo Morales. Después de todo, el presidente boliviano había flexibilizado su posición con las petroleras extranjeras, buscando una salida pragmática a las duras negociaciones de diez meses que siguieron el histriónico decreto de nacionalización del primero de mayo. También había dulcificado su discurso hacia Estados Unidos (asustado por el vencimiento de las preferencias arancelarias ATPDEA), e iniciado conversaciones con Chile, enemigo histórico de Bolivia, sobre posibles ventas de gas o electricidad.

Morales hasta pareció dar señales de alejamiento en su cercana relación con Hugo Chávez, despidiendo al pro-chavista Andrés Soliz Rada, su radical ministro de Hidrocarburos, y permaneciendo en la CAN a pesar del retiro de Venezuela. En la Asamblea Constituyente su partido Movimiento al Socialismo buscaba imponer una reglamentación a través de la cual la aprobación de cada artículo de la nueva Constitución requeriría sólo una mayoría absoluta –y no los dos tercios que sugiere la ley y la jurisprudencia boliviana (y el oficialismo no tiene). Pero la oposición había logrado bloquear esta propuesta.

¿Estaba Evo silenciosamente morigerando la agenda radical que lo llevó a la presidencia? ¿Se equivocaban esos críticos que, de una manera maniquea, lo colocaban en el grupúsculo de Fidel Castro y Hugo Chávez?

Quienes comenzaron a señalar esta tendencia hacia la moderación y pragmatismo tuvieron que retractarse de inmediato. Porque del 17 de noviembre, en una sesión que incluyó insultos, amenazas, acusaciones y hasta puñetazos, el oficialismo impuso en la Asamblea Constituyente su propuesta de aprobación de cada artículo de la nueva Constitución por mayoría absoluta. Y ese mismo día Morales amenazó con otorgar al Congreso poder para fiscalizar e incluso remover a los prefectos (o gobernadores), la mayoría de los cuales son, por supuesto, de oposición. Esta medida, junto a la de la Constituyente, hizo que seis de los nueve prefectos de Bolivia “rompieran relaciones” con el gobierno, y que pocos después, en un acto quizá infantil y contraproducente, los senadores opositores que controlan la Cámara Alta se retiraran del Congreso. ¿Cuál fue la reacción de Evo? Volvió a mostrar su garra autoritaria. Si los senadores no se presentan en el Congreso, amenazó, pasaría su radical reforma a la ley agraria por decreto.

El decreto no hizo falta, pues Morales y el MAS encontraron una salida más elegante al bloqueo. El martes 28 de noviembre el Senado reinició sus sesiones con un poco más del quórum y aprobó en el acto la reforma a la ley de tierras. El momento no pudo ser mejor, porque en las afueras del Congreso la Plaza de las Armas bullía con centenares de indígenas que habían recorrido largas distancias para presionar a los congresistas a que aprobaran la reforma. ¿Cómo se las ingenió el oficialismo para alcanzar el quórum y pasar la controversial legislación? Muy sencillo. Tres senadores de oposición, dos suplentes y un titular, decidieron repentinamente romper el bloqueo, presentarse en el Senado y votar en línea con los intereses del MAS.

No se necesita tener un agudo olfato para detectar el tufillo raro que desprende esta triquiñuela a través de la cual se aprobaron estas legislaciones. En primer lugar están las serias denuncias de la oposición. José Villavicencio, senador titular del partido opositor Unidad Nacional, declaró inmediatamente después de la aprobación que el gobierno ofreció 100 mil dólares a su suplente Abraham Cuéllar (uno de los que votó) a cambio de su apoyo –aunque admitió que no tenía manera de probarlo. El senador Roger Pinto hizo luego una acusación similar contra su suplente Andrés Heredia Guzmán, asegurando que un día antes de la sesión Heredia le había informado que el propio vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera le había ofrecido dinero por su apoyo. Según Pinto, Heredia le dijo que había rechazado la oferta y le informó que el día siguiente (el día que, gracias a su voto, se aprobó la reforma) regresaba a Brasil, donde el senador suplente radica temporalmente.

Ni Pinto ni Villavicencio presentaron pruebas para sustentar estas serias acusaciones y cabe la posibilidad –claro está– de que, soliviantados por la ira que seguramente provocó en ellos la maniobra, ambos senadores hayan exagerado, distorsionado o incluso inventado lo que dijeron sus suplentes antes de la sesión. Pero así se echen a un lado estas acusaciones es sospechoso que Heredia retornara de Brasil sólo para votar a favor de la reforma sin siquiera comunicárselo a su titular –que seguramente, de haber sabido lo que iba a hacer el suplente, se hubiese presentado él mismo en el Senado para votar contra la ley. También es sospechoso que por ese voto, y sin nada a cambio, Heredia Guzmán estuviese dispuesto a romper para siempre con Podemos, la fuerza opositora a la cual pertenece. ¿Lo hizo porque creía profundamente en la reforma a la ley de tierras? Quizá, pero no hay nada en su pasado que sustente esta hipótesis.

Otro problema con lo que ocurrió ese día es que se violentó el reglamento de debate del Congreso. Este reglamento establece que sólo puede asumir el cargo un senador suplente cuando el titular lo habilita expresamente o cuando pide licencia. Ninguno de estas condiciones se dio, lo cual significa que, si se respeta el Estado de Derecho como en los países civilizados, esa sesión y las leyes aprobadas esa noche deberían ser anuladas. Además, otro incidente pone en tela de juicio la validez de esa sesión. El senador titular Roger Pinto, cuando se enteró de que habían reiniciado las sesiones en el Senado y de que su suplente estaba allí, corrió al Congreso para inhabilitar automáticamente a Heredia con su presencia, pero la policía no lo dejó entrar, según él “por órdenes de arriba.”

Las agencias de noticias internacionales prácticamente ignoraron esta artimaña. Los focos más bien fueron las protestas, las masivas huelgas de hambre y esa “revolucionaria” reforma agraria que, venciendo la resistencia de esa “elite de descendencia europea” que por tantos años ha gobernado Bolivia, promete acabar con el latifundio y repartir la tierra ociosa entre los más necesitados (no mencionan, por supuesto, que los campesinos con tierra son el grupo social más pobre de Bolivia, ni los mediocres resultados de la ley de tierras que Chávez implementó en Venezuela en 2001). Este enfoque es un grave error porque, independientemente de los que se piense de la reforma, los actos de corrupción deben denunciarse siempre, vengan de donde vengan. En ese sentido Evo se beneficia de ser un líder indígena. Sospecho que, de haber venido la maniobra del gobierno de un Tuto Quiroga o de un Gonzalo Sánchez de Lozada, ésta no hubiese sido ignorada. Pero como se trata de un indígena, un “buen salvaje” –diría Rangel– que a diferencia del blanco europeo colonizador y explotador es incapaz de actos de corrupción o de abusos de poder, estos corresponsales no se preocupan siquiera por indagar si se respeto el reglamento de debates del Congreso, menos aún si hubo sobornos.

Nunca me tragué el cuento de que Evo Morales estaba moderando su agenda radical, porque desde hacía ya tiempo venía dando señales de no entender o de rechazar la democracia vista como un sistema de contrapesos que busca limitar el poder además de representar la volunta popular. Morales ve ciertas instituciones como obstáculos que, si las circunstancias lo exigen, deben ser ignorados. Si el Senado no quiere pasar la reforma a la ley agraria, amenaza con pasarla por decreto o con convocar protestas, o peor aún, manda “grupos de choque” (la versión boliviana de los círculos bolivarianos venezolanos) para intimidar a sus opositores. O, si eso no le funciona, la aprueba mediante sobornos o mecanismos de dudosa legalidad, siguiendo el ejemplo de algunos de esos ex gobernantes y congresistas que son objeto de sus más duras críticas. Es decir: el Senado está allí sólo para aprobar sus proyectos. Y sus proyectos, por supuesto, representan los intereses del pueblo.

Evo, además, ha sido desde el día que asumió el mando un ejemplo emblemático del demagogo latinoamericano. Su discurso es mesiánico y polarizador, en el sentido de que busca cambios radicales, crea falsas ilusiones y fustiga constantemente a los “enemigos del pueblo” para movilizar votos. Para Morales, como para Chávez, estos enemigos son las oligarquías locales y el imperio norteamericano, a los que trata peligrosamente como entidades monolíticas y a los que, como todo “buen revolucionario,” achaca la culpa del subdesarrollo en el que su país está hundido. Su gobierno concentra más energías en atacar y transferir culpas a estos enemigos que en analizar objetivamente que se hizo mal en el pasado para no repetirlo.

Hace poco se celebró el trigésimo aniversario de la publicación de “Del buen salvaje al buen revolucionario,” esa hermosa obra de Carlos Rangel que explora acuciosamente las causas del atraso latinoamericano. En este libro –que está repleto de brillantes observaciones que siguen siendo hoy día muy pertinentes– Rangel denuncia nuestra tendencia inmemorial a culpar al mundo exterior de nuestros fracasos y de creer apasionadamente en el nocivo mito de la revolución –mito porque nuestras incontables revoluciones no han hecho más que perpetuar los males que arrastramos desde tiempos precolombinos. En sociedades desmemoriadas como las nuestras, donde “buenos revolucionarios” como Evo, Chávez y Humala gozan de una alta popularidad, este libro debería ser lectura obligatoria.