EE.UU pide audiencia de prueba para los sobrinos de Cilia Flores

El gobierno de los Estados Unidos pidió a la corte federal convocar a una audiencia de pruebas para demostrar la legalidad de las evidencias que sostienen la acusación contra Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la pareja presidencia de Venezuela, Cilia Flores y Nicolás Maduro.

El gobierno norteamericano sostiene, a través de un memorando sometido a la corte este 22 de julio, que se opone a la moción de las pruebas solicitadas por la defensa de los acusados, entre las que destacan:1)Eliminación de las declaraciones después del arresto; 2)Eliminación de las imágenes, videos, y otras pruebas que muestran la manipulación de un ladrillo de cocaína por parte de los acusados y que los abogados dicen que el gobierno expolió; 3)Al proyecto de ley de particulares que obligaría a la fiscalía a revelar la identidad de los informantes confidenciales que produjeron los materiales de la acusación.

El informe, firmado por el fiscal Preet Bharara, dice que la defensa repite afirmaciones inexactas de un funcionario público venezolano (Cilia Flores) tras la detención de los acusados, señalando que los dos imputados fueron secuestrados. «La petición de los acusados para suprimir sus confesiones se inicia desde una defectuosa primicia de que fueron secuestrados en Haití y proceden con una demanda sin mérito de que fueron obligados posteriormente por agentes de la DEA hacer declaraciones donde se violan sus derechos.»

El Gobierno -dice el informe- solicita respetuosamente una audiencia de prueba a la que se pueda refutar y desmentir esas afirmaciones. La fiscalía establecerá en dicha audiencia que los acusados ​​fueron detenidos en Haití por los agentes de la ley extranjeros que se identificaron al momento del arresto. Los acusados fueron expulsados ​​por el gobierno de Haití y detenido por la DEA, y transportados rápidamente a este distrito en el que se presentaron en el cargo pendientes por comisión de delitos.

Más acusaciones

Asimismo el informe el fiscal Bharara dice que durante el vuelo de Haití a los Estados Unidos, los acusados ​​confesaron haber participado en la conspiración para importar a los Estados Unidos un cargamento de cocaína. Esta confesión se hizo sin coacción y sólo después que los acusados renunciaron a sus derechos Miranda a sabiendas, voluntaria e inteligentemente, y por escrito.

En segundo lugar, -prosigue- los restantes movimientos de los acusados son intentos transparentes del jefe de un gobierno para obtener una previsualización indebida de caso en el juicio a través de solicitudes para que se haga en el descubrimiento elementos a los que no tienen derecho, como por ejemplo, la identificación precoz de los testigos del gobierno y preventivas revelaciones, y el interrogatorio de los testigos potenciales que se usarían en el juicio. Este elemento es innecesario para las audiencias.

El informe señala que el caso de los sobrinos de Cilia Flores es un caso típico y sencillo de tráfico de drogas basado en un delito de conspiración que se alega que ha durado aproximadamente dos meses. El Gobierno es consciente, en cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Artículo 16, Giglio, y Brady.

Bharara asegura que el gobierno reveló, durante la etapa de descubrimiento, informaciones detalladas del caso, proyecto de traducciones, declaraciones juradas de órdenes de registro y otro tipo de informaciones que van más allá de los requisitos de la Regla 16, con lo cual se le ofrece a los acusados información suficiente para prepararse para el juicio y evitar la sorpresa injusta.

Por lo tanto, -sostiene- la solicitud de información adicional hecha por los acusados se debe negar sin una audiencia. «En el otoño de 2015, los acusados ​​Efrain Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores De Freitas y otros, trabajaron juntos para intentar enviar cientos de kilogramos de cocaína desde Venezuela a Honduras, para que la droga fuera importado a los Estados Unidos con la ayuda de supuestos narcotraficantes mexicanos que eran, de hecho, fuentes confidenciales que actúan en la dirección de la DEA.

Continúa argumentando que a finales de octubre de 2015, Campos Flores dijo a dos de las fuentes que estaban presente durante una reunión grabada: «Estamos en guerra con los Estados Unidos.»

Y durante las reuniones grabadas en Venezuela, Honduras y Haití, los acusados ​​discutieron múltiples vías para transportar cocaína a través de aviones privados, en el entendido de que la inequívocamente esa carga de narcóticos terminarían en este país.

En relación con las transacciones que esperaban generar millones de dólares en ingresos. En la reunión sostenida en Honduras el 4 de octubre de 2015, y contrario a los argumentos expresados por los acusados, pero coherente con sus confesiones a los agentes de la DEA, los acusados ​​afirmaron que se iniciaron en las actividades de tráfico de drogas en este caso.

A principios de octubre de 2015, un testigo cooperador en Honduras ( «CW-1») informó a un agente de la DEA con sede en EE.UU. que un hondureño había introducido CW-1 a dos venezolanos que posteriormente fueron identificados como los demandados y que estaban interesados ​​en el envío de aviones cargados de cocaína, con los planes de vuelo de apariencia legítima desde Venezuela a Honduras.

El fiscal señala que las confesiones de los acusados se ​​cumplió con lo establecido en los derechos Miranda para lo cual reconocieron por escrito que declararían de manera voluntaria y que renunciaban a sus derechos establecidos en el documentos que se les leyó y que estaba traducido al español.

Al firmar las formas, cada una acusado reconoció que había leído los derechos mencionados anteriormente, que lo habían entendido y que renunciaban a los mismos de manera voluntaria, en relación a que aceptaron plenamente responder libre y voluntariamente alguna pregunta sin un abogado presente.

Acota que los agentes de la DEA cumplieron con todos los requerimientos Miranda y les informaron sobre sus derecho de manera clara. Por ello, dice el fiscal, en la audiencia se establecerá que los acusados renunciaron a los derechos y que los requerimientos legales fueron ejecutados antes de cualquier cuestionamiento de fondo por la DEA.

Asimismo, el gobierno aclara que el argumento de la defensa, según la cual, las confesiones representan una declaración autoincriminatoria, carece de validez ya que los acusados no fueron ‘obligados’ a declarar sino que fue una elección voluntaria trás haberse ejecutado la renuncia a Miranda.

El Gobierno establecerá en la audiencia de prueba que muchas de las afirmaciones (involuntarias) hechas por Campos Flores y Flores de Freitas en sus confesiones son incompatibles con sus declaraciones anteriores y, que las mismas, no son una base para la supresión bajo el control de la jurisprudencia.

Sostiene el fiscal Bharara que en las declaraciones de los acusados y las pruebas documentales dejan en claro que los imputados ​​son hombres educados y adultos, en buen estado de salud física y mental, y que, en el momento de sus detenciones, disfrutaban de acceso a importantes recursos financieros y de otro tipo.

En concreto, Campo Flores es un abogado de 29 años de edad, no sufre de problemas de salud física o mental y, Flores de Freitas tiene 30 años edad, y asistió a «hasta el cuarto año de la escuela secundaria y no tiene ningún problema de salud física o mental».

Los dos acusados ​​gozaban de grandes privilegios financieros, ya que están relacionados con el Presidente y Primera Dama de Venezuela. Su relación familiar con los miembros de alto rango del gobierno de Venezuela les permitió acceder a prebendas. En relación a ello, vale la pena aclarar que en la declaraciones grabadas de los acusados ​​por CS-1 y CS-2 se muestra que sus su estatus económico es incompatibles con su afirmación hechas por en la Corte según la cual «vivían modestamente en Venezuela» antes de su detención.

Por ejemplo, Campos Flores y Flores de Freitas volaron a Honduras y Haití en jets privados. Además, durante un encuentro ocurrido el 26 de octubre de 2015 en Venezuela y que fue grabada por los informantes, Campo Flores se refirió a su «Ferrari» y declaró haber «ganado diez mil millones de dólares con el petróleo». También confesaron haber ganado dinero desde hace muchos años «, y que» desde que empezamos a ganar dinero nos hemos hecho más llamativos.»

En informe dice que a pesar de que los demandados también alegaron que no se» dedican al negocio del tráfico de drogas», las comunicaciones electrónicas y sus declaraciones registradas durante los encuentros sugieren que la afirmación es falsa.

Por ejemplo, durante la reunión del 26 de de octubre de 2015, se describen las negociaciones que hicieron con los clientes de la droga en Francia con la disputa y donde se presentó una disputa sobre cómo deben hacerse los pagos de la venta del producto,(narcótico) y la recepción de los fondos.

Campo Flores, hijastro de Maduro, confesó en esa misma reunión cuya grabación está en poder de la fiscalía de Nueva York, que estaba negociando unos envíos de droga con algunos franceses y que había discutido con ellos cómo querían pagar un 30 por ciento de la costo del producto y le dije, «bueno, está bien, te pago treinta por ciento del costo».

Mientras que los acusados ​​afirman que su detención en Haití creó una gran cantidad de ansiedad acerca de si estaban siendo secuestrados, vale la pena notar que, por su propia admisión, antes
los acusados ​​confesaron, a los agentes de la DEA habían disipado las dudas en cuanto a qué estaban en custodia y que habían sido acusados de conspirar contra los Estados Unido.

Destaca que el agente especial de la DEA, González fue el encargado de informarles en español el procedimiento que se estaban llevando realizando. De hecho, en el avión que los llevaba de Haití a EEUU se Campos Flores dice que el agente de la DEA «nos mostró a mi primo y a mí un pedazo de papel y nos dijo que era una orden de detención en nuestra contra por parte de los Estados Unidos.»

De hecho, una foto tomada en el momento de la acusados ​transfieren a las autoridades haitianas a la DEA muestra claramente los oficiales haitianos BLTS con uniformes que decían «Policía» y «o» BLTS en el pecho, y un agente que llevaba un DEA chaqueta.

Por otra parte, el gobierno señala que en la audiencia se puede demostrar que para obtener la evidencia no hubo coacción de ningún tipo por parte de la policía, tal como lo afirmaron los acusados en la declaración entregada a la corte por la defensa.

De hecho, despojados de su tono algo sensacionalista y viendo la luz de este caso, en muchas de las alegaciones fundamentales de los acusados ​​no logran establecer cualquier conducta coercitiva por parte de la policía. Por ejemplo, los demandados afirman que los agentes de la DEA les dijeron que enfrentarían cadena perpetua si no cooperaban.

De hecho -dice el informe- en este caso, los acusados enfrentan a una sentencia de por vida por debajo del máximo legal aplicable.
La fiscalía destaca que la advertencias de los agentes federales a la parte demandada no violan los derechos Miranda. Es un hecho que en casos de esta naturaleza los acusados se enfrentan a una sentencia de este tipo y que mediante garantías que ofrece la cooperación las circunstancias podrían mejorar.