Un camino difícil, pero cierto
El régimen de Maduro no ha entendido el significado de su derrota electoral, el pasado 14 de abril. Insisten en la violencia de calle y en la Asamblea, en las chocantes cadenas y en los montajes y mentiras que la inmensa mayoría de los venezolanos rechaza con firmeza.
No han entendido que la auditoria que exigen los venezolanos, en base al artículo 236 de la Ley de Procesos Electorales, no es una simple solicitud al órgano electoral para que se realice una “verificación de todos aquellos recursos materiales, tecnológicos (…) que garanticen la transparencia y la confiabilidad” del proceso; sino que esa auditoría es parte del derecho que tenemos los ciudadanos de elegir nuestras autoridades, consagrado en la Declaración de Derechos Humanos de 1948 y en la Convención Americana de Derechos Humanos (art.23-b) que precisan que todos gozamos del “derecho de votar y ser elegidos en elecciones periódicas autenticas (…) que garantice la libre expresión de la voluntad popular…”
No quieren aceptar que los venezolanos tenemos el derecho a vivir en democracia, entendida ésta como el único espacio en el que se pueden ejercer plenamente los derechos humanos. Menos quieren aceptar que los elementos esenciales de la democracia son, entre otros, el respeto por esos derechos y de las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio de conformidad con el imperio de la ley, la celebración de elecciones periódicas, libres y justas por sufragio universal y por voto secreto como expresión de la voluntad de la población, la separación de poderes y la independencia del poder judicial.
Insiste el régimen de Maduro en ignorar que la democracia es un derecho humano colectivo que genera responsabilidades a unos y a otros. Adentro, los gobiernos deben garantizar su ejercicio pleno, respetando el orden jurídico; afuera, la comunidad internacional, los gobiernos, las instituciones y la misma sociedad civil deben exigir el respeto pleno de la democracia tal como lo prescribe en forma muy clara la Carta Democrática Interamericana, un compromiso jurídico asumido por los Estados de la región no para protegerse mutuamente, sino para garantizar a los ciudadanos su derecho a vivir en un régimen de libertades.
Para la mayoría de los venezolanos, hay un camino lo que el régimen se niega también a aceptar. La impugnación que ha planteado la Unidad Democrática al Tribunal Supremo de Justicia es parte de ese derecho y como tal debe ser respetado. El tribunal deberá responder oportuna y adecuadamente acerca de esa solicitud, lo que no es fácil, dada su constitución y la dependencia del Ejecutivo que ha mostrado siempre. Ello, sin embargo, y así deberá también entenderlo el régimen de Maduro, no cerraría el tema pues al agotar los recursos internos, se abre la posibilidad de gestiones ante los órganos internacionales regionales y universales competentes, no solamente los encargados de la protección de los derechos humanos, sino los políticos facultados para conocer las cuestiones relativas a la paz y la seguridad interna e internacional.
Las decisiones de los órganos internacionales deberán ser respetadas por Venezuela y en consecuencia se tendrían que organizar lo antes posible nuevas elecciones presidenciales, evidentemente, bajo nuevas condiciones y con observación internacional imparcial.
La comunidad internacional deberá ejercer sus legítimas influencias para garantizar las decisiones de los órganos internacionales y el cumplimiento del orden jurídico, sin descartar sanciones que garanticen la protección de los ciudadanos que en definitiva es lo realmente fundamental. Un estado de ilegitimidad y de confrontación pondría en peligro el disfrute pleno de los derechos de los ciudadanos y con ello la paz interna nunca exenta de consecuencias internacionales. Ojala el régimen entienda que no se trata de una «injerencia externa», sino de una «intervención legitima» que exigen las nuevas realidades.
