Libreros y bibliotecarios presos en Cuba
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“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Artículo No 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
Este artículo fundamental de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se encuentra en desuso en Cuba desde hace 50 años. En el año 2005, el régimen cubano encarceló a 10 bibliotecarios y libreros independientes, sentenciándolos a más de 20 años de prisión. Recordemos que en marzo de 2003, el G-2, la Policía secreta de Castro, detuvo a 75 disidentes, lo que en el mundo se conocería como el caso de los «prisioneros de conciencia»: periodistas, activistas de derechos humanos y de otras organizaciones civiles, incluyendo a 10 bibliotecarios y libreros independientes, a estos últimos bajo el cargo de haber proporcionado acceso a libros censurados por el gobierno y excluidos del sistema de bibliotecas públicas. A los libreros y bibliotecarios, tildados de «subversivos», les aplicaron un juicio sumarísimo al igual que a los otros disidentes donde la mayoría fueron condenados a 20 años de prisión por el delito de «actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado», infracciones penales de la “Ley 88” que data de 1999 (más conocida en Cuba como Ley Mordaza). Durante las incursiones que se sucedieron en éstas y otras bibliotecas los libros fueron confiscados y muchos de ellos quemados.
Como dato curioso, luego de este incidente, una pequeña biblioteca pública fundada en 1902 en Vermillon, un pequeño pueblo de Dakota del Sur, envió una remesa de libros como donación a la biblioteca Dulce María Loynaz de La Habana, que había sido despojada de sus libros y en solidaridad con sus colegas cubanos. Los dos primeros envíos incluyeron las ediciones en Lengua española de “1984”, la utopía totalitaria de George Orwell (1948), que habían sido quemados y una colección de las obras completas de Mark Twain. “Esta señal de solidaridad proveniente de esta pequeña ciudad y su biblioteca, no sólo ha desafiado a Castro, sino que también ha desenmascarado la hipocresía de la Asociación Americana de Bibliotecas Nacionales (The American Library Association), la organización más grande de bibliotecarios del mundo, cuyo consejo directivo no quiso pronunciarse para exigir la liberación de sus colegas cubanos. Amnistía Internacional criticó a la ALA por la cobardía y el haberse dejado manipular por políticos de la izquierda norteamericana que no querían ofender al dictador cubano” (Nat Hentoff, A U.S. Library vs. Fidel. Liberty Beat, 04.02.05).
Las ciudades de París y Estrasburgo adoptaron formalmente a algunas bibliotecas independientes de Cuba dotándolas de nuevos ejemplares. El 15 de diciembre de ese año, la Asociación de Bibliotecarios de Polonia, cuyos miembros habían experimentado la censura soviética en el pasado, exigieron la liberación de los bibliotecarios cubanos independientes y el cese las persecuciones del G-2 a los usuarios de bibliotecas: «Las medidas del gobierno cubano apuntan no sólo contra los bibliotecarios, sino también contra usuarios que habían tenido acceso a esos libros, a medios de comunicación alternativos y a otras publicaciones”, rezaba parte de su remitido. Igualmente se pronunció la Asociación de Bibliotecas de Letonia, alarmados por la quema de libros. Los bibliotecarios y la Asociación de Profesionales de Información de República Checa, instaron a Fidel Castro a respetar el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos humanos, argumentando «el derecho que tiene la gente en cualquier país a buscar, recibir e impartir información e ideas por cualquier medios de comunicación, independientemente de las fronteras». Para los checos significaba un déjà-vu lo sucedido en Cuba, luego de lo vivido en ese país tras la invasión soviética en 1968.
Ante la progresiva ocupación de Venezuela por Cuba propiciada por Chávez, tomando en cuenta lo alarmante de las noticias que circulan últimamente sobre la destrucción y quema de libros en bibliotecas públicas y debido a que la Constitución venezolana es letra muerta, los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de exigir el cumplimiento del artículo No 19 de la Declaración Universal de los Derechos humanos, aunque éste sea considerado subversivo por el gobierno y sus agentes cubanos.
