Ningún Ecuatoriano fue Víctima del Bombardeo Colombiano Y la OEA Comprobó que el Campamento de las FARC tenía meses allí
Adicionalmente; las fuerzas armadas y la policía nacional de Colombia, estaban en su lado de la frontera Colombia-Ecuador, cuando decidieron bombardear a alias Raúl Reyes.
Para ñapa—después de conocido el bombardeo colombiano—las autoridades civiles y militares ecuatorianas, demoraron días para llegar al lugar de los hechos. Entonces… ¿Quién tiene sus fronteras desguarnecidas? ¿Colombia o Ecuador? A estos hechos comprobados e innegables, deben añadirse que Gustavo Larrea; Ministro ecuatoriano de Seguridad Interior y Exterior, confirmó en declaraciones suyas, que se había reunido con el terrorista y narcotraficante; alias Raúl Reyes—sin el previo conocimiento del gobierno colombiano. Y por ello hay que esperar ansiosamente el dictamen de los expertos de Interpol, que determinarán si el contenido de las computadoras incautadas a los irregulares colombianos—en territorio ecuatoriano—contienen registros electrónicos auténticos; es decir, no fabricados—para conocer cuales eran las verdaderas relaciones entre las FARC y el Gobierno de Ecuador.
La Wikipedia [http://en.wikipedia.org/wiki/FARC#History], dice: “En 1964, el Bloque Sur se renombró a sí mismo, las ‘Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia’ (FARC). Jacobo Arenas y Manuel Marulanda fueron dos de los fundadores del nuevo grupo guerrillero y se convirtieron en sus dos máximos líderes”; es decir, las FARC llevan ya 44 años de fracasos militares—en su declarado intento de derrocar con el uso de las armas al gobierno democrático de Colombia—la que durante la existencia de las FARC ha logrado pacífica y democráticamente—que el soberano pueblo de Colombia, haya elegido con sus votos, a once (11) presidentes—uno cada cuatro años. Por ello; conforme a los principios del derecho internacional de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, corresponde sólo al legítimo y democrático gobierno de Colombia, decidir cuáles estados y / o instituciones foráneas están autorizadas para intervenir en la pacificación de su país—que pasa por la desmovilización de los grupos alzados en armas—y fijar las condiciones bajo las cuales esa cooperación internacional puede llevarse a cabo; especialmente, cuando esos grupos alzados en armas financian sus actividades terroristas y de ataques a mansalva a las fuerzas armadas colombianas; a la infraestructura de ese país, y se dedican al asesinato de candidatos a puestos de elección popular y de autoridades electas en ejercicio; además de secuestrar y extorsionar a empresarios y a ciudadanos comunes colombianos—y de otras nacionalidades—dedicándose a la producción y comercio internacional de drogas ilícitas. Una muy grave equivocación cometería cualquier gobierno distinto al colombiano, si toma partido a favor de algún grupo colombiano alzado en armas, y a espaldas del gobierno de Colombia, ya que no sólo se estaría inmiscuyendo peligrosamente en un asunto de no es de su incumbencia, y que podría generar nefastas consecuencias para el pueblo del Estado indebidamente involucrado, si Colombia actúa en su legítima defensa tanto de su territorio, como de sus nacionales. No es Colombia quien ha invadido el territorio de la República del Ecuador—sino las FARC—porque sabe que hasta allí no pueden llegar las acciones de las legítimas autoridades colombianas—y esto aparentemente ha estado ocurriendo en los territorios de los demás países limítrofes por tierra con Colombia (Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela). Colombia—especialmente durante los más recientes seis años, ha conducido políticas públicas muy exitosas, que en gran medida han acorralado y arrinconado a las FARC—obligándolas a huir fuera de Colombia—y las repúblicas que son hermanas de sangre: Ecuador, Perú y Venezuela—por ser hijas todas de El Libertador Simón Bolívar, tienen una ineludible obligación de ayudar a Colombia a alcanzar la paz, logrando la definitiva desmovilización de los grupos colombianos alzados en armas—los que si insisten en aspirar a gobernar a su país, están obligados a abandonar la violencia y participar en las contiendas electorales democráticas, para que sea el soberano pueblo de Colombia, quien decida si comparte sus proyectos políticos o no. Todos los países latinoamericanos mencionados, llevan 49 años observando como Fidel Castro convirtió a su país en un estado menesteroso, por seguir las alucinaciones “político-económicas” del pensador alemán Karl Heinrich Marx—y es un incalificable absurdo que pretendan emular sus acciones en este siglo 21.
